El 20% de los guipuzcoanos vive ya en zonas tensionadas tras sumarse Irun

El reconocimiento de Irun como zona tensionada llega acompañado de un plan de acción con mirada de presente y futuro. La propia declaración implica la puesta en marcha de una limitación en el precio de los alquileres para evitar las continuas subidas que, entre otros indicadores, ha motivado que el consistorio pidiera ser considerado zona de mercado tensionado. Será una medida paliativa mientras se aplica la receta que Itxaso tiene clara que traerá la solución: «recrecer el parque de viviendas, especialmente con vivienda pública y en alquiler».

La forma de llevarlo a la práctica en Irun «ha sido posible gracias a la buena disposición, a la colaboración y el compromiso del Ayuntamiento». Va a suponer la puesta en marcha de más de 3.000 viviendas públicas en la próxima década. De ellas, el primer millar se va a empezar a construir en los tres años siguientes a esta declaración y casi la mitad de ellas, 420 «este mismo año», apuntó el consejero. Éste es el ejercicio en el que Visesa dará un salto para pasar de construir medio millar de viviendas anuales a más de 700 y, de ésas, 420 serán en Gipuzkoa, concretamente en Irun. «Eso es gracias a que se ha hecho un trabajo para entender la declaración de zona tensionada como algo más que un mero diagnóstico».

En ese sentido, Itxaso recordó cómo tantas veces ha afirmado «que el problema de la vivienda tiene solución, pero pocas veces lo hemos podido ejemplificar de manera tan rotunda como estamos haciendo en Irun». Aseguró que existe «un acuerdo completo» con el Ayuntamiento fronterizo para rubricar un convenio que recoja «ese plan tan ambicioso que tenemos para el próximo trienio y que va aparejado de la declaración de zona residencial tensionada».

En relación con esto, el consejero reconoció «el esfuerzo» que los ayuntamientos, en este caso el de Irun, llevan a cabo «para poner suelo a disposición del Gobierno Vasco para que podamos construir VPO, una cesión con la que renuncian a obtener unos ingresos». No solo remarcó que es necesario para ampliar el parque público de viviendas sino que planteó una reflexión sobre el beneficio extendido de este esfuerzo del conjunto de las instituciones. «Ya sabemos que muchos ayuntamiento tienen servicios mancomunados como residuos, agua, desarrollos económicos... Aquí incluso hay elementos de gestión compartidos de manera transfronteriza. La vivienda es un elemento metropolitano y estoy convencido de que si bien los principales beneficiarios de estas medidas serán los y las irundarras, cuando se lleva a cabo una apuesta de VPO tan importante en un municipio tan importante, obviamente el conjunto del territorio de Gipuzkoa se va a beneficiar». Recordó que Errenteria ya está declarada como zona tensionada y que Donostia lo estará pronto. «Es importante que todo el área metropolitana de la costa se rija por las mismas normas»

Desde la parte irundarra, el acuerdo con el Departamento de Vivienda para iniciar la construcción de 1.000 VPO en los próximos tres años se valora con calificativo de «histórico». Tal y como comentó la alcaldesa, Cristina Laborda, «en 20 años se han desarrollado en Irun 980 viviendas públicas protegidas», por lo que el plan de acción asociado a la declaración de zona tensionada supone que en aproximadamente 5 años se va a doblar la oferta existente en el municipio.

Aunque Laborda considera esa apuesta «un paso de gigante», también advirtió que se trata solo de «la primera piedra de un ambicioso impulso» a la vivienda protegida en la ciudad. Etxebide cuenta con 3.265 solicitantes en Irun y lo que demandan en el 81% de los casos (2.642) es una vivienda pública en alquiler.

El Departamento de Vivienda informó ayer de que el 4,1% de las viviendas de Irun, 1.131, no tienen a nadie empadronado en ellas y que Bizigune gestiona 108 viviendas en régimen de alquiler asequible y cinco mediante el programa ASAP. Además, 180 personas empadronadas en Irun tienen reconocido el derecho subjetivo a una vivienda: a 74 se les ha adjudicado una VPO, 64 reciben Prestación Económica de Vivienda (PEV) y 42 tienen prioridad en la próxima adjudicación.