Gipuzkoa cuenta con casi 600 desfibriladores automáticos

Unas 30.000 personas mueren cada año en España por parada cardiorrespiratoria, el 80% fuera de los hospitales. Por eso saber a qué altura hay que colocar las manos, que presión hay que ejercer o cuándo hay que hacer un masaje cardiaco pueden determinar el porvenir de una persona. Tampoco está de más saber usar un desfibrilador externo semiautomático de los que hay repartidos en diferentes puntos de Gipuzkoa.

Hoy en día, casi cuatro años y medio después de la aprobación por parte del Gobierno Vasco del decreto que regula su instalación y uso, y que establece la obligatoriedad de su instalación en espacios públicos concurridos, el número de desfibriladores se ha multiplicado por cuatro. Euskadi cuenta ya con 1.920 desfibriladores automáticos instalados en espacios públicos y fuera del ámbito sanitario. Así, en octubre de 2019, en Gipuzkoa había 582, en Álava 305 y en Bizkaia, 1.033.

Cada vez más personas deciden apuntarse a cursos de primeros auxilios. «Estas máquinas lo que hacen es revertir una situación cardiaca aplicando para ello una descarga eléctrica al corazón que le permite retomar su pulso normal. Pueden analizar el estado de la persona y automáticamente da las instrucciones necesarias para poder proceder», explica Nuria Sánchez, responsable de formación de DYA Gipuzkoa. Los desfibriladores externos semiautomáticos están compuestos por unidades muy pequeñas que son fácilmente manejables por cualquier persona. «Aunque todo el mundo puede usarlos hay que tener en cuenta que en momentos de tensión y estrés uno puede no entender bien lo que dice el desfibrilador o puede no saber que tanto antes como después es necasario hacer una RCP para oxigenar los orgános», enfatiza Sánchez.

Euskadi es una de las pocas comunidades autónomas donde la legislación permite a personal no sanitario utilizar un desfibrilador en caso de emergencia. Es decir, cualquier podría usar este desfibrilador si hay una vida en peligro y en caso de fallecimiento por una mala praxis no habría lugar al reproche penal.

Como todos los dispositivos, requieren de un mantenimiento rutinario para comprobar que los parches y la batería funcionan.