UGT pedirá al Gobierno que Policía y Guardia Civil realicen también inspecciones de trabajo

Y es que Álvarez, pese a admitir que tiene «grandes esperanzas» en este plan, denuncia que no se puede esperar a que la Administración convoque nuevas plazas para la inspección del trabajo, ya que se trata de un «proceso lento». En este sentido, pone de relieve que en la última oferta de empleo público de este ámbito un 50% de las vacantes quedaron desiertas, algo que se ha repetido en las convocatorias de los últimos diez años, bien porque el examen está por encima de lo que sería razonable, bien porque el sueldo no seduce a los posibles candidatos.

Ante esta situación de saturación, UGT ve imposible poner en marcha las visitas 'sorpresa' de inspectores a las empresas en horarios nocturnos, fines de semana o festivos, ya que no se cuenta con los efectivos suficientes ni hay posibilidad de conseguirlos en el corto plazo. Y es que en la actualidad los empresarios se sienten protegidos puesto que saben que no va a acudir a su negocio un inspector en fin de semana, ya que tan solo hay profesionales de guardia para cubrir casos excepcionales, como son los accidentes laborales, advierte Álvarez. «Hay que terminar con esa situación de impunidad que se está viviendo en nuestro país», denuncia.

El sindicato considera además que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debería nombrar a un inspector de referencia en cada provincia para velar por el cumplimiento del Plan y UGT se ofrece a que sea un delegado territorial.

El borrador del Plan Director presentado por el Gobierno ya recoge que los inspectores contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque sin especificar en qué consistirá. Además, para reforzar este colectivo, una de las medidas que incluye son ofertas de empleo para 2018, 2019 y 2020 por encima del 100% de la tasa de reposición para permitir un incremento neto y sostenido de efectivos. A su vez, explica que se realizarán acciones destinadas a incrementar el número de opositores para inspectores y subinspectores, principalmente en las universidades, así como revisarán el sistema de acceso, a efectos de adaptarlo a los nuevos modelos de estudio y aprendizaje.

Y es que el Ejecutivo admite en dicho documento que, pese a que se han agudizado los problemas del mercado laboral, el número de inspectores y subinspectores se ha mantenido prácticamente estable, pues la plantilla total en enero de 2010 era de 1.854 y al inicio de junio de 2018, de 1.850. Junto al aumento del colectivo, la idea del Gobierno también es potenciar su dotación presupuestaria para conseguir los objetivos y que tenga los efectos deseados. Y, para ello, pretende incluir que el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social tenga una partida propia en los Presupuestos Generales para 2019.

Pero ésta no es la única demanda de UGT, que también pide acabar con otros elementos que incentivan la precariedad laboral y que emanan de la legislación española. Así, está de acuerdo con la intención del Gobierno de modificar determinados aspectos del Estatuto de los Trabajadores, más concretamente el hecho de obligar a registrar diariamente la hora de entrada y salida de cada trabajador, de tal manera que si un inspector acude a una empresa, sepa perfectamente si el empleado está dentro de su horario o fuera de su jornada, algo que ahora no es posible saber.

Por último, el sindicato exige al Ejecutivo que en los casos en que se demuestre que un empresario tiene a un trabajador en una situación contractual fraudulenta, no se limite a obligarle a convertir el contrato temporal en indefinido, sino que además el despido en los dos próximos años sea declarado nulo, puesto que en ocasiones les hacen fijos para echarles seis meses después, ya que la indemnización que tienen que abonar es «ridícula», denuncia Álvarez.

El Gobierno pretende dar un paso más y no se conforma con que el buzón que puso en marcha en 2013 la exministra de Empleo, Fátima Báñez, se utilice solo para recabar denuncias contra el fraude laboral, sino que quiere «adaptar la orientación del mismo» para que los ciudadanos también puedan informar de forma totalmente anónima de «cualquier situación que pueda representar un caso de explotación laboral». Así lo recoge el borrador del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020.

En este documento se comprometen a implementar las modificaciones necesarias para que este buzón refleje los comportamientos habituales que implican precarización y explotación laboral, pero especialmente todos los casos de discriminación ya sea en el acceso al empleo o en el propio trabajo, así como en el salario por razón de género. De esta manera, pasará a denominarse 'Buzón de Lucha contra la Explotación Laboral', que pretende alzarse como «una mayor fuente de información» para que, tras su análisis, pueda ser utilizada en la planificación de las actuaciones inspectoras.

Y es que los ciudadanos también han contribuido en los avances en la lucha contra el fraude. En concreto, gracias al mencionado buzón electrónico los inspectores han realizado desde 2013 más de 30.000 actuaciones y han aflorado 11.500 empleos irregulares, con datos a cierre de 2017. Esto ha permitido recaudar más de 11 millones de euros. Por eso ya el Ministerio de Báñez se planteó también ampliar esta herramienta a otras materias, como así hará el nuevo Ejecutivo.