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Ninguno de los doce rescatados en helicóptero el domingo por la tarde en las inmediaciones del flysch de Zumaia tendrá que hacer frente ... al pago de una multa. La desinformación y el despiste no están entre los supuestos que acarrean sanción, aunque son el origen de la mayoría de operaciones que requieren un despliegue de recursos públicos. La media de rescates que se saldan con algún tipo de castigo económico no llega ni al 1%. Y son cerca de 400 al año. En la última década, solo se ha requerido una cantidad al afectado en tres o cuatro actuaciones de salvamento por año, cuando el número de intervenciones se cuenta por centenares.
La explicación descansa en la Ley de Modificación de Tasas y Precios Públicos aprobada por el Parlamento Vasco el 22 de diciembre de 2011. Solo se exige a la víctima una multa si se cumple alguno de estos cuatro supuestos. Uno: si el rescate se realiza en zonas señaladas como peligrosas o de acceso restringido o prohibido. Dos: si se da en situación de avisos a la población de alerta naranja o alarma roja por fenómenos meteorológicos adversos. Tres: si la solicitud del servicio se ha realizado sin que existan motivos objetivamente justificados. Y cuatro: si ha existido simulación de existencia de riesgo o peligro.
44.051 euros se han recaudado por sanciones a rescatados en la década 2012-2022.
2.155 euros cuesta la utilización del helicóptero en caso de cobrar el rescate a la víctima.
En el caso del domingo, los dos grupos rescatados visitaban una zona natural que entraña un peligro solo en caso de acercarse a ella en condiciones no aconsejables –con mareas vivas, por ejemplo– o con excesiva relajación. Por lo demás, los acantilados son entornos visitados por familias con niños, incluso personas de cierta edad.
El grupo de cuatro personas que tuvo que esperar cinco horas a ser rescatado, compuesto por una familia de argentinos –padre, madre e hija mayor de edad– y un joven gallego de 23 años, comentó con perplejidad a los bomberos que les socorrieron que «la zona no está señalizada como de peligro». Los bomberos que acudieron a comprobar su estado físico y acompañarles hasta ser evacuados les respondieron con paciencia que se trata de «un terreno natural», expuesto por tanto a fenómenos naturales como la subida de la marea.
En cualquier caso, ni el entorno está catalogado como peligroso, ni la actividad de acercarse a otear el espectáculo se considera de alto riesgo. Ni el senderismo, ni el montañismo, ni ir a por setas, por citar hábitos extendidos en la población, están catalogados como actividades arriesgadas y, por lo tanto, no se encuentran sujetos al cobro de multas.
En la serie histórica de los últimos diez años, no hay mes en el que el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco no haya tenido que efectuar ningún rescate en Gipuzkoa. A falta del dato de marzo, en febrero de este año se practicaron diez operaciones y en enero, otras nueve.
La temeridad le ha salido barata a la ciudadanía en la última década, al menos en cuanto a multas, dado que los recursos públicos se apoquinan entre todos. Si en diez años se han tenido que realizar cerca de 4.000 rescates, la cantidad recaudada en ese tiempo por sanciones asciende a 44.051,42 euros. La correspondiente operación matemática concluye que apenas se han abonado 11 euros por actuación de salvamento.
Las tarifas a cobrar también están fijadas en la mencionada ley: 37,08 euros por cada agente que participe en el operativo, 39,14 euros por cada vehículo movilizado y 394,49 euros si interviene una embarcación con una eslora menor a los 18 metros. Las cantidades se disparan hasta los 2.077,51 euros si interviene una embarcación con una eslora superior a los 18 metros, mientras que el servicio más caro es el del helicóptero, con un coste de 2.155,79 euros por cada vez que se utiliza.
La excepción que confirma la regla en el último lustro corresponde al rescate de un barranquista en la cueva de La Leze, en Álava, tras lesionarse en el hombro. El hombre de 36 años se hirió cuando bajaba por uno de los toboganes y la lesión le impedía continuar haciendo tramos de rappel en el interior del barranco. Las labores de rescate se prolongaron durante horas, y el herido fue trasladado al Hospital de Txagorritxu. El operativo le acabó costando 5.236,73 euros, pago al que hizo frente el seguro de guías de montaña.
Más frecuentes son, sobre todo en Gipuzkoa, los pequeños accidentes. Un parapente atrapado en Zelatun (Errezil) y rescatado por los servicios de Emergencias pagó, por ejemplo, 168,67 euros.
Los datos de rescates confirman, por otra parte, la directa vinculación entre el ocio y los percances que requieren intervención. Los meses de verano son los que más operaciones de salvamento requieren. Hasta 30 tuvieron lugar en agosto de 2023 solo en territorio guipuzcoano, 22 en el mismo mes del año anterior. En 2024 hubo un bajón considerable con 13 rescates en agosto, pero julio se llevó la palma esta vez con 21 despliegues de emergencia.
Los encargados de los rescates sí que han percibido en los últimos tiempos que una parte importante de ciudadanos que tiene incidentes «se demora mucho en llamar o evita hacerlo» ante el temor de que se les vaya a cobrar por el rescate. Cuando se deciden a dar la voz de alarma, subrayan estas fuentes, es «tarde» y la intervención puede complicarse. Los responsables de la Ertzaintza recomiendan, en este sentido, hacer cualquier actividad acompañados o en grupo, planificarla bien valorando la dificultad, la distancia, desniveles y «ser autocríticos con nosotros mismos sobre si estamos capacitados o no».
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