La acusada «sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal, pero busca en cada momento lo mejor para ella»

Ayer la psiquiatra que la examinó en abril de 2021 y que completó su diagnóstico de trastorno límite de la personalidad trazó las líneas sobre cómo es la enfermedad y cómo puede ser la conducta de la acusada y este miércoles han intervenido la psicóloga que trabaja en la cárcel exclusivamente de mujeres en la que la procesada estuvo «alrededor de año y medio interna», la psiquiatra de Osakidetza que la trató en 2016 y 2018, casi cuatro y dos años antes de los hechos, y la psicóloga de la Fundación Matia que realizó en 2019 un dictamen propuesta sobre la discapacidad del 78% que sufría la acusada.

A diferencia de la psiquiatra de ayer, que recibió la petición de examinarla después de los hechos por parte de la abogada de la mujer, estas tres psicólogas y psiquiatras realizaron sus informes independientemente al caso que se está juzgando en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa en el que el Ministerio Fiscal pide prisión permanente revisable para los dos acusados.

La procesada ingresó en la cárcel de Alcalá Meco de Madrid, exclusivamente de mujeres, después de que en la de Álava pidieran el traslado porque «mantenía relaciones tóxicas con otras personas reclusas y para evitar problemas mayores», ha explicado la psicóloga de la prisión madrileña. Después de un año y medio allí fue trasladada de nuevo a una de León y actualmente está en Gasteiz. Inició su internamiento de prisión provisional en Martutene.

Sobre ella ha descrito que «tenía dificultad para las relaciones interpersonales y presentaba una alta vulnerabilidad. Tenía relación de dependencia con otras internas y necesitaba que alguien estuviera pendiente de ella, que sintiera esa protección y amor en un ambiente como el de una cárcel que no es sano, es tóxico». Gozaba de una pensión y de dinero, «lo que provocaba que tuviera relaciones instrumentales con las otras reclusas para comprar en el economato o lograr tabaco».

En la línea de la psiquiatra del anterior día, ha subrayado que «no tenía habilidades para la resolución de problemas y sí dificultades para aprender de la experiencia». Recibió sanciones disciplinarias por abandonar el módulo para visitar a otras reclusas de otro módulo de la cárcel sin avisar a los funcionarios. Ante esas sanciones, «entendía lo que había hecho, pero no era consecuente y lo volvía a hacer. Sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal, pero busca lo que en ese momento es lo mejor para ella».

Preguntada por la defensa del acusado si tenía un medicamento y un seguimiento por parte de los profesionales, ha asentido. «Su trabajo era más individual, y además de la medicación psiquiátrica recibía un tratamiento más individualizado porque en las sesiones grupales no era capaz de trabajar».

El acusado, que sigue atento el juicio y suele hacer anotaciones en los papeles de su abogada, ha escrito algo e inmediatamente después la letrada, mirando lo que había escrito su cliente, ha preguntado a la psicóloga, que ha declarado por videollamada, si era cierto que había estado en un régimen de aislamiento en la cárcel de Madrid. «Es cierto», ha respondido. «Es la sanción más grave y aunque no es lo más adecuado para ella, sí sirve para restablecer el orden del resto y garantiza la seguridad y el bienestar de los demás y también de ella».

La psiquiatra que elaboró dos informes sobre el estado mental de la acusada en marzo de 2016 y en noviembre de 2018 ha indicado que la procesada «buscaba el afecto a todo riesgo, ella misma se colocaba en situaciones de mucho riesgo sin ser consciente de ello. Me relató que habría sufrido situaciones de maltrato», algo que a pesar de no haberlo presenciado, lo recibió como algo «verosímil» porque «salía muy perjudicada de las relaciones». En el segundo informe, el de 2018, ha apuntado que el diagnóstico era «grave» y que «no era consciente de todas las dificultades que ella tenía. Era un caso potente y grave».

En relación a la falta de planificación y de analizar las consecuencias que tenían los hechos que realizaba y que mencionó la especialista de ayer, la de este miércoles ha remarcado que la acusada «no tiene pérdida de contacto con la realidad, pero sí déficit reflexivo».

Las visitas de la acusada a las consultas venían de las peticiones de terceros, como servicios sociales por ejemplo, que «les alarmaba mucho su situación. Venía y dejaba de venir, no se le veía muy implicada pero no era consciente de la alarma que estaba generando a su alrededor». Sobre la medicación que siguió en un diagnóstico de «cronicidad» ha transmitido que «la medicación no elimina el trastorno, tan solo puede atenuar alguna dimensión sintomática».

Por último, ha testificado la psicóloga de la Fundación Matia que se encargó de la valoración de discapacidad de la acusada en diciembre de 2018, aunque el informe fue redactado en 2019. «Vino con una trabajadora social y para este proceso es necesario tener un informe previo de un especialista, y en base a eso hacemos un dictamen propuesta de reconocimiento de la discapacidad». En dicho informe el porcentaje de discapacidad de la acusada fue reconocido de un 78%.

Mañana jueves comparecerán los dos últimos peritos y se presentarán las pruebas documentales. Después está previsto que declaren los acusados, aunque tampoco es descartable que lo hagan el viernes si se hace tarde con lo agendado en el día.