Primera condena a 15 años de cárcel para el violador en serie de Gipuzkoa

La sentencia de este martes a la que ha tenido acceso este periódico, impone una condena de 12 años de prisión por el delito de agresión sexual con alevosía, a los que se añaden otros 3 años por un delito de lesiones. Por contra, el acusado ha sido absuelto de un delito de detención ilegal, por el que la Fiscalía y la acusación particular reclamaban seis años adicionales. Los 15 años a los que ha sido condenado en primera instancia -la sentencia se puede recurrir ante el TSJPV- son inferiores a la pena total de 24 años que solicitaban el Ministerio Fiscal y la defensa de la víctima.

Además de las penas de cárcel, se condena a G. G. C. a libertad vigilada durante diez años -que se ejecutará con posterioridad a la pena de cárcel- y deberá indemnizar a la víctima con 17.448 euros en concepto de responsabilidad civil, además de con 40.000 euros más por las lesiones psíquicas causadas. A ello deberá añadir 1.382 euros por las lesiones físicas, entre ellas, la escisión del himen de la víctima, que tenía 21 años cuando se cometieron los hechos y también es de origen rumano. La indemnización total que deberá afrontar el condenado asciende a 58.830 euros. También deberá hacer frente a las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

La sentencia recoge unos hechos probados en los que determina que el condenado se hizo con las llaves del portal en el que residía la víctima y esperó a que esta saliera de su piso para ir a trabajar de madrugada para dormirla con un pañuelo impregnado en cloroformo y agredirla sexualmente. Este caso propició la detención del hombre siete días después en Lazkao tras la obtención de su ADN a partir de unos restos de saliva que dejó en la cuchara de un restaurante al que fue a cenar con su familia -en el momento de los hechos estaba casado y es padre de dos hijos-. Investigaciones posteriores de la Ertzaintza permitieron vincular al condenado con varios delitos similares por toda Gipuzkoa. De uno de ellos, el de la agresión sexual a una joven en Lasarte-Oria en 2015, también fue juzgado por la Audiencia de Gipuzkoa el pasado febrero y se mantiene a la espera de sentencia.

El juicio por la violación cometida en Beasain en 2019 comenzó el pasado 24 de enero en la Audiencia de Gipuzkoa y se prolongó hasta el 1 de febrero. El acusado reconoció en él que todas las pruebas apuntaban hacia su autoría, aunque aseguró no recordar nada de aquella noche porque se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas. El tribunal no acepta esta atenuante y califica su conducta aquella noche de «absolutamente planificada», ya que se desplazó con un vehículo desde Usurbil, donde en teoría estaba trabajando, hasta Beasain en un corto espacio de tiempo, lo que no es «compatible» con estar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Además, el tribunal incorpora la alevosía al delito de agresión sexual porque «el acusado conocía que la testigo se hallaba sola en su domicilio de Beasain, pudo conocer los horarios de su trabajo en la panadería» -porque el violador trabajaba con el hermano de la víctima, que residía con ella pero estaba de vacaciones en Rumanía y, además, es tío de una compañera de trabajo de la joven y esperó en el rellano del piso de la víctima, «vestido de negro», hasta que esta abrió la puerta y pudo colocarle el pañuelo impregnado en cloroformo para dejarla sin conocimiento. Lo que dejó a la víctima «en una situación de desamparo». Esa agravante lleva al tribunal a imponer la condena máxima de 12 años por agresión sexual.

Sin embargo, la sentencia rechaza la petición de pena de la Fiscalía y la acusación particular por un delito de detención ilegal, por la que solicitaban seis años más de cárcel. En este caso, el fallo estima que «la privación de libertad no tuvo otra finalidad que la de atentar contra la libertad sexual de la víctima y solo duró el tiempo necesario para conseguir ese fin (...), por lo que no puede hablarse de delito de detención ilegal».

En lo que respecta a la agresión sexual, el fallo señala que la penetración vaginal queda acreditada y la enmarca en «una unidad de acto y un único delito».