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Tras varias jornadas sin poder acceder a la sala de vistas donde está siendo juzgado Kote Cabezudo, el fotógrafo donostiarra acusado de numerosos delitos contra la intimidad y la libertad sexual de 16 modelos, ayer se volvió a permitir el acceso al público y ... a los medios de comunicación para escuchar el testimonio de los dos agentes de la Ertzaintza que participaron en el registro de la casa del acusado en 2014. Ambos aseguraron que el acusado «colaboró activamente» durante el mismo. Se llevaron tres discos duros negros de gran tamaño, que se exhibieron en la sala, aunque no requisaron algunos monitores que había en la vivienda. Por otro lado, no llegaron a registrar el que fuera el estudio fotográfico de Cabezudo porque este les dijo que «estaba abandonado, o vacío, o que no estaba en uso», no supieron especificar los agentes.
A preguntas de las partes, los ertzainas explicaron que en la orden de registro, además del domicilio particular del acusado, constaba también el de un local situado en el barrio de El Antiguo de Donostia y que «en su día había sido utilizado como estudio» por el fotógrafo. Cuando Cabezudo les dijo que ese local «estaba abandonado o vacío», el letrado de la administración de Justicia que acompañó a los agentes al registro del domicilio se puso en contacto con el juzgado de Instrucción número 4 de Donostia, encargado de la investigación del caso Cabezudo, y «dijeron que no se hiciera ese segundo registro», según uno de los ertzainas.
Ambos agentes, adscritos a la comisaría de la Ertzaintza de Donostia, afirmaron que el fotógrafo «no puso ninguna pega. Cuando le presentamos la orden habló con su abogado y nos facilitó el acceso, colaboró para que recogiéramos el material. También nos indicó dónde había álbumes con fotografías de chicas».
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Las partes les preguntaron si la orden de registro se centraba en recoger material de seis modelos en concreto y la acusación particular cuestionó si el acusado trató de extraer material sobre esas mujeres para evitar que se llevasen todos los dispositivos. Los agentes admitieron que no recuerdan este extremo, pero que «si hubiera sido así, como no sabíamos nada de este asunto, nos hubiésemos llevado todo, como hicimos».
El fiscal, Jorge Bermúdez, por su parte, insistió en si había en la casa «alguna torre de ordenador», lo cual negaron en varias ocasiones. El fiscal explicó que era importante aclarar ese extremo, y señaló al tribunal que existe «una contradicción» entre la declaración de los agentes y el acta de registro, en la cual se especifica que los discos duros se extrajeron de los ordenadores, si bien los ertzainas confirmaron que los encontraron «a la vista, donde los aparatos electrónicos» y que no los extrajeron de ningún otro dispositivo. También negaron que los conectaran para comprobar el material que había en su interior.
Sobre los monitores hallados en el domicilio, «de marca Apple» que no fueron requisados, uno de los agentes interrogados dijo que «en esos momentos no tenía conocimiento si ese tipo de monitores podían almacenar datos».
Antes que los agentes declararon ayer dos víctimas, si bien lo hicieron a puerta cerrada, como ha ocurrido hasta ahora con todas las denunciantes y también con los testigos. Se ha hecho así a petición del abogado de la acusación particular, que representa a 14 mujeres, con el pretexto de preservar su intimidad. No obstante, el magistrado Augusto Maeso ya advirtió el martes de que están «en el límite de la puerta cerrada» en cuando a los testigos, y que su intención es que el resto del juicio, que acogerá las pruebas periciales, se celebre a puerta abierta. La sesión de hoy contará con las declaraciones de varios testigos propuestos por la acusación particular.
El juicio contra Kote Cabezudo comenzó el pasado 7 de marzo y hasta el momento solo se había podido escuchar la declaración del acusado, que negó todos los hechos que se le imputan. El fotógrafo, en prisión preventiva desde 2018, se enfrenta a una petición fiscal de 121 años de prisión. La Fiscalía de Gipuzkoa le considera responsable de 32 delitos de diversa índole cometidos sobre 16 víctimas: contra la intimidad y la integridad moral, abusos y agresión sexual, estafa, corrupción de menores y pornografía infantil.
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