Garbiñe Biurrun: «El Gobierno tenía que haber aclarado ya si el despido por Covid es nulo o improcedente»

-¿Cómo afronta su tercer mandato?

-Nunca es lo mismo. Las circunstancias cambian mucho y en este nuevo mandato que inicio ahora hay retos importantes para nuestra jurisdicción.

-La digitalización es uno de ellos.

-Primero hay que seguir manteniendo el nivel, pero a la vez seguir adaptándonos a los nuevos tiempos, que tendrían que estar aquí, pero no lo están, como es el de crear y adaptarnos a la digitalización de la justicia en Euskadi. Es un reto enorme, porque va a implicar mucha colaboración. Primero desde el Gobierno Vasco... Ya hemos empezado a reunirnos. Y también hay que formar a todo el personal .

-¿Y qué plazos se marcan para el proceso de digitalización? La justicia vasca es una de las más retrasadas al respecto.

-La más, seguramente. Sin paliativos. La puesta en marcha de la primera fase, que será experimental, se prevé para 2023.

-¿La pandemia ha puesto aún más en evidencia ese retraso?

-En el confinamiento duro, de marzo a junio, fue realmente visible, porque compañeros de otras salas deliberaban telemáticamente teniendo cada uno el expediente digital. Nosotros lo tenemos que hacer teniendo solo uno el expediente, y a veces ni eso porque estaba en papel... Ha sido terrible. Tenemos también un gran retraso en otro tema que se ha visto en el confinamiento, que se podían registrar electrónicamente los escritos y los recursos, pero no los de inicio -una demanda-. Así como hace ocho o diez años Euskadi estaba en el top en temas informáticos, después se ha caído de la lista. Con la pandemia se ha visibilizado el desastre en la falta de digitalización.

-¿Cuánto ha crecido la carga de trabajo con el Covid?

-En Gipuzkoa y Álava muy poco. En los cinco primeros meses del año, veinte asuntos más que en el mismo periodo de 2019. Eso puede suponer un 5% más. Pero el año no ha terminado. En Bilbao sí, al menos un 10%, que cuantitativamente es muy grande. Hay que tener en cuenta que en Donostia entraban antes de la pandemia en torno a 700 asuntos al año. En Bilbao por encima de 1.000 y hasta 1.200.

-¿Que casuística es la que más ha crecido con la pandemia?

-Hay que tener en cuenta que los ERE llegan directamente al Superior Vasco, no así los ERTE o los despidos individuales. Los primeros tienen causa básicamente económica y productiva y muchas vinculadas al sector aeronáutico. Hasta ahora han sido de muy grandes empresas: ITTP, Aernnova, Gestamp; ahora tendremos Tubacex. Todos ellos con una media de 100-120 despidos. La mayoría con vinculación a la crisis derivada de la pandemia.

-El fallo de sus sala que consideró nulo y no improcedente el despido de un trabajador de una pyme de Galdakao relacionado con el Covid levantó mucha polvareda.

-La norma en cuestión impide de alguna manera que haya despidos por causas vinculadas al Covid-19. Desde el minuto uno de ese real decreto ley todos los grandes pensadores del derecho del trabajo ya vieron que había un problema. Cuál tenía que ser la calificación de los despidos: nulo o improcedente. Es más, hay un juzgado de Barcelona que ha declarado incluso que es procedente, porque entiende que vulnera la libertad de empresa del tratado fundacional de la UE. La doctrina está muy dividida entre la nulidad y la improcedencia. La doctrina judicial también está dividada, aunque hay una mayor inclinación hacia la improcedencia. Nuestra sala decidió mayoritariamente que era de nulidad.

-¿Se entendieron los argumentos?

- Hay que reprochar al Gobierno que dictó ese real decreto ley que por lo menos viendo el nivel de conflictividad interpretativa que se estaba generando todavía no haya dicho si tiene que ser nulo o improcedente. Corresponde al legislador decidirlo cuando se establece por vez primera una directa prohibición o limitación de despedir. Es llamativo que el legislador, que podría haber sido inocente en un primer momento, no lo haya aclarado después de tanto tiempo.

-¿En qué se basó el fallo?

- Los argumentos eran claros. Se dice que es una norma imperativa, es decir, que impide despedir por esas causas. Además, apunta que se enmarca en la voluntad firme de Gobierno de mantener el empleo, y eso no se hace declarando la improcedencia de los despidos, porque en los improcedentes generalmente se opta por la indemnización y la resolución del contrato. Los despidos que son sin causa o con causas insuficientes se declaran improcedentes, pero aquellos que vulneran los derechos fundamentales se declaran nulos. La sala razonó también que de alguna manera esa obligación de mantenimiento del empleo y su derecho al trabajo casi nos estaba situando en una asimilación a un derecho fundamental.

-¿Va a tener que ser el Supremo el que unifique doctrina?

-Por supuesto, porque ya tiene suficiente contradicción. Nuestra sala ya ha emitido varias sentencias en esa línea; otras salas considerándolo procedente...

-¿Y para cuándo se espera? porque hay preocupación en el ámbito empresarial.

-No sabemos, porque está acumulando retraso y ahora se han generado tres vacantes, que es mucho en una sala de catorce. Pero tiene que dar seguridad y que de ahí en adelante se resuelva de una manera.

-Posteriormente su Sala dictó otra sentencia como la de PCB en la que se anuló el ERE y se obligaba a readmitir a 87 trabajadores justificando que era por motivos Covid, cuando anteriormente la de Aernnova se había admitido. Se ha hablado de posibles contradicciones en las resoluciones de la Sala.

-No hay contradicción en estas resoluciones, porque los hechos valorados son distintos. El criterio de nuestra sala es que en los despidos en los que se ha declarado la nulidad por Etop -Causas económicos, técnicas, organizativas y de producción-, vinculados o derivados de la situación del Covid son nulos. Incluso aunque ya viniendo de atrás ha sido el Covid el que lo ha agudizado y teniendo antes causa para despedir no lo ha hecho, hemos considerado que la epidema ha sido determinante. En la aplicación de ese artículo no va a haber fisuras en la Sala.

-Además de los ERE están llegando casos de ERTE, ¿de qué tipo?

- La casuística es muy variada, pero por ejemplo se ha tenido que discutir mucho en lo que respecta a las concesionarias de las administraciones. Otro caso que ha sido objeto de debate es el famoso permiso retribuído recuperable, que se dio en torno la Semana Santa del año pasado. Había que determinar si la actividad era realmente esencial y si no siéndolo toda podría serlo una parte.