Gipuzkoa extenderá el peaje para camiones a toda la N-I y A-15 para evitar los «tramos discriminatorios»

La primera está descartada desde hace un lustro, desde el momento en que todos los partidos aceptaron y acordaron que Gipuzkoa debe cobrar en todas sus vías de alta capacidad un canon para ayudar a costear el desgaste de una red viaria sobreutilizada por su ubicación geográfica y su carácter transnacional. Antes de la pandemia, en torno a 12.000 camiones circulaban cada día por estas carreteras.

Así que solo quedaba la segunda opción. Aprovechando una comparecencia en las Juntas Generales (el Parlamento provincial) para dar cuenta de las alternativas que maneja la Diputación después de que la Justicia haya tumbado por dos veces el sistema aún vigente, la diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide (PNV), avanzó que, efectivamente, el peaje para camiones se extenderá a todo el trazado de la N-I en el territorio, desde Etzegarate a Irun, y a toda la A-15, desde el ramal que parte de Andoain hacia la frontera, e incorporando también el tramo guipuzcoano de la Autovía de Leitzaran, ahora gratuito. En la actualidad se cobran solo tres tramos (Etzegarate, Andoain y Astigarraga) que suman 16 kilómetros en total.

El cambio no se hará efectivo hasta que el Gobierno foral diseñe un nuevo modelo de peaje y la norma foral que lo sustente sea refrendada por las Juntas Generales. La previsión es que el proceso concluya a finales de año.

La diputada no pudo avanzar más detalles del futuro canon, dado que todavía se está trabajando en sus concreciones. Entre ellas, cuántos pórticos de pago adicionales habrá que colocar, o cúales serán las nuevas tarifas.

Entretanto, mientras se elabora y aprueba la nueva Norma Foral, la Diputación tiene la «firme determinación» de seguir cobrando a los vehículos pesados. Para ello aprobará en los próximos días un Decreto Foral Norma que será de aplicación inmediata. Este decreto dará argumentos al Gobierno foral para mantener el peaje aunque la norma que lo sustenta quede definitivamente derogada con la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de la sentencia que la invalida.

Eso sí, dado que el esquema vigente ha sido declarado ilegal, este canon 'de transición' deberá incorporar algún cambio respecto al actual, como por ejemplo alguna modificación en la longitud de los recorridos sujetos a peaje o en el número de arcos de cobro. La responsable de Carreteras tampoco dio pistas al respecto.

Otra cuestión a dilucidar es si habrá que devolver el dinero cobrado a los transportistas desde 2018. Oiarbide subrayó que la última providencia del Tribunal Supremo no dice que haya que devolver lo cobrado, si bien aseguró que cuando se presente una reclamación se examinará «cada caso particular». Fuentes del departamento remarcaron a este respecto que «hasta la fecha se han presentado muy pocas reclamaciones».

Oiarbide alegó que han sido «los transportistas (con sus recursos) y la Justicia (con sus sentencias) quienes nos obligan a tomar esta decisión». Recordó que lo que está en cuestión no es la existencia de un peaje, sino cómo se ha configurado. «Para dotar de seguridad jurídica plena, no queda otro remedio que extenderlo», insistió.

Defendió que «el Presupuesto de la Diputación es insuficiente y hay que garantizar otras fuentes de financiación para poder mantener como es debido nuestras carreteras. Puede ser a través del pago por uso o mediante la imposición de un nuevo impuesto. Somos partidarios de lo primero, porque nos parece mucho más justo», añadió.

Y concluyó lanzando un recado. «No serán los señores de la patronal de transportistas de España quienes nos digan que 'se acabaron los peajes en Gipuzkoa'. No vamos a tolerar la falta de respeto a la soberanía de los guipuzcoanos a través de la Diputación y las Juntas Generales, que son las que deciden si se ponen peajes o no».