Juristas reclaman más recursos para proteger a las víctimas tras el asesinato de Leonor

Desde su bufete BRA Abogados, y con anterioridad como jueza en casos penales antes de que se instauraran los juzgados de violencia sobre la mujer, Beatriz Rodríguez Aparicio considera que en el caso de Leonor no han fallado los protocolos de actuación, porque «si él ya había cumplido una condena y los expedientes estaban cerrados, legamente no hay más». Eso sí, concede que el actual sistema de protección a la mujer «es mejorable, porque todo en la vida es mejorable», pero sobre todo pasa, en su opinión, por el hecho de denunciar la agresión. «Es importante la denuncia, pero igual de importante es sostenerla. Porque si la víctima retira la acusación o no comparece cuando es requerida a denunciar, y no hay testigos porque los hechos han sucedido en la intimidad, los juzgados se quedan sin margen de actuación»

En este sentido, Rodríguez Aparicio recuerda que no solo la víctima está facultada para presentar una denuncia, sino que «cualquier persona de su entorno o cualquiera que haya presenciado los hechos lo puede hacer». Asimismo, la abogada ve vital que la víctima no se sienta sola en esta cruzada contra una agresión. «La justicia es lenta y son procesos complicados, largos, en los que la víctima debe sentirse arropada para mantener la denuncia», porque a menudo afloran los miedos, las dudas, ya sea «por la familia, porque hay menores en medio... Cuando se denuncia un caso de violencia de género, la víctima va a estar acompañada por personas con formación específica en la materia y va a contar con un servicio de apoyo psicológico, que es muy importante en el proceso».

La letrada también aboga por la prevención, en poner atención a las señales de alerta porque «los episodios de violencia no comienzan de cero», sino que lo hacen «de forma escalonada. Normalmente ha habido unos episodios de violencia psicológica previa».

La jueza titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Irun, con competencia en materia de violencia sobre la mujer, considera que «sería poco honesto y pedagógico afirmar que los poderes públicos, incluido el judicial, pueden prevenir y erradicar todos los casos de violencia machista, porque la dimensión y la naturaleza de este problema va más allá», pero «contamos con normativa, leyes e instrumentos jurídicos más que suficientes para hacer frente a esta lacra social. Queda camino por recorrer, pero en los últimos años se han dado pasos adelante».

Al hilo del crimen de Antxo, Ane Fadrique pone la lupa en la importancia de denunciar una agresión. «El problema es que nos encontramos ante un delito que la mayoría de las veces se desarrolla en el domicilio, donde desarrollamos nuestra vida más íntima y privada. Y hay veces que la única prueba con la que contamos es el testimonio de la víctima, pese a que también se recaban otras diligencias de prueba, como declaraciones de testigos, informes médicos, etcétera». Sin embargo, la jueza incide en que «no debemos olvidar que la interposición de la denuncia es un derecho de la víctima y que, a menudo, tanto dar el paso de interponerla como de prestar declaración ante un juzgado requiere de un trabajo psicológico muy duro y muy arduo para la víctima». Por ello, «es ahí donde creo que la sociedad en su conjunto debe esforzarse para seguir mejorando en el acompañamiento de la víctima, que sienta que no es cuestionada, que cuenta con ese apoyo tanto en su entorno familiar, social y, cómo no, también de las instituciones».

Porque, según observa la jueza en Irun, a veces la propia víctima se siente cuestionada sobre algo que solo ella sabe lo que está sufriendo. «Aún veo casos en los que cuando pregunto a una víctima, empieza a dar justificaciones que ni yo ni los abogados hemos pedido. Hay preguntas que hay que hacer, pero hay que formularlas de la forma y el tono en que la mujer no se sienta cuestionada».

Pilar Carrere, que durante años ha sido policía municipal encargada de los asuntos de violencia de género en Donostia y fundó la asociación Mariren Alabak que acompaña a estas víctimas, apuesta por que «en todo momento se mantenga un contacto» con la mujer «pese a que no haya interpuesto denuncia o la haya retirado». En la actualidad, «esto no existe. Hace falta continuidad en el seguimiento aunque no quiera denunciar. Si creemos que existe la violencia, porque de eso te das cuenta si trabajas en ese ámbito, hay que mantenerse en contacto. Preguntarle de vez en cuando cómo está». Una mujer «es muy importante que vaya a presentar una denuncia convencida, porque todo el proceso es tortuoso. En muchos puntos de ese camino se puede echar para atrás. Pero hasta que esté preparada, no la podemos dejar sola».

Esta es una de las medidas que Carrere pondría en marcha cuanto antes, con el objetivo de reducir las víctimas de la violencia machista, que en la peor de sus formas llega a la muerte de la mujer. Es más, dice, «desde que hay registro en 2003, cuando se aprueba la primera ley de violencia machista, se contabilizan 1.288 mujeres asesinadas en el Estado. El número de muertes atribuidas a ETA en 51 años son 853. Se aplicaron unas leyes muy estrictas, con unas condenas muy potentes. Habría que endurecer las penas de los agresores y todas las medidas que llevan a acabar con esta lacra. El agresor, una vez denunciado y cuando el testimonio de la mujer sea coherente y haya evidencias de que esta ha sufrido violencia, debería ingresar inmediatamente en prisión provisional sin fianza, en vez de que quede en libertad provisional con medidas cautelares» hasta el juicio, «porque suele tratarse de una orden de alejamiento que se saltan a la torera». Para Carrere, la violencia contra la mujer «no se toma tan en serio como se tendría que tomar. Está fallando todo. La administración, sobre todo. Y también la escuela. La educación es importantísima desde pequeños».

Cristina Ramos acumula más de dos décadas de trayectoria profesional como abogada, tiempo en el que se ha especializado en los casos relacionados con la violencia de género. El crimen de Pasaia la dejó conmocionada, «porque fue algo muy cruel. Por lo que he podido leer, fue una ejecución. Algo horrible». La asociación para la que colabora, Clara Campoamor, se va a personar en el caso como acusación popular, ya que «es nuestra razón de ser. Siempre lo hemos hecho en casos parecidos, y siempre lo vamos a hacer».

El problema, a nivel social, «es grande», asegura Ramos, y la luz al final del túnel sigue sin vislumbrarse. «No tengo motivos que me inviten a ser optimista y a decir que confío en que esta lacra se acabe pronto... Lo siento, pero no es el caso». En este sentido, la letrada señala la falta de juzgados de violencia sobre la mujer. «¡Tiene que haber más! Hacen falta refuerzos, los que están ahora están sobrecargados y esto ralentiza la justicia», denuncia.

En el caso de Leonor, la mujer asesinada en Pasaia hace justo una semana, ha trascendido que la víctima había denunciado a su agresor previamente. Hay otros casos, lamenta Ramos, «en los que las víctimas de estos ataques no ratifican en último término la denuncia». Evitan ese último paso por «pena», «porque es que igual cambia», «porque esto es mi culpa»... Los casos de violencia de género, por su componente «emocional y sentimental», son muy «complicados», sostiene.

Otra de las cosas que más desazón genera a Ramos es el «creciente negacionismo de la violencia de género». «Veo que hay una corriente, sobre todo entre los jóvenes, que apunta a que la mujer tiene más privilegios que los hombres», destaca. La cada vez mayor presencia de críos y adolescentes en las redes sociales le resulta, igualmente, «preocupante». «Son herramientas propicias para ejercer control sobre cualquiera... Se ven muchas amenazas. Estos van a ser los adultos del futuro», reflexiona la letrada.

Por último, defiende que la lucha contra la violencia de género «no es de la política; es algo que concierne a la sociedad, a nuestra humanidad».