El Gobierno Vasco da la razón a José Ignacio Asensio en su pugna con Navarra por los residuos de la incineradora

En síntesis, Aierdi anunció el martes en el Parlamento de Navarra que decidía clausurar la planta de fertilizantes y compostaje Ecofert Sansoain de Artajona porque carece de autorización para tratar sustancias que no sean sólidas o lodos consistentes. Y calificó los residuos recibidos desde Gipuzkoa de «líquidos peligrosos y tóxicos», acusando a la empresa que gestiona la incineradora, Ekondakin, de firmar un contrato con Ecofert para la derivación de residuos no autorizados en sus instalaciones e insinuando un engaño respecto a las sustancias trasladadas a Artajona. Menos de 24 horas después, este mismo miércoles, Asensio ha comparecido para rechazar cualquier irregularidad por parte de Ekondakin, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) o la propia Diputación. Ha alegado que «los lixiviados de Zubieta que llegan a la planta de Artajona no son tóxicos», y ha defendido que «el problema no está en el origen sino en el destino», donde «el único responsable» de lo que ocurre allí es «el Gobierno de Navarra».

El diputado guipuzcoano se ha preguntado cómo se puede concluir que si se han hallado sustancias tóxicas en un lugar donde confluyen residuos de diferentes procedencias estas proceden de Gipuzkoa. Y ha mostrado los resultados de las pruebas de toxicidad con resultado negativo que se hicieron a las expediciones desde Zubieta. De igual modo, ha exhibido otro documento con logotipos del Gobierno de Navarra en los que se autoriza a Ecofert Sansoain a recibir residuos del código LER 19 08 12, que son los salidos desde Gipuzkoa.

En este debate ha decidido terciar a media tarde el departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, responsable de la catalogación y etiquetado de los residuos que salen de Zubieta, que también ha rechazado cualquier irregularidad o falta de control desde Gipuzkoa.

A través de una nota, el Gobierno Vasco ha descartado cualquier embuste al «reafirmarse en la codificación realizada al residuo 19 08 12 producido por GHK y empleada en los contratos de tratamiento suscritos entre GHK y los gestores autorizados Sader (Bizkaia) y Ecofert». Añade que dicha codificación del residuo «se ha realizado de conformidad con las directrices de la Unión Europea».

Al igual que hizo horas antes Asensio, subraya que «la correcta codificación de un residuo en origen y el cumplimiento de las características de su codificación como residuo no peligroso no implican automáticamente que sea apto para cualquier uso. Por ello, en el tratamiento de destino se deben establecer controles de aceptación por parte del destinatario que aseguren que, independientemente de su codificación, la composición del residuo recibido es apta para el producto final y su uso». En otras palabras, que si los residuos de Zubieta no podían ser asumidos por Ecofert, es responsabilidad de Ecofert haberlos aceptado, no del emisor.

En cualquier caso, Medio Ambiente se remite a una autorización por parte del Gobierno de Navarra en la que se comprueba que el código 19 08 12 se encuentra entre los autorizados por la planta de Artajona y desliza que la aceptación de un código como el 19 08 12 que se autorice a un gestor «necesariamente debe llevar aparejado otro tipo de condicionantes de aceptación si el tratamiento es una valorización material, como por ejemplo, la producción de fertilizantes». En este sentido, recalca que «el Gobierno Vasco desconoce los motivos por los que se ha procedido a la clasusura de Ecofert. No obstante, ello confirma que el problema registrado no guarda relación con la codificación del residuo», cuya fiscalización compete al propio Gobierno Vasco.

La nota concluye afirmando que «la información aportada hoy por la Diputación Foral de Gipuzkoa es correcta».