Gipuzkoa apenas suma una de cada 15 sanciones vascas por fraudes en las VPO

Si las cifras globales de Gipuzkoa no son aún más bajas es porque en los datos facilitados por Vivienda a este periódico se refleja que, en 2018, el territorio aún se mantenía cerca de Bizkaia y Álava, con 12 sanciones en aquel ejercicio. Pero desde entonces las sanciones en las VPO radicadas en Gipuzkoa han caído en picado: se impusieron tres en 2019, ninguna en 2020 y 2021, dos en 2022 y una en 2023. Este descenso hace que Gipuzkoa solo suponga el 10,6% del importe global de los sanciones que ha cobrado el Gobierno Vasco, con 73.792 euros de un total de 702.825 en los últimos seis años. Bizkaia, por contra, concentra el mayor peso económico en sanciones con 462.842 euros (65,8%) reclamados por el Ejecutivo desde 2018. Álava alcanza los 166.180 euros en multas (23,6%). Es decir, Bizkaia suma 6,2 veces más importe en sanciones que Gipuzkoa y Álava, 2,25 veces más.

Entre los principales motivos que Vivienda aduce para imponer sanciones a los titulares de una VPO, ya sea en propiedad o en alquiler, están la falta de ocupación de las viviendas o sacarlas al mercado del alquiler sin autorización. Entre ambas abarcan el 92% de los expedientes. Fuentes del departamento que dirige Iñaki Arriola detallan que «la gran mayoría, un 76% de los expedientes abiertos en los últimos años, son relativos a la falta de ocupación de una vivienda de protección pública. El segundo motivo de sanción, con un 16% del total, es el alquiler no autorizado de las viviendas».

Si bien el número de inspecciones que se han desarrollado en Gipuzkoa desde 2018 es menor que las realizadas en Bizkaia y Araba –12.416 (el 25,8%) frente a 18.954 (39,5%) y 16.709 (34,7%), respectivamente–, los beneficiarios guipuzcoanos aparecen como los más cumplidores con la normativa, ya que el porcentaje de sanciones impuestas, con ese 6,7%, es mucho menor en proporción que el que presentan los otros dos territorios históricos.

Gipuzkoa marca una tendencia claramente a la baja en los fraudes detectados en las VPO. Según los datos facilitados por Vivienda, 2023 apenas registró un expediente que terminó en sanción. Al infractor se le impuso una sanción de 1.800 euros. De las 2.046 visitas que los inspectores realizaron a diferentes viviendas de protección pública, solo 12 terminaron con expedientes sancionadores abiertos, aunque solo uno de ellos desembocó en una multa económica.

A nivel de Euskadi, el año pasado fue el que menos sanciones se registraron, con apenas 10 entre los tres territorios, cuando en los años precedentes la horquilla se había movido entre las 43 y las 60 multas anuales. El acusado descenso de 2023 hizo que el importe total de las sanciones impuestas se quedara en 24.900 euros, cuando desde 2018 el montante siempre había superado los 100.000 euros. Esta moderación en el número de multas se ha producido a pesar de que el número de visitas realizadas por los inspectores fue mayor que en algunos de los años anteriores.

Gipuzkoa viene dibujando una clara senda descendente en el número de sanciones desde 2019, porque en 2018 aún aparecía como el territorio en el que más se recaudaba en multas. Un año después, sin embargo, pasó a ser el que menos a gran distancia de Bizkaia y Araba, y se ha mantenido en el último lugar desde entonces. Es llamativo que en los años de mayor afectación de la pandemia, 2020 y 2021, en Gipuzkoa no se registró ni una sola sanción a beneficiarios de una VPO, aunque en esos dos años el número de visitas que se realizaron en este territorio fue sensiblemente inferior a las de Bizkaia y Araba. En cualquier caso, resulta sorprendente que en dos años en los que en Euskadi se incoaron 43 y 60 sanciones, respectivamente, Gipuzkoa no aportara ni una de ellas.

En 2022, el número de inspecciones desarrolladas en Gipuzkoa recuperó unos niveles más elevados, con 2.836 fichas abiertas por los inspectores de Vivienda, pero apenas se tradujeron en 18 expedientes sancionadores y en dos multas impuestas, con un montante de 5.701 euros. Lo que confirma que, tras la pandemia, Gipuzkoa se mantiene como el territorio con menos sanciones.