El recurso vasco a la ley de Vivienda enfrenta al PNV con la izquierda en plena precampaña

El recurso del Gobierno Vasco a la ley estatal de Vivienda ha alterado bruscamente la precampaña electoral vasca al tensionar el eje PNV-PSE e incorporar el duelo ideológico izquierda-derecha en el debate de los comicios autonómicos convocados el 21 de abril. El recurso -que cuenta con el aval de los recursos jurídicos del Ejecutivo- se sustenta en la tesis de que la normativa estatal vulnera las competencias autonómicas.Según una nota facilitada a primera hora de la tarde de este domingo, el Gobierno Vasco ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley estatal 20/20023 por el derecho a la vivienda después de agotarse el plazo previo de negociación con el Gobierno español sin que se haya alcanzado un acuerdo.

El comunicado señala que el Ejecutivo autónomo, «ha agotado todas las posibilidades de negociación y ha planteado al Estado un acuerdo interpretativo para reconocer las competencias vascas en esta materia» y para que su orientación «no prevaleciera sobre la regulación autonómica».

Según la nota, «el Estado ha rechazado toda posibilidad de acuerdo» e insiste que ha abocado al Gobierno Vasco a interponer el recurso «por vulneración de competencias en materia de vivienda, por lo que solicitará una sentencia al Constitucional que anule la ley estatal en las partes recurridas».

Según informa el departamento de Gobernanza y Autogobierno, se han recurrido siete artículos de la ley estatal, una disposición final, siete transitorias y una adicional. La 'almendra' del recurso es que se cree que la ley pone en cuestión la capacidad de Euskadi para legislar en materia de vivienda.

El asunto ya provocó un desencuentro hace unos meses entre los consejeros del PNV y los del PSE ya que los segundos defienden la necesidad de la iniciativa legislativa. Desde EH Bildu también se respalda esta propuesta por entender que es un primer paso para abordar medidas de choque contra la carestía de la vivienda y topar el precio de los alquileres de los grandes tenedores en determinadas zonas saturadas, con tarifas altas, que deben ser declaradas por los ayuntamientos.

Sin embargo, el PNV ha rechazado esta ley que considera «una agresión sin precedentes al autogobierno». De entrada porque cree que vulnera el Estatuto, pero también porque teme que la aplicación de la ley no sea suficientemente eficaz para frenar los precios. Desde su punto de vista, hay que huir de planteamientos demagógicos e ideologizados que responden a un eje muy simplista en el debate y que, además, carecen de la más elemental seguridad jurídica.

El PNV, además, introduce un elemento en la precampaña que le permite distanciarse del Partido Socialista en un contexto en el que el denominado caso Koldo, de presunta corrupción por la existencia de cobro de comisiones en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, salpica al exministro de José Luis Ábalos y abre un flanco de desgaste al PSOE.

En todo caso, los recelos del PNV por la política del Gobierno de coalición PSOE-Sumar no son tampoco nuevos y hunden sus raíces en la pasada legislatura. Los jeltzales quieren mantener una estrategia más autónoma en una cuestión tan sensible, que amenaza con convertirse en uno de los ejes de la campaña electoral y que se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas.

Este mismo domingo, los candidatos marcaron criterio en relación con el problema de la vivienda aunque lo hicieron en los actos celebrados por la mañana con anterioridad a conocerse la presentación del recurso de inconstitucionalidad. El candidato jeltzale a lehendakari, Imanol Pradales, puso como ejemplo de la política en materia de vivienda la operación urbanística que se plantea en los cuarteles de Loiola de San Sebastián, una vez sean desalojados por las Fuerzas Armadas tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento de San Sebastián. Para Pradales, este pacto, que supondrá la construcción de 1.500 viviendas, puede ser un elemento clave para amortiguar la carestía de la vivienda en la capital donostiarra y en la comarca de Donostialdea, y constituye un ejemplo de negociación y de trabajo responsable liderado por el PNV hace meses, en el que cualquier avance tiene que verse blindado por la mayor seguridad jurídica.

Desde EH Bildu, sin embargo, se hace una lectura diferente a la del PNV ya que no se comparte la tesis que justifica el recurso de inconstitucionalidad que, en su opinión, se asemeja a una maniobra de distracción para ocultar el alineamiento de los jeltzales en las posiciones más conservadoras en un debate de profundo impacto social, que sobre todo afecta va los más jóvenes, y tanto con alquileres abusivos que no bajan de 1.000 euros mensuales como con cargas hipotecarias que devoran más de la mitad de los ingresos de cualquier familia. El Partido Socialista -que en la última legislatura ha gestionado el área de Vivienda con Iñaki Arriola al frente del departamento- piensa cerrar filas en torno a la ley en cuya gestación libró un intenso debate ideológico con Unidas Podemos.

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