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A. Algaba
Miércoles, 16 de marzo 2022
El Gobierno anunció ayer lo que la gran mayoría de los ciudadanos deseaba escuchar. Que bajará la luz, el gas y la gasolina en el decreto que tiene previsto aprobar el 29 de marzo, haya o no consenso en el Consejo de Europa de la ... próxima semana. Así lo señaló el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al encuentro que mantuvo en el Congreso con el PP, el primero de los partidos con el que se reunió ayer en el marco de la ronda de contactos que inició para explorar medidas de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.
Bolaños subrayó que el Ejecutivo es «plenamente consciente» de lo que está costando llenar el depósito de gasolina, pagar la factura de la luz y mantener las casas calientes en el país. «Y, por eso, lo que hará el Gobierno será bajar el precio» a esos tres servicios, indicó, de la mano de los socios europeos y espera que también del resto de fuerzas políticas. En todo caso, quiso dejar claro que haya o no consenso a nivel europeo en esta materia, el Gobierno apostará por una bajada que será «inmediata y sencilla» para los hogares, las empresas y los autónomos españoles.
Poco antes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que se están estudiando «diferentes alternativas ante la fuerte subida del precio de los carburantes, y ahora debe decidir si opta por bajar la fiscalidad o dar ayudas» en función de cuál de estas medidas tiene un mayor rendimiento.
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El PP, Ciudadanos y Vox coinciden en que es preciso acometer una reducción de impuestos, especialmente los que gravan los hidrocarburos, deflactar la tarifa del IRPF (para impedir que los ciudadanos tengan que pagar más pese a haber visto reducido su poder adquisitivo por la inflación desbocada) y congelar todas las subidas previstas. Insisten, además, en que ni siquiera hay que esperar al día 29 para dar ese paso. «Ayer ya era tarde», defendió la portavoz popular, Cuca Gamarra, en la sesión de control.
En el Gobierno restan importancia a la cuestión fiscal. Félix Bolaños ni siquiera la mencionó en su cita con el PP y en una comparecencia posterior afirmó que lo que se están barajando son «desde ayudas directas del Estado a establecer topes de precios o incluso un precio único».
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El Gobierno no descarta una rebaja de impuestos que se sume a la que ya aplicó a la factura de la luz (la reducción del IVA al 10%, del tipo impositivo del impuesto especial sobre la electricidad al 0'5% y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica; medidas que la semana pasada decidió prorrogar hasta el 30 de junio). Se comprometió a hablarlo en la Conferencia de Presidentes y el propio Sánchez dijo el lunes que «va a estar» en ese debate. Pero ayer, uno tras otro, distintos miembros del Ejecutivo enfriaron las expectativas creadas en torno a esa cuestión.
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Julio Díaz de Alda
La decisión se toma después de que los precios de la energía comiencen a ser inasumibles para muchas familias y también para algunas empresas, que en algunos casos han tenido que parar su producción por el elevado coste de la electricidad y en otros, como en el caso de los transportistas, han recurrido a la huelga en protesta por los altos precios de los combustibles.
Y es que la luz tocó techo la semana pasada en plena guerra entre Rusia y Ucrania con los precios del megavatio por encima de los 500 euros. Y los combustibles acumulan solo este año aumentos de más de un 20%, unos 30 céntimos por litro. Eso ha puesto tanto la gasolina como el gasóleo por encima de los dos euros, unos precios récord nunca vistos.
Esta decisión del Gobierno español para tratar de reducir la factura en los tres suministros energéticos más importantes para la población llega días después de que el Gobierno de Francia ya anunciara que tomará medidas para que a partir de abril se reduzca el precio de las gasolinas en su territorio. El primer ministro francés, Jean Castex, anunció una rebaja de 15 céntimos en el litro de combustible a partir del próximo 1 de abril.
En el encuentro que mantuvo el PNV con el Gobierno trasladó el grito de auxilio de los empresarios vascos, que el martes alertaron de una afección «brutal» por el impacto de los costes energéticos. Los diputados jeltzales Aitor Esteban e Idoia Sagastizabal exigieron al ministro de la Presidencia y a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, un paquete de medidas urgentes para evitar «paradas, cierres y deslocalizaciones». El PNV lamentó que el Gobierno siga sin concretar los pasos a dar y «solo ha trasladado los principales ejes del plan».
Ambas partes se comprometieron a mantener las conversaciones e intercambiar propuestas e información durante las próximas dos semanas. Precisamente, Sagastizabal había aprovechado su intervención en la sesión de control al Gobierno, celebrada horas antes, para reclamar una política industrial «firme y decidida». La diputada jeltzale propuso reducir el precio de los peajes, permitir cambios de potencia eléctrica e, incluso, modificar las tarifas de acceso o implementar un coste especial nocturno. En definitiva, medidas que no necesitarían la aprobación de Bruselas, que sigue siendo reacia a ir más lejos y, como viene solicitando el Gobierno al resto de socios europeos, desacoplar el precio del gas del mercado eléctrico.
En un escenario en el que varias de las principales industrias electrointensivas vascas han tenido que parar o, cuando menos, medir al milímetro su actividad para no tener que producir a pérdidas por el elevado coste de la energía, y con el escenario de Ucrania cada día más complicado, ayer Bruselas envió un soplo de aire fresco a la industria en un gesto que, además, permite anclarla en el territorio y evitar cualquier fuga.
La Comisión Europea aprobó, con arreglo a las normas sobre ayudas de Estado, un régimen presentado por España para compensar parcialmente a las empresas con un elevado consumo de energía por el aumento de los precios de la electricidad resultante de los costes de las emisiones indirectas en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.
La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de Competencia, dijo: «Este régimen, de 2.900 millones de euros, permite a España reducir el riesgo de que las industrias con un elevado consumo energético trasladen la producción a lugares con objetivos climáticos menos ambiciosos que los de la UE».
«Al mismo tiempo, promoverá una descarbonización rentable de la economía, en línea con los objetivos del Pacto Verde y que protege la competencia en el mercado único», añadió.
El programa cubrirá parte del aumento de los precios de la electricidad derivado del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad (denominados 'costes de emisiones indirectas') asumidos entre 2021 y 2030. La medida de apoyo, insistió la Comisión, «tiene por objeto reducir el riesgo de 'fuga de carbono'», o deslocalización.
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