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Junto a Aintzane Oiarbide compareció en las Juntas Generales el letrado mayor de la Diputación, Juan Ramón Ciprián, quien repasó el recorrido judicial seguido por las dos normas forales sobre peajes anuladas y recalcó que el proceso «no está concluido» y, por tanto, «no está ... dicha la última palabra».
El jurista recordó que hay presentados ante el Supremo sendos incidentes de nulidad contra sus decisiones, al entender la Diputación que el Alto Tribunal debería haber formulado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de pronunciarse sobre esta materia, dado que se trata de la trasposición de una normativa europea y que las propias autoridades comunitarias avalan el peaje de Gipuzkoa.
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Reprochó al Supremo que haber obviado este paso, junto con la inadmisión a trámite del recurso de casación respecto a la segunda norma anulada al entender que ya había sentado doctrina con la primera y que se trataba de la misma cuestión sin analizar a fondo los argumentos del Gobierno foral, «vulneran el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías».
Ciprián valoró que el incidente de nulidad sobre la última providencia del Supremo sí ha sido admitido a trámite, por lo que el contencioso sigue vivo y, con ello, la norma foral que sustenta el peaje en vigor. Por ello respondió a las críticas de la oposición subrayando que «no se ha cobrado ningún canon de forma ilegal porque está amparado por una norma foral aún en vigor».
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