Los otros Gabriel de Gipuzkoa

Se llamaban Irati, Aycha, Anne, Julen y Markel. Fueron cinco víctimas de la violencia que sobre ellos ejercieron quienes más debían cuidarles, sus propios familiares. Tenían cinco, uno, diez, trece y doce años, respectivamente. A tres de ellos les arrebataron la vida sus propios padres; a otro, el compañero sentimental de la madre y a la quinta víctima, la abuela por parte materna, aquejada de un trastorno mental.

La relación de menores guipuzcoanos que han sido asesinados en los últimos quince años no deja indiferente a nadie. De los cinco casos, cuatro ya han sido juzgados y los autores de los delitos, condenados, si bien uno de ellos, el del asesinato de Julen Serrano, se halla pendiente todavía del recurso que la defensa del acusado, padre del menor, elevó ante el Tribunal Superior de Euskadi en el que solicita la revocación de la pena de 19 años de prisión que le fue impuesta.

El único crimen que todavía no ha sido sentenciado es el de Markel, de 12 años, hijo de la eibarresa Rakel López. Madre e hijo fueron asesinados el 2 de mayo del pasado año en la localidad madrileña de Alcobendas. El proceso está aun en fase de instrucción. El autor, compañero sentimental de la madre, se halla privado de libertad y así permanecerá hasta el día del juicio.

Los cincos casos no tuvieron la trascendencia mediática que ha tenido el reciente crimen de Gabriel Cruz a manos de la compañera sentimental de su padre, pero en su círculo más cercano, todos siguen estando muy presentes. La sociedad ha de mantener viva su memoria. El olvido sería imperdonable.

El día de San Valentín será siempre uno de los más dolorosos para la familia donostiarra Muro-Etxegaray. La mañana del 14 de febrero de 2004, Belén Muro, de 34 años, embarazada de cuatro meses, y su hija Irati, de tan solo cinco años, fueron halladas sin vida en la casa donde residían, en el número 14 de la calle Doléac, de Hendaia. Belén estaba casada con el francés Christophe Dubarry, de 33 años, jefe de cocina del complejo de talasoterapia de Hendaia Serge Blanco.

El padre llegó aquella madrugada a su casa después de haber estado con una compañera de trabajo, con la que mantenía una vinculación sentimental, y halló a su esposa e hija dormidas en la misma habitación. El acusado, tal y como durante el juicio celebrado en Pau sostuvieron la fiscal del caso y la abogada Christiane Fando, que ejerció la acusación particular, debía elegir entre su familia y la relación extramatrimonial.

El procesado optó por la segunda. El padre cogió unos guantes, fue a la habitación donde descansaba su esposa, se situó sobre ella, le agarró de la cabeza y la golpeó primero contra la mesilla. Belén, que trabajaba en una céntrica cafetería de Donostia, quedó todavía más vulnerable y fue asfixiada. Seguidamente, hizo lo propio con la niña. Las pruebas demostraron que la menor llegó incluso a defenderse.

Dubarry desordenó seguidamente el piso y preparó todo para que la Policía creyese que unos delincuentes habían irrumpido y matado a su familia. Consumado el doble crimen, salió de casa y se dirigió a su trabajo. Aquella mañana llamó varias veces a casa. Sabía que no iba a hallar respuesta alguna, pero deseaba dejar evidencias de un comportamiento aparentemente normal. Luego, compró un ramo de flores. Simuló que era para regalárselo a su esposa. Seguidamente, regresó a su domicilio.

El cocinero accedió a la vivienda y de inmediato salió en estado de aparente nerviosismo. Llamó a los vecinos, les pidió ayuda. «Mi mujer y mi hija están muertas, avisen a la Policía», gritó. Llegaron los agentes. Nadie sospechó entonces del marido, nadie creía que aquel hombre tan educado y cumplidor hubiese tenido el valor de matar a su mujer y menos todavía a su hija.

El acusado permaneció todo el día en dependencias policiales. Incluso durmió allí. En las horas posteriores al crimen, por la comisaría pasaron a declarar conocidos, familiares y compañeros de trabajo del acusado, entre ellas la amante.

Al día siguiente, el juez comunicó a la Policía su intención de decretar la puesta en libertad de Dubarry. Los agentes solicitaron al magistrado que les permitiera retenerle solo unas horas más. Y fue en el transcurso de este lapso cuando la amante se personó de nuevo en la comisaría. Dijo que deseaba realizar una declaración complementaria y en el transcurso de la misma reconoció que mantenía una relación con el acusado. A partir de ahí todo cambió. Un nuevo interrogatorio dejó al descubierto a Dubarry. Llegaron las contradicciones, las dudas y las imprecisiones. Horas más tarde, terminó por confesar.

Por estos hechos, Dubarry fue sentenciado en 2006 a 25 años de cárcel. El jurado consideró al acusado culpable de dos delitos de asesinato con premeditación con las agravantes de haberlos perpetrado sobre una menor de edad y una mujer embarazada. En la vista, el acusado dijo no recordar nada de lo que hizo.

Tampoco la niña Aycha Rezmives tuvo oportunidad para defenderse. Con solo dieciocho meses de vida fue arrojada por su padre al mar en Zarautz. El progenitor actuó tras un proceso de violencia hacia su excompañera, una mujer de nacionalidad rumana. El padre, Mohamed C., fue juzgado por un jurado y condenado a 21 años de prisión.

El cuerpo de la menor fue hallado la mañana del 7 de octubre de 2010. A las 5.20 horas, el padre de la pequeña llamó al Centro de Coordinación de Emergencias para denunciar la desaparición. El progenitor, que entonces tenía 43 años, relató al operador que atendía el servicio que tanto él como su hija habían dormido en una chabola situada en el parque Montetxio, ubicado sobre la carretera N-634, junto al restaurante Aiten Etxe y al lado del pequeño puerto de la localidad. El padre declaró que al despertarse descubrió que su hija no estaba en el lugar en el que la había dejado. El cuerpo fue hallado más tarde cerca del puerto.

Durante la vista, el acusado negó los hechos. Sostuvo que la menor se escapó de su lado, mientras él dormía. Sin embargo, su tesis quedó desmontada tras la prueba pericial de los médicos forenses. Estos indicaron que la muerte de la pequeña se produjo por ahogamiento y concluyeron que necesariamente tuvo que ser introducida en el mar por otra persona. Indicaron que era «imposible» que la niña hubiera descendido sola y a oscuras desde el monte y recordaron en este sentido que de haberlo hecho por cualquiera de los dos accesos que cuenta la zona, necesariamente tendría que haber presentado lesiones en las plantas de los pies, en las rodillas o en las manos.

El jurado declaró al padre culpable de un delito de asesinato con alevosía, por el que fue condenado a 19 años, y a dos más por las amenazas a su expareja. En total, a 21 años.

La venganza hacia su esposa estuvo también detrás de la muerte del menor de 13 años Julen Serrano, asesinado por su padre en 2011, en una vivienda en Donostia. El padre fue juzgado el pasado año. Las sesiones del proceso se alargaron tres semanas y al final un jurado le declaró culpable de asesinato. El magistrado presidente del proceso le impuso una pena de 19 años. La resolución, no obstante, fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y aunque el fallo no es firme, el padre permanece privado de libertad desde el mismo día en que el jurado le declaró culpable.

El cadáver del menor fue hallado el 1 de diciembre de 2011, sobre las doce del mediodía, en una vivienda del barrio de Ondarreta. La víctima presentaba una herida por arma blanca en el pecho. El padre, que en el momento de los hechos permanecía también en el domicilio, fue imputado por la muerte.

La Fiscalía de Gipuzkoa solicitó 18 años de prisión. La acusación particular que ejerce la madre de la víctima y exesposa del procesado pidió una condena de veinte años de cárcel. Ambas partes estimaron que el padre actuó movido por el resentimiento contra su esposa y como «venganza hacia ella por haber tomado la decisión de divorciarse, cogió de la cocina un cuchillo y mató a su hijo».

El progenitor, por su parte, ha venido negando su implicación en los hechos y todavía mantiene que es inocente.

La Comunidad de Madrid celebraba la festividad del 2 de Mayo. El pasado año en Alcobendas, una localidad situada a quince kilómetros de Madrid, encontraron la muerte la eibarresa Rakel Rodríguez y su hijo Markel, de 12 años. El presunto homicida es Mounir Ayad, compañero sentimental de la madre, que actualmente se halla en prisión.

El homicida asestó a Raquel catorce puñaladas, mientras que su hijo presentó unas siete. Los médicos forenses que practicaron la autopsia hallaron en el pequeño evidencias de que pudo haber sufrido algún tipo de presión en el cuello, como si el agresor hubiese tratado de asfixiarle.

El Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía cree conocer lo que pudo ocurrir el día de autos en la vivienda de la calle Dos de Mayo, donde las víctimas residían. Se sospecha que el agresor, de nacionalidad marroquí, accedió al domicilio y que una vez dentro se inició una discusión. Todo parece indicar que en el transcurso del altercado Mounir Ayad apuñaló a Rakel.

Según parece, Markel, fruto de una relación que Rakel había tenido con otra persona, permanecería dormido en aquel instante, si bien se habría despertado a causa de los gritos, tras lo cual acudió en auxilio de su madre, momento en el que fue agredido. El niño presentaba algunos cortes en los brazos, signos evidentes de que también trató de defenderse.

Tras los hechos, el investigado permaneció 28 días huido. Nada se sabía de él hasta que fue descubierto por dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Alberto y Lorena, que hacían deporte en el parque Rodríguez Sahagún de Madrid. Los policías lograron identificarle como el presunto autor y tras verificar que se trataba de Mounir, llamaron a una patrulla, cuyos miembros lo condujeron a la comisaría.

El agresor había confesado la autoría de las muertes mediante una llamada que realizó a una prima suya, residente también en Alcobendas, con posterioridad a los hechos. En aquella comunicación admitió que acababa de acuchillar a su pareja y también a Markel. Tras el aviso, otro familiar del autor se personó en el piso de la calle donde vivían y halló los cadáveres.

Se llamaba Anne Bravo. Tenía diez años. El 5 de septiembre de 2015 fue estrangulada por su abuela en Errenteria. La acusada fue condenada en marzo del pasado año por la Audiencia de Gipuzkoa a una pena de 23 años de internamiento en un centro penitenciario psiquiátrico y seis de prisión.

La mujer fue declarada autora del delito de asesinato, si bien se le aplicó la eximente incompleta por enfermedad mental además de una atenuante. Fue una sentencia dictada de conformidad, después de que las acusaciones y la defensa llegasen a un acuerdo.

El asesinato se cometió en el barrio errenteriarra de Beraun que celebraba sus fiestas. La niña había ido a pasar con sus abuelos el fin de semana. Tras la comida, el abuelo se ausentó de la vivienda, momento que aprovechó la mujer fallecida para, mediante una especie de juego, estrangular a la menor con el cinturón de una gabardina. En el momento de los hechos, la acusada padecía un trastorno de ideas delirantes que limitaba sus capacidades intelectivas y volitivas. Dentro de su enajenación, la abuela creía que la niña iba a sufrir diversos trastornos de conducta y mentales.

La acusada falleció en julio del mismo año tras sufrir un atragantamiento cuando se hallaba en la Unidad de Psiquiatría Legal Aita Menni de Arrasate, donde cumplía una condena. Una pieza de fruta obstruyó sus vías respiratorias.