Una asociación ultra es la que ha recurrido la venta de los cuarteles de San Sebastián

Es el tercer obstáculo de importancia con que se topa la operación urbanística donostiarra, después de que un recurso presentado por Vox fuera estimado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que obligó por sentencia –recurrida en casación ante el Tribunal Supremo– al Ayuntamiento a proteger urbanísticamente en la normativa municipal los dos edificios militares principales.

El gobierno municipal donostiarra tiene este martes previsto, en la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local, «dejar en suspenso» la eficacia de una estipulación del convenio suscrito en diciembre pasado para comprar los terrenos de los cuarteles militares de Loiola por 73,3 millones de euros.

En concreto, lo que se suspende es la estipulación quinta de ese acuerdo que fija el 18 de junio –después se prorrogó dos meses hasta al 18 de agosto– como plazo máximo para la firma de las escrituras para materializar la compraventa. Con este movimiento, el Ayuntamiento evita que el convenio con el Ministerio de Defensa decaiga dentro de dos semanas, lo que exigiría aprobar un nuevo convenio para materializar el traspaso de las 17,3 hectáreas de terreno junto al Urumea, algo prolijo desde el punto de vista de los procedimientos administrativos. Donostia no quiere demorar más la compra de los cuarteles, pero mantiene la prudencia para no lanzarse a una piscina sin agua.

Ayuntamiento y Defensa tienen dos chinas en el zapato para consumar la cesión de las parcelas, donde está previsto edificar un nuevo barrio de al menos 1.500 viviendas. La primera es la decisión del Servicio Provincial de Costas de pasar de 20 a 100 metros la servidumbre de protección urbanística en la margen derecha del río Urumea a la altura de los cuarteles, una vez que estos han dejado de estar afectos a la Defensa Nacional.

Tanto Defensa como la administración municipal han presentado alegaciones contra esta decisión porque esas parcelas son terrenos urbanos a todos los efectos desde hace décadas y no se les puede aplicar la servidumbre pretendida por Costas, una posición, la del Ayuntamiento y del Ministerio de Defensa, que cuenta incluso con un informe foral favorable. En el Ayuntamiento esperan que Costas resuelva la cuestión en las próximas semanas, aunque este servicio tiene hipotéticamente 24 meses de plazo para responder a las alegaciones.

La segunda cuestión que inquieta al gobierno municipal es una impugnación presentada en la Audiencia Nacional contra el convenio de compraventa. Lo único que se conoce de momento es que la ha presentado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, un colectivo ultraderechista cuyo objetivo confesado es paralizar cualquier decisión derivada de la «dañina y revanchista» Ley de Memoria Histórica y defender «el patrimonio histórico español frente a todo tipo de ataques doctrinarios», según indica en su página web.

Este colectivo surgió en 2002 y fue presentada en el Casino Militar de Madrid, con el apoyo de colectivos como la Fundación Nacional Francisco Franco. Entre otras decisiones se ha caracterizado por sus iniciativas para evitar la resignificación del Valle de los Caídos, lugar para el que ha pedido a la Comunidad de Madrid su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

El Ayuntamiento no dispone aún del contenido del recurso contencioso-administrativo presentado por esta asociación en la Audiencia Nacional y que ha sido admitido a trámite y designado como procedimiento ordinario 230/2024. Precisamente, la falta de información sobre esta impugnación y la dificultad de valorar las consecuencias que puede tener este recurso sobre el acuerdo con el Ministerio de Defensa han llevado al gobierno municipal a suspender temporalmente el convenio para evitar que expire el día 18.

El dictamen que este martes se aprobará en la Junta de Gobierno indica que «resulta necesario suspender de mutuo acuerdo la eficacia de la estipulación quinta del acuerdo de 18 de diciembre de 2023 hasta que se resuelva el expediente de rectificación de la línea de deslinde y hasta que se conozca el contenido de la demanda que se presentará en el procedimiento ordinario de la Audiencia Nacional 230/2024». Una vez que se despejen ambas incógnitas, el Ayuntamiento comunicará a la otra parte «en el plazo máximo de un mes» su «voluntad de continuar o no» con la adquisición de los cuarteles militares de Loiola.