Los frentes de una crisis poliédrica

Lo que era un operativo en busca de posibles coches atrapados en la autopista se transformó en el rescate, en un inicio, de siete personas, después de que la empresa alertara de la cifra de trabajadores que podrían encontrarse en la instalación. Por suerte, cinco contestaron al móvil y fueron localizados. Pero los teléfonos del eibarrés Alberto Sololuze y del vecino de Zalla, Joaquín Beltrán, daban señal pero nadie contestó.

Comienza su búsqueda. Pero el operativo se detiene en la madrugada del 7 de febrero después de que Seguridad confirmara que el derrumbe de la escombrera dejó esparcidos miles de paquetes con amianto que se apilaban en depósitos que la empresa tenía autorizado gestionar. Tras unas horas de incertidumbre, el día 9 los operarios volvieron al terreno ya protegidos con buzos y mascarillas. Pero al día siguiente, nuevo parón aconsejado por los geólogos ante el riesgo de más deslizamientos. Se reanudó el día 13. Desde entonces trabajan en la zona en la que presuntamente se encontrarían los dos trabajadores. Se realizan rastreos a mano y con perros. Y ayer, después de 17 días, los equipos de rescate se desplazaron a otra zona de búsqueda tras detectar inestabilidad en el terreno donde cayó la báscula.

Alberto Sololuze es eibartarra de 62 años pero residente en Markina. Trabajaba en la báscula de la instalación en el momento del colapso. Sololuze había confesado a su familia la peligrosidad de vertedero días atrás y que el terreno «estaba en malas condiciones».

Joaquín Beltrán, malagueño pero residente en Zalla desde los 9 años, trabajaba en las instalaciones subcontratado por Verter. A sus 51 años dirigía una empresa familiar de excavaciones. También había avisado días antes a los responsables de Verter de las grietas que estaban apareciendo sobre el terreno y pidió que se detuviera la llegada de camiones con residuos. Intentó llegar hasta el puesto de Sololuze para avisarle del inminente deslizamiento. Antes había alertado por móvil a otros operarios, entre ellos su hijo y su sobrino, para que se alejaran del lugar.

La investigación sobre la estabilidad y seguridad del vertedero en las fechas anteriores al derrumbe sigue abierta y ha llegado a la Fiscalía. Al parecer, Joaquín Beltrán alertó sobre el día 3 de febrero a la empresa de las grietas que había identificado en la instalación. El día 4 el director técnico de Verter conoció esa información. Los gestores contrataron a una empresa de topografía para analizar si el movimiento de la plataforma se estaba produciendo y ese estudio se realizó el 5 de febrero. El 7 de febrero -el día después al derrumbe- Verter había convocado una reunión evaluatoria con una ingeniería.

El Gobierno Vasco, según sus explicaciones y fuentes consultadas, ha ido conociendo el detalle en días posteriores, ya que el reporte anual exigido a Verter se presentaba antes del 31 de marzo. En enero, el día 21, Verter trasladó al Ejecutivo un informe de estabilidad, donde no se exponía problema alguno, como anexo a un informe sobre el cierre de la fase 1 de la instalación en el que estaba inmerso la empresa. Dicho estudio se basaba, según la empresa especialista en geotecnia que lo firmó, en una configuración del vertedero de diciembre de 2018 y que fue entregado a Verter en mayo de 2019. En sus inspecciones, se detectaron en 2017 y 2018 algunos «problemas de movimientos en la instalación», aunque se limitó su alcance a que era de una contingencia «que se podía resolver» y a mantener la vigilancia.

La información sobre el hallazgo de grietas en las instalaciones días antes del derrumbe fue trasladada por la empresa a Medio Ambiente después de la tragedia. Por esta razón, el consejero Iñaki Arriola trasladó el pasado viernes a la Fiscalía el contenido de un segundo expediente sancionador en el que considera que ese comportamiento puede ser constitutivo de delitos «contra los derechos de los trabajadores» y «contra los recursos naturales y el medio ambiente». El Juzgado de Instrucción número 1 de Durango, por otro lado, abrió el pasado día 11 la investigación sobre el derrumbe, que se mantiene bajo secreto de sumario.

En la mañana del sábado día 8 otro problema se sumó a la ya pronunciada crisis en el vertedero de Zaldibar. Parte de los residuos de la parte alta comenzaban a arder y las llamas no podían ser abordadas debido a la inestabilidad del terreno y a la ausencia de accesos excavados para llegar hasta el fuego. El derrumbe provocó un deslizamiento de las capas altas del vertedero y un afloramiento de las capas más bajas que conllevó el destrozo de la docena de chimeneas de evacuación de gases que estaban distribuidas en la superficie. El resultado: las bolsas de metano que producen los desperdicios estallan y arden al contacto con el oxígeno.

El domingo, un helicóptero cedido por el Gobierno de Cantabria, realizó 21 descargas de agua sobre el terreno que no pudieron sofocar del todo las llamas. Lsa descarga se detuvo ante el riesgo de que el agua provocara deslizamientos. El departamento de Medio Ambiente crea un equipo multidisciplinar con geólogos, ingenieros, técnicos y material de desescombro para llegar hasta el foco del incendio y sofocarlo. El día 13 se firma la orden de intervención, entre 15 y 16 se domina el incendio, el 17 se desactivan algunos rescoldos y el 18 se controla. El jueves por la noche volvió a activarse un foco, pero gracias al operativo dispuesto con máquinas y vigilantes sobre el terreno, a primera hora del viernes estaba sofocado. La gran presencia de metano entre los residuos no permite descartar que se reaviven focos, aunque su extinción sería rápida.

Desde el primer momento, Medio Ambiente comenzó a tomar muestras sobre la calidad del aire en Zaldibar, Ermua y Eibar. Aunque los vecinos desconfiaron de las referencias emitidas por los dispositivos, que no detectaban valores alarmantes, la noticia estalló a última hora del viernes 14. Unas pruebas remitidas al CSIC confirmaban que tras el incendio del día 9 en Ermua registraban unos valores de dioxinas y furanos muy por encima de los habituales, rondando los 700 femtogramos por metro cúbico de aire. Salud recomendó a los vecinos de Ermua, Eibar y Zaldibar que no ventilaran sus domicilios y evitaran hacer deporte de alta intensidad mientras se mantuviera activo el incendio. También se suspendió el partido entre Eibar y Real Sociedad, que debía disputarse el domingo pasado en Ipurua.

El aviso, seis días después del inicio del incendio, indignó a los vecinos que celebraron una manifestación multitudinaria desde Eibar hasta el barrio de Eitzaga de Zaldibar. Dicho barrio es el único que ha sufrido restricciones en el consumo de agua desde el inicio de la crisis. La recomendación se desactivó esta semana tras rebajarse los niveles de elementos contaminantes.

Tras las primeras críticas por la tardanza en que algún responsable político diera la cara, la gestión de comunicación ha ido cambiando. Cada día se reúne una mesa técnica sobre el derrumbe con representantes del Gobierno Vasco, diputación y ayuntamientos afectados, e informa de las novedades. Además, a petición de EH Bildu, el lehendakari Iñigo Urkullu y cuatro de sus consejeros comparecieron ante la Diputación Permanente del Parlamento para dar explicaciones. Urkullu reconoció «errores» en la gestión y que «los mecanismos de control no fueron suficientes». El Gobierno Vasco trasladó a la empresa la responsabilidad de lo sucedido.

Los trabajos en la parte baja de la escombrera continúan. La circulación se mantiene con un 'by-pass' abierto en en dirección a Cantabria. Y se ha levantado una barrera para contener la tierra.

Por otro lado, el alud ha generado un debate sobre los residuos industriales y su tratamiento, y ha provocado un problema de gestión para las empresas que depositaban en Zaldibar. Euskadi no tiene destino para los escombros allí acumulados, una vez que se han mezclado con el amianto y, por tanto son peligrosos.