Gipuzkoa recibe 71.222 peticiones de rectificación de mutualistas que pagaron de más

Fuentes del ente foral sostienen que esta nueva cifra de reclamaciones «son un dato vivo» puesto que continúan recibiendo solicitudes de rectificación del IRPF de los ejercicios no prescritos. Conviene recalcar que estas 71.222 reclamaciones no tienen por qué resolverse a favor del pensionista.

Fue en el Consejo Vasco de Finanzas de este pasado martes cuando la diputada general, Eider Mendoza, anunció que, hasta la fecha, el fisco foral ha ingresado a estos afectados 211 millones, y quedan por abonar alrededor de 46 millones, cifra que se conoció en el CVF. En total, devolverá 257 millones. Gipuzkoa es el territorio que más ha pisado el acelerador a la hora de tramitar estas minoraciones, y lleva la delantera a los dos territorios vecinos. La diputación de Álava prevé devolver este año 100 millones, y la de Bizkaia, 400. En total, el impacto de los mutualistas a las arcas vascas este año asciende hasta los 800 millones.

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Fue también a finales del mes de julio cuando el fisco foral anunció que ya había ejecutado la devolución del 70% de las reclamaciones de jubilados por los cuatro ejercicios no prescritos (de 2019 a 2022), con un monto total que ascendió a 145,4 millones de euros para un total de 46.000 pensionistas, que se añadieron a los 59 millones devueltos por el mismo concepto, correspondientes a 2023, en la finalizada campaña de la Renta.No obstante, esta cifra de peticiones por los ejercicios no prescritos sigue aumentado con el paso de los meses. La Hacienda foral se ha comprometido a resolver estas peticiones antes de que finalice el año.

Las sentencias del Tribunal Supremo del año pasado, dirigidas en principio a la banca pero extendidas a numerosos sectores, establecen que en el caso de los pensionistas que realizaron aportaciones a mutualidades laborales hasta el 31 de diciembre de 1978, se estaría produciendo una doble imposición ya que esa cotización no la podían reducir en su base imponible del IRPF. Por ello, el juez establece que la parte de la pensión correspondiente a las aportaciones a mutualidades realizadas hasta el 31 de diciembre de 1966 no tiene que integrarse en la declaración, es decir, se reduce al 100% y la parte de la pensión correspondiente a las aportaciones a mutualidades realizadas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978 tiene que integrarse al 75%, o lo que es lo mismo, reducirse en un 25%. Como regla general el Supremo estableció que ese 25% quedara libre de impuestos.

En lo que respecta a los ejercicios no prescritos (2019-2022), las personas afectadas todavía están a tiempo para reclamar, salvo los del ejercicio de 2019, ya que la fecha para reclamar prescribió a finales del pasado julio. La Hacienda foral todavía trabaja en saber el número final de mutualistas afectados este año.