Bildu utilizó un informe «lleno de errores» para acusar al PNV de fraude por Bidegi

En su acusación, el equipo que encabezaban Garitano y la entonces diputada de Infraestructuras y Movilidad, Larraitz Ugarte (hoy directora de Comunicación de EH Bildu), señalaba que se había pagado más de lo debido por la ejecución de la obra en el tramo Arlaban-Eskoriatza Norte. En concreto, 17 millones de euros por dos actuaciones que la formación abertzale entendía constitutivas de delito: una liquidación presuntamente 'extra' a Álava por la construcción de la parte del túnel de Arlaban en ese territorio, y un desfase de 8 millones de euros entre la cantidad de fibra de acero y hormigón utilizados y el pago final realizado.

Por ello el entonces director técnico de Bidegi, Agustín Zugasti; el director de obra, José Manuel Vacas; y el representante de la empresa constructora (la UTE Arlaban), Juan Francisco García, se enfrentaban a los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y encubrimientos. Otras dos trabajadoras de Bidegi, una ingeniera y una administrativa, también acusadas inicialmente, fueron eximidas en 2016.

En un auto fechado el 25 de agosto y al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada Claudia Núñez Andrés desmonta ambas acusaciones y concluye que «no ha podido determinarse, ni siquiera indiciariamente, si efectivamente fue o no defraudada una cierta cantidad presupuestaria».

No solo eso. La resolución afea con dureza las pruebas presentadas por la acusación, que en última instancia había quedado limitada a solo cuatro exjunteros de Bildu como acusación popular: Jon Albizu, Iban Asenjo, Judit García e Inko Iriarte. Tanto la Fiscalía como la Diputación (ya gobernada por la coalición PNV-PSE) solicitaron el sobreseimiento del caso en el año 2021.

En su escrito, la magistrada no ahorra calificativos para desacreditar el informe elaborado por la ingeniería Ingeotyc que sirvió como base de la querella. A lo largo de las siete páginas en las que justifica su decisión, habla de «numerosas incongruencias» en un informe «repleto de errores», y concede mayor veracidad al contrainforme presentado por la propia Diputación en 2016 (ya dirigida por el peneuvista Markel Olano), que además de lo anterior apuntaba a «omisiones intencionadas» en las mediciones del hormigón proyectado y «manipulación» de determinados valores.

La jueza incluso recuerda que «los propios técnicos de Ingeotyc reconocieron en su declaración que no analizaron la última certificación ni la liquidación provisional correspondiente al tramo de Álava del túnel de Arlaban», dos elementos claves.

Por todo ello, decreta el sobreseimiento provisional de la causa. Contra la resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y de apelación en cinco días.

El caso Bidegi fue uno de los dos grandes focos de enfrentamiento entre PNV y Bildu durante los años que la formación abertzale gobernó la Diputación (2011-2015) y los siguientes. El otro fue la gestión de las basuras, con la decisión de Bildu de paralizar la construcción de la incineradora de Zubieta y la implantación del puerta a puerta.

El caso se inició en 2013 cuando Garitano y Ugarte comienzan a extender la sospecha de supuestas irregularidades en las obras de construcción de la AP-1, abierta al tráfico en 2009 y cuya liquidación final se produjo en 2011.

Tras un periodo de duras acusaciones, en noviembre de 2014 la Diputación presenta una primera querella por presuntas irregularidades por valor de 3,4 millones por trabajos no realizados y señala a miembros del PNV y el PSE. Esta causa está aún abierta.

En marzo de 2015 se crea una comisión de investigación en las Juntas Generales, que acaba señalando al exdiputado general Markel Olano y al exdiputado de Infraestructuras Viarias y hoy alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, como responsables políticos. Ambos comparecieron en la comisión a escasos dos meses de unas elecciones forales y municipales.

En mayo de ese año, la Diputación presenta una segunda querella, tres días antes de que comience la campaña electoral que desalojó a Bildu del Gobierno foral. Es la ahora archivada. Durante la instrucción del caso, Goia declaró como testigo el 13 de septiembre de 2019 en una de las imágenes de un proceso de ocho años que ha terminado quedando en nada.