Los primeros positivos de personal no vacunado abren un nuevo frente en las residencias

Si bien la respuesta de las trabajadoras ante la vacunación ha sido por lo general positiva, alrededor del 20% no se ha protegido frente al SARS-CoV-2, o lo que es lo mismo, dos de cada diez empleadas han rechazado hacer uso del fármaco de Pfizer/Biontech para luchar contra el Covid. Los motivos aducidos son diversos, y van desde aquellas personas que no pueden inocularse por alergias severas, patologías graves que lo impiden o embarazo y lactancia, hasta quienes se muestran escépticas a la vacuna alegando la rapidez con la que se ha desarrollado y prefieren no ponerse ninguna dosis por ahora. También hay un grupo de personas que ha decidido no vacunarse porque ya han pasado la enfermedad y, de momento, tienen anticuerpos. Cuanto más amplio es el abanico, mayores son las posibilidades de contagios.

Sea como fuere, estos primeros positivos entre el personal no vacunado ponen en jaque a las residencias, ampliando el riesgo de expansión del virus, que sigue presente pese a la inmunización general de las personas mayores. Una vez finalizada la campaña, que terminó en su totalidad el viernes con el suministro de la segunda dosis en Txara 1 (Donostia), las autoridades tienen que afrontar este tipo de nuevas situaciones tras plantearse el debate de nuevo si debería o no ser obligatoria la inmunización en estos centros, especialmente sensibles.

La vacunación es una decisión voluntaria tanto para usuarios como para trabajadoras, si bien en el caso de las residencias implica un riesgo mayor por ser un colectivo más vulnerable. Las tres olas ya pasadas antes de la inmunización se han llevado la vida, desde el pasado marzo, de 322 personas en los geriátricos del territorio.

Llegados a este punto, resultaría conveniente que las instituciones competentes elaboren de manera urgente un plan para gestionar estas situaciones. Si bien el 'no' a la vacuna es minoritario entre las trabajadoras, abre un nuevo escenario por el riesgo que implica. Incluso puede plantear dudas legales. «Podría ser obligatorio inocularse, aunque no debería», explicó en una entrevista a este periódico Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España y uno de los expertos que ha ayudado a confeccionar el plan de vacunación. Es decir, «legalmente hay bases suficientes para que ante una situación de necesidad lo fuera».

A comienzos de año, por primera vez en España, un juez obligó a vacunar a una anciana incapacitada en un centro de Santiago de Compostela a pesar de la oposición de su hija. Unos días después se conoció otro caso similar en Sevilla. Un juez autorizó la inoculación de una mujer de 86 años tras la negativa de su hijo. Según el auto, esta última no tenía «capacidad para adoptar una decisión que afecte a su salud», aunque también reconoce que no existe «una obligación legal de vacunación». De todas formas, todos son casos relacionados con personas dependientes que, al parecer, no estaban en condiciones de decidir por ellas mismas.

La realidad entre el colectivo de trabajadoras es diferente. Sin ir más lejos, la propia Organización Mundial de la Salud se ha posicionado en contra de la obligatoriedad de la vacuna. Una persona con autonomía decide sobre sí misma, independientemente de que «éticamente hay personas que por su profesión están obligados a vacunarse», en palabras de De Montalvo, como pueden ser las empleadas de estos recursos. Llegados a este punto, el debate está servido.

A la espera de cómo evolucionen los positivos entre las empleadas de los geriátricos -desde marzo ha habido trabajadoras contagiadas en todos los centros de Gipuzkoa-, las medidas como la sectorización, uso de los equipos de protección individual (EPI) o el continuo lavado de manos no se van a relajar. ¿Pero estos procedimientos son suficientes en unos recursos en los que el contacto es inevitable? ¿Puede organizarse una desescalada de la misma forma en un geriátrico que tiene a todas sus trabajadoras vacunadas y en otro que cuenta con personal sin inocular?

Pese a que la vacunación ya ha empezado a surtir efecto en las residencias, que cada día muestran datos más esperanzadores, el riesgo cero no existe. Seguirá habiendo contagios, pero el riesgo de la enfermedad se ve acentuado mientras haya personas que no están inmunizadas. Según los últimos datos proporcionados por la Diputación, en estos momentos ocho mayores con Covid-19 en los recursos de Gipuzkoa, mientras que siete personas han sido derivadas a los centros de referencia de Ordizia y Eibar, con el objetivo de evitar la expansión del virus en las residencias.

Desde el comienzo de la pandemia, el Departamento de Políticas Sociales ha puesto en marcha diferentes estrategias para impedir que el 'bicho' entrara en estos centros sociosanitarios. Ahora, con solo cinco recursos afectados, la sectorización se mantiene. El objetivo a corto plazo es empezar a relajar las salidas y visitas, es decir, todo lo relacionado con el contacto familiar. Para ello, los geriátricos no podrán contar con ningún brote activo. Los expertos insisten: la vacunación es la única vía para terminar con la cara más fea del virus, aquella que lleva a los enfermos a la UCI o incluso a fallecer.