El drama incesante de las víctimas del amianto

Amparo Mínguez aún tiene fresco el recuerdo. Cogió junto a su marido Andrés García Casillas un «panfleto» en el que aparecían los compañeros de trabajo. «Comenzamos a enumerar: este no está, este tampoco, este otro en tratamiento...», cuenta sobre aquel macabro listado. Tenía 75 años y había trabajado en el Blooming, en la que para este hernaniarra era «la mejor empresa de Europa». El pasado mes de noviembre engrosó esa lista de compañeros que han fallecido por culpa de trabajar con amianto. «Quiero dar mi testimonio para que se haga justicia y se sepa que trabajaron como animales para sacar la empresa adelante y por ello enfermaron».

Bajo esta afirmación de Amparo seguramente podrían firmar los familiares de los quince guipuzcoanos que el año pasado fallecieron como consecuencia de haber enfermado por estar en contacto con el amianto en sus puestos de trabajo. El goteo año tras año es incesante y con ello el sufrimiento de los enfermos y sus allegados. La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) registró el año pasado 26 muertes en Euskadi, la cifra más alta desde que llevan realizando este conteo.

Las historias de Pedro Mari Ramírez, José María Ochoa de Alda, Guillermo Barbero o la del propio Andrés García Casillas reflejan un drama al que no se le vislumbra un fin. Euskadi es una comunidad muy golpeada por el amianto. Su pasado industrial y la falta de seguridad en las empresas ante este polvo cancerígeno durante décadas está pasando la factura más elevada. Los trabajadores lo están pagando con sus vidas. El registro de enfermedades profesionales (Cepross) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recoge que durante el año pasado en el Estado se registraron 94 cánceres profesionales, de los cuales 45 fueron en el País Vasco, es decir, el 47,87%. Lejos quedan, por ejemplo, la Comunidad Valenciana con nueve, Madrid con cinco, Asturias con seis o Navarra con uno.

Desde Asviamie hacen hincapié en «la importancia de un movimiento social o sindical, implicado en los trámites para el reconocimiento y visualización del cáncer profesional» para que en Euskadi la concienciación en torno al amianto esté siendo mayor que en las comunidades limítrofes en las que también se ha trabajado rodeado de amianto. Jesús Uzkudun, portavoz de la asociación, advierte de la importancia de estar inscrito en el fichero de trabajadores que probablemente hayan estado en contacto con la sustancia: «Posibilita una vigilancia sanitaria específica y la detección precoz, sobre todo, teniendo en cuenta que una pequeña o antigua exposición es suficiente para que décadas más tarde aparezca la enfermedad».

Como dato del trabajo que han estado haciendo durante estos años recuerda que «en 2012 figurábamos inscritas 5.754 personas por evidencias de exposición laboral al amianto. Tras finalizar 2023, el registro recoge 16.393». Uzkudun contrapone este aumento «por la actividad desarrollada», frente a las empresas que en su opinión «desde el año 84 incumplieron la obligación de notificar a la autoridad laboral el nombre de las empresas y personas que trabajaron en contacto con amianto. El gabinete de Seguridad e Higiene les informó que tenía unos riesgos y que había que tomar una serie de medidas preventivas. No lo hicieron a pesar de que era su obligación, con lo que a muchos trabajadores se les hubiera diagnosticado mucho antes la enfermedad».

Andrés García Casillas era uno de los tantos trabajadores que no estaban inscritos en el fichero: «Se le añadió nada más diagnosticarle la enfermedad. Hubo una falta de comunicación entre los compañeros», lamenta Amparo. Asviamie le está acompañando en este proceso, ahora le han reconocido las prestaciones por enfermedad profesional. Y es que los enfermos de amianto y sus familiares en muchas ocasiones deben hacer frente a una doble condena: el brutal impacto que supone haber enfermado gravemente trabajando y la vía judicial que deben emprender para reclamar una compensación «que es nuestra».

Otro de los aspectos que provocan que la sensación de desamparo de estos enfermos sea de dimensiones colosales es que el periodo de latencia del amianto puede llegar a ser de entre 20 y 30 años. «A diferencia del accidente de trabajo, te mata años más tarde», subraya Uzkudun. José María Ochoa de Alda llevaba más de veinte años jubilado cuando el año pasado murió a los 84 años. «Cuando le hicieron la resonancia, el médico enseguida me preguntó dónde había trabajado mi padre. '¿Me estás diciendo que su enfermedad es por el trabajo?', le pregunté», cuenta ahora sin poder reprimir las lágrimas su hija Amaia. «En el informe salía que tenía asbesto en los pulmones, una palabra que no había oído nunca», recuerda.

Su rabia es aún mayor. La empresa en la que estuvo empleado desde 1964 hasta que se jubiló en 2002 se encuentra en concurso de acreedores. «No tenemos a quién reclamar», señala. Este periodo de latencia tan amplio en muchas ocasiones provoca que las empresas hayan cerrado o hayan pasado de mano en mano y no encuentren a quién reclamar. Para paliar ese déficit el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la creación de una Fondo de Compensación para las víctimas en octubre de 2022. Se dieron un plazo de 90 días para regular «cuestiones cruciales» como las cuantías de las indemnizaciones, las condiciones que se deben cumplir o el procedimiento que deben completar las víctimas para cursar las peticiones.

Pues bien, es enero de 2024 y aún no hay conocimiento de la fecha en la que se pondrá en marcha. «Pedimos que no se burlen de nosotros. Es indecente que la gente que no tiene a quién reclamar se quede sin nada, mientras que otros puedan cobrar 300.000 euros por daños y perjuicios. Es inhumano», denuncia Uzkudun. «Se ha creado un fondo y nos tienen que dar lo que nos pertenece», agrega.

Las víctimas del amianto, una vez que se les diagnostica la enfermedad, ya saben que por desgracia sus vidas tienen una fecha de caducidad. «En agosto nos dieron un plazo de un año, pero mi padre se nos fue en apenas cuatro meses», cuenta Javier Ramírez, hijo de Pedro Mari Ramírez, fallecido a las 79 años de edad. Las cuatro familias que DV ha reunido para poner testimonio al incensaste número de víctimas del amianto tienen un sello común. Además de haber perdido a un familiar, no tienen más que buenas palabras para los médicos y enfermeras que les han tratado: «Las últimas semanas de su vida fueron en hospitalización domiciliaria. Venían médicos y enfermeras a verle, y la verdad es que el trato fue exquisito». Amparo se suma a este aplauso: «Les tendrían que poner un altar. Mi marido le decía al médico que se fuera a darle la paliza a otro», recuerda con cariño la viuda de Andrés García Casillas, que por culpa del amianto ha pasado a formar parte de la macabra lista que tanto les marcó.

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