Los arrendadores tendrán deducciones fiscales de hasta el 50% si alquilan en zonas tensionadas

En esta línea, la nueva revisión fiscal, que cabe recordar que en Gipuzkoa necesitará del apoyo de parte de la oposición para que salga adelante, prevé que los ingresos del arrendador o propietario se imputen en la base general, y que los gastos deducibles para éstos se eleven al 30%. Un porcentaje que irá hasta el 50% si el gestor del alquiler es una administración pública (por ejemplo en el marco del programa Alokabide) o la vivienda está en una zona tensionada, zonas de municipios donde se ha disparado en cinco años el precio del alquiler o supone para el inquilino más de un 30% de sus ingresos medios, según expuso este lunes tarde la diputada foral de Hacienda, Itziar Agirre.

La de este lunes fue la primera presentación en las Juntas Generales de la reforma fiscal acordada entre PNV y PSE, de manera coordinada con las diputaciones de Álava y Bizkaia, que también hicieron lo propio. Una comparecencia inédita para escenificar la «armonización» entre los tres territorios históricos. Cabe subrayar que si bien es cierto que la diputada desveló este lunes varias de las cuestiones y ajustes fiscales más importantes de la nueva norma, el anteproyecto será presentado al detalle la semana que viene.

En cualquier caso, la nueva norma fiscal también prevé un aumento considerable de deducciones e incentivos fiscales en el caso de las personas que quieran entrar en un piso de alquiler. Para empezar, la diputada foral de Hacienda anunció que el umbral de edad para acceder a deducciones por alquiler o compra de vivienda dirigidas al colectivo joven se eleva hasta los 36 años. A título general, la deducción general de los gastos para alquiler seguirá siendo de un 20%, con un tope de 1.600 euros al año. Pero este grupo podrá deducirse entre un 30% y un 35%. El trato fiscal se hace especialmente ventajoso para los jóvenes menores de 36 años, con una deducción del 35% y un límite anual que se duplica hasta los 2.800 euros.

La nueva reforma fiscal también propone la ampliación de la cuenta de ahorra de vivienda de 6 a 10 años para los jóvenes, con el objetivo de que este colectivo tenga más tiempo para ahorrar la entrada para una vivienda; suprime el límite máximo de 8.500 euros de inversión de adquisición de vivienda durante el primer año, y se permite la aplicación de deducciones generadas y no aplicadas durante los siguiente cinco ejercicio.

Para la compra de vivienda, se mantiene el crédito fiscal por contribuyente de 36.000 euros y las deducciones en general: un 18% con un tope de 1.530 euros anual. Las condiciones más ventajosas -una deducción del 23% y un tope de 1.950- que tenían familias numerosas, llegarán también a jóvenes de hasta 36 años, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género.

Además, tal y como publicó este periódico en la edición del pasado sábado, las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava prevén en su reforma fiscal que la deducción por la compra de vivienda habitual pase a estar limitada en la reforma global de impuestos que preparan las diputaciones vascas. El crédito fiscal de 36.000 euros del que actualmente goza cada contribuyente ya no será universal, sino que estará condicionado al nivel de renta, hasta los 85.000 euros de base liquidable (unos cien mil euros de renta), tal y como especificó este lunes el grupo socialista. A partir de esa cifra no tendrán derecho a ningún tipo de deducciones. El objetivo es excluir de esa ayuda a los ciudadanos con mayores ingresos. Eso sí, los cambios no afectarán a quienes ya se están beneficiando del actual modelo y sólo se aplicará a las nuevas adquisiciones. El objetivo es movilizar ese ahorro para políticas que fomenten el alquiler.

Por otra parte, con el objetivo de renovar el «envejecido» parque inmobiliario, la reforma fiscal prevé permitir que la persona propietaria de una vivienda pueda practicar la deducción por rehabilitación de vivienda protegida, como en el caso de las obras de accesibilidad, siempre que se destine a «arrendamiento de vivienda habitual».

El anteproyecto de norma foral al completo será presentado la semana que viene. Cabe recordar, además, que la coalición entre jeltzales y socialistas sólo goza de mayoría en Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa y Álava los grupos junteros deben buscar apoyo en la oposición, bien sea en EH Bildu, PP o Elkarrekin Podemos.

Sobre la futura negociación, la diputada foral explicó a este periódico tras comparecer en la comisión de las Juntas Generales que «la soberanía es de las Juntas Generales, y recae sobre ellas la decisión de que la norma salga adelante o no», aunque mostró su confianza en que los grupos junteros realicen las mismas propuestas tanto en la Diputación de Gipuzkoa como en la de Álava. «Depende de cada grupo, pero desde EH Bildu sí que hemos notado que intentaran acercar propuestas en las dos cámaras», señaló Agirre tras la comparecencia en la comisión de las Juntas Generales de este lunes.

Diferentes grupos junteros, como Elkarrekin Podemos, mostraron su preocupación por el hecho de que la «armonización» de la revisión fiscal no pueda ser posible por la falta de apoyos, y mencionaron la posibilidad de que en una cámara se propongan unas enmiendas y en otra cámara, otras. El PP subrayó en esta línea que «Gipuzkoa presenta ciertas particularidades en su tejido económico que quizás Bizkaia y Álava no tienen, y no nos ha parecido escuchar ninguna medida específica para Gipuzkoa».

EH Bildu consideró positiva la coordinación entre las tres diputaciones para presentar la nueva reforma fiscal, aunque reprochó a la diputada que no se produjeran más reuniones entre los dos grupos nacionalistas vascos para tratar la «revisión fiscal». El otro socio del gobierno foral, el PSE, defendió que esta reforma fiscal «pone en el centro a las personas, además de que progresa en fiscalidad verde e igualdad».