Las empresas del cártel de autobuses llevan a la justicia la multa impuesta por Competencia

La resolución del expediente sancionador fue emitida por la AVC en diciembre de 2017 y las empresas afectadas disponían de un periodo para poder recurrir las sanciones que iban desde los 277.800 euros a Transportes Pesa, hasta los 3.125,8 euros a Unitravel. Entre medias otras quince compañías de autobuses y la propia asociación Avitrans. Todas ellas han presentado en fecha y forma el correspondiente recurso contencioso-administrativo en el TSJPV, con lo que próximamente el Superior vasco comenzará a remitir un reguero de sentencias con las que se pueda dar carpetazo a este presunto cártel descubierto por Competencia. Quizá con la publicación de la primera de ellas se podrá realizar ya una idea aproximada de cuál será la decisión general del juez, pero hasta entonces tanto las firmas como la AVC prefieren no pronunciarse.

En su día Competencia argumentó que consideraba «acreditado» que un cártel de empresas y una asociación profesional operaban en Gipuzkoa desde «al menos» el año 1998. La investigación llevada a cabo durante 18 meses por instructores de la Autoridad, evidenciaba que las compañías implicadas habían acordado los precios y repartido las rutas de transporte interurbano, urbano, escolar y discrecional.

La resolución en el expediente sancionador de Transporte de Viajeros de Gipuzkoa consideró que estas prácticas habían supuesto «un encarecimiento de los servicios que ofrecían, con el consiguiente perjuicio para los usuarios y un cierre del mercado para otras empresas».

La investigación en la que se basó el expediente sancionador se inició en mayo de 2015, después de que Competencia tuviera conocimiento de una posible infracción en el mercado del transporte de viajeros por carretera, principalmente en Gipuzkoa. El examen detallado de la información resultaba indiciario de una falta de competencia, motivo por el cual el juzgado dictó diversas órdenes de inspección que permitieron finalmente acceder a las empresas y a la asociación, y adquirir las pruebas que confirmaban «la existencia de una infracción continuada desde, al menos, 1988 hasta 2015», advirtieron.

Tras conocer esos primeros indicios de una conducta «anticompetitiva», el organismo abrió una investigación a gran escala y reclamó a la Diputación, a Avitrans y a 25 empresas de transportes «toda clase de datos e informaciones» de las que dispusieran desde el ejercicio 1988 para poder hacer una radiografía exacta de la magnitud de la trama y de los agentes que realmente se beneficiaron durante años de ella. Las instituciones y empresas implicadas dispusieron de un plazo de 18 meses para presentar sus alegaciones y tratar de evitar una sanción millonaria.

La investigación zanjó finalmente en octubre de 2017 que tanto el reparto de mercado como la fijación de precios se consideraban infracciones «muy graves», una circunstancia que se castiga con una multa de hasta el 10% de la facturación de la compañía. Así, la AVC estableció ya en diciembre de ese mismo las sanciones para un total de 17 compañías y la propia Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Gipuzkoa, que ascendieron a un monto total próximo al millón de euros.

La compañía para que se propuso una mayor sanción fue Transportes Pesa, con una multa de 277.800 euros, más que el doble que la segunda, Autocares Aizpurua, que debe responder por un 127.322,55 euros. La suma de ambas compañías representa prácticamente el 40% de la sanción total, lo que muestra que fueron las firmas que mayores réditos obtuvieron del cártel denunciado por Competencia. Las 18 empresas afectadas, confirmaron a DV desde Competencia, han recurrido las sanciones a la justicia vasca.

La investigación de la AVC acreditó que en el seno de Avitrans se «pautaban» las formas de proceder a los asociados con el propósito de que «el precio -de los concursos públicos- alcanzara la cifra acordada». De esta manera, «se repartieron los itinerarios», llegando incluso a establecer «un sistema para ejercer un boicot a las empresas rebeldes al cumplimiento de dichos acuerdos». En algunos casos incluso iban «más allá», hasta el punto de ordenar a las empresas socias que no se presentaran a los concursos, «conminándoles a que los dejen desiertos».

La propia propuesta de resolución de la Autoridad recogía extractos de algunos de los acuerdos alcanzados en el seno de Avitrans, como el alcanzado el 14 de junio de 2001: «Habrá que dejarlos desiertos las veces que sea necesario, así la Administración se verá obligada a negociar directamente con las empresas». El 16 de julio también se reconoce que «todos los importes consignados estaban por debajo de la tarifa del Gobierno Vasco, por lo que se planteó dejar desierto también este nuevo concurso». La sanción de un millón de euros estipulada para este cártel de autobuses supuso la segunda sanción más alta impuesta por Competencia tras el expediente sancionador a las empresas que concurrieron al millonario contrato de los comedores escolares públicos entre 2003 y 2014, que se zanjó con una multa de 18 millones de euros.