El exdirector de Hacienda Víctor Bravo se enfrenta a 9 años de cárcel acusado de fraude fiscal

Ambas acusaciones coinciden en sus argumentos. En resumen, denuncian que Bravo ayudó a la empresa Glass Costa Este Salou, de la que era socio, a fingir que su sede fiscal estaba en Gipuzkoa para acogerse a mayores beneficios fiscales que los que obtendría si tributaba en territorio común. El exdirector de Hacienda no estará solo en el banquillo. El administrador de Glass Costa, Fernando Isidoro González Enfedaque, se enfrenta a la misma petición de penas.

El caso salió a la luz pública tras una investigación que capitaneó el entonces Fiscal Jefe de Gipuzkoa, Jaime Goyena, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Hacienda guipuzcoana. Era el año 2009 y suponía el segundo tsunami en la Hacienda foral de Gipuzkoa, cuya credibilidad estaba en tela de juicio tras el fraude de la Hacienda de Irun, que acabó con la condena a diez años del que fuera director de la oficina irundarra, José María Bravo.

Su hermano Víctor era acusado en 2009 de cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia provocó una comisión de investigación en las Juntas que sacó a relucir enormes lagunas en el funcionamiento de la Hacienda foral durante sus 12 años como director, y concluyó declarándole responsable político del caso. De la investigación judicial apenas se supo mucho más. Hasta ahora.

El caso tiene su epicentro en la empresa Glass Costa Este Salou, una sociedad que el empresario Fernando Isidoro González Enfedaque constituyó en 2001 y cuyo objeto principal era la promoción inmobiliaria ligada al sector hostelero y hotelero. Las acusaciones recogen que González Enfedaque controlaba directa e indirectamente el 80,3% de la sociedad, mientras que Víctor Bravo, entonces director de la Hacienda de Gipuzkoa, entró en su capital con una participación directa del 1,65% e indirecta del 7,16%. Según la Fiscalía y la Abogacía del Estado, con el ánimo de acogerse a determinados beneficios fiscales que solo existían en Gipuzkoa, la empresa solicitó a la Hacienda foral acogerse al régimen fiscal de las SPE (Sociedad de Promoción de Empresas), una figura que le fue concedida mediante una orden foral que dependía directamente de la dirección de Hacienda.

Pero para acogerse a ese régimen había que cumplir determinados requisitos. Entre ellos, el más básico, que la empresa fuera guipuzcoana. Para sortearlos, las acusaciones sostienen que la empresa -con sede presuntamente en Cambrils- simuló tener su domicilio fiscal en una asesoría donostiarra, mientras que González Enfedaque y su mujer fingían establecer su residencia física en una de las viviendas de Bravo.

A partir de ahí, la Abogacía del Estado lo tiene claro. Según mantiene en su escrito de acusación, Bravo, el único como director de Hacienda que podía autorizar a una empresa la concesión del régimen de las SPE, avaló en 2002 la orden foral que acreditaba ese estatu quo. Según la Abogacía, lo hizo sin abstenerse, pese a su condición de socio y director de Hacienda. No solo eso. Las Juntas concluyeron en 2010 que Bravo tampoco informó a sus superiores de su condición de socio, ni Hacienda comprobó previamente si la empresa cumplía los requisitos.

Según la Abogacía del Estado, el objetivo de Glass Costa de trasladar ficticiamente su sede fiscal a Gipuzkoa era doble: aprovecharse de las grandes ventajas fiscales y eludir la función inspectora de la Agencia Tributaria del Estado. Según la Hacienda española, la sociedad de González Enfedaque y Bravo efectuó -siempre fuera de Gipuzkoa- diversas operaciones de reestructuración empresarial «carentes de todo tipo de motivo económico, además de compraventas inmobiliarias a precios irreales o falsos, con la única finalidad de reducir los impuestos a pagar».

Según los cálculos de la Agencia Tributaria, Glass Costa habría defraudado 922.613 euros en 2003, un total de 441.547 euros en 2004 y 469.875 euros en 2006, lo que supone un total de 1.834.036 euros. Por todo ello, la Fiscalía reclama para ambos acusados seis años de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública -dos por cada delito-, una multa de 2,7 millones de euros para cada uno y una indemnización conjunta y solidaria a la Hacienda foral de casi 1,4 millones de euros.

Por su parte, la Abogacía del Estado pide para Bravo y González Enfedaque 9 años de cárcel, una multa de 3,6 millones (el doble de la cuota defraudada) y una indemnización conjunta de 1,8 millones, lo que podría suponer el pago para cada acusado de 4,5 millones de euros.

Fuentes jurídicas consultadas que siguen el caso advierten, no obstante, de que las penas podrían quedar reducidas al servir como atenuante las dilaciones indebidas que ha sufrido la instrucción, que se remonta al año 2009.