Goia confía en que en septiembre se pueda volver a activar la compra de los cuarteles

«No soy adivino», indicó Goia, pero confió en que a lo largo del próximo mes Costas resuelva las alegaciones y las acepte de tal forma que los terrenos de los cuarteles mantengan la servidumbre de 20 metros respecto del río donde no se podrá construir a futuro porque es con esa franja de protección con la que se han hecho las previsiones y las negociaciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Vivienda. En todo caso, juzgó como «incomprensible» que Costas, un organismo de la Administración General del Estado, pueda llegar a condicionar de esta forma una operación acordada, primero, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y luego negociada y pactada con el Ministerio de Defensa. Si la franja de protección se multiplicase por cinco como resultaría de la decisión adoptada por Costas, la edificabilidad de esos terrenos sería mucho menor y por tanto el precio de la compraventa variaría sustancialmente. El resultado de todo es que el barrio pretendido se quedaría en la mitad y que Defensa cobraría mucho menos por una compraventa que, quizás, por todo ello se desbarataría.

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Respecto al recurso contencioso-administrativo interpuesto en la Audiencia Nacional por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Goia reiteró que el Ayuntamiento aún desconoce su contenido, pero espera aclararlo también en las próximas semanas. Consideró esta impugnación «un obstáculo más», pero de menor enjundia que la decisión de Costas porque parece ser que «ataca el convenio (con Defensa), no otras cuestiones» sobre el fondo de la operación urbanística. Enmarcó este recurso de un colectivo de inspiración ultraderechista contrario a la Ley de Memoria Histórica como «un nuevo intento de bombardeo desde los tribunales» de decisiones políticas. «Parece ser que se ha puesto de moda (el utilizar procedimiento judiciales para anular decisiones políticas) y es muy perjudicial». Se le recordó que un recurso de Vox ya obligó por sentencia a proteger dos de los edificios de los cuarteles de Loiola y el alcalde explicó que «esa decisión judicial condicionó (la operación) pero no la hizo imposible. No era algo crítico (para construir las 1.500 viviendas) y por eso decidimos seguir adelante», como también ahora lo van a hacer.