Las nuevas normas obligarán a los hogares a separar aún más su basura doméstica

El vidrio al contenedor verde, el papel al azul, los restos de comida al marrón, los envases al amarillo, los aparatos electrónicos al garbigune, el aceite usado, las pilas, las cápsulas de café... La lucha contra el cambio climático y las normativas y políticas sobre residuos que se adoptan para coadyuvar en esa tarea han hecho que hogares y empresas deban implicarse cada vez más en uno de los aspectos fundamentales en ese camino: la separación de los materiales que desechamos para ayudar a gestionar su tratamiento. Esa corresponsabilidad ciudadana tiene el doble objetivo de simplificar y abaratar la gestión de la basura y recuperar lo máximo posible, ya sea reutilizando o reciclando esos restos.

El camino no ha concluido. Las últimas normativas aprobadas y aquellas que están en fase de elaboración siguen la misma línea.Ya sean europeas, estatales, autonómicas o locales. El mejor ejemplo es el Real Decreto de envases y residuos de envases aprobado en España en diciembre de 2022. Entre otras cuestiones, establece que los consumidores «deberán retornar a los comerciantes y distribuidores los envases reutilizables; separar por materiales los residuos de envases no sujetos al sistema de depósito, devolución y retorno; y depositarlos en los contenedores habilitados para su recogida».

A nivel comunitario, el nuevo Reglamento de envases, aprobado a finales de abril por el Parlamento Europeo y al que solo le queda el visto bueno del Consejo para que entre en vigor, fija que de aquí a 2029 el 90% de los envases de bebidas de plástico y metal de un solo uso (los de hasta tres litros) tendrán que recogerse por separado. Es decir, ya no podrán juntarse en la basura botellas de agua con latas de conserva, por ejemplo.

Ambos textos configuran un marco global de actuación que luego las instituciones más cercanas deberán implementar en sistemas de recogida concretos que determinarán cómo las nuevas regulaciones acabarán afectando al ciudadano de a pie. ¿Más contenedores?¿Nuevos espacios en los garbigunes?¿Nuevas instalaciones de recepción de materiales específicos? Las soluciones pueden ser variadas, como lo han sido hasta ahora.

Cómo afrontar ese y otros caminos, las novedades y sucesivas adaptaciones y actualizaciones de las normativas sobre residuos, los retos que estas suponen para las administraciones y empresas responsables, o los avances tecnológicos en las plantas de tratamiento fueron analizados ayer en San Sebastián por más de un centenar de expertos y profesionales de la gestión de residuos de todo el Estado.

La cita era el tercer encuentro de la asociación de entes supramunicipales para la gestión de los residuos municipales (Esgrem), celebrado en las instalaciones de la incineradora de Zubieta y presidido por el diputado de Sostenibilidad y presidente del consorcio de residuos de Gipuzkoa (GHK), José Ignacio Asensio.

En el evento, que concluye hoy, los asistentes pudieron conocer el 'modelo Gipuzkoa' de gestión de residuos. Este territorio se ha dotado desde 2016 de un sistema único en el Estado que le permite liderar las tasas de reciclaje (el 60% de la basura recogida, 20 puntos por encima de la media española), que con el otro 40% genera electricidad como para abastecer a 45.000 hogares a través de la incineración, y que ha visto desaparecer los vertederos. En Gipuzkoa toda la basura se aprovecha, nada queda acumulado en vaguadas o laderas, y toda se trata dentro del territorio.

Además de los datos globales y provinciales, se expusieron dos casos concretos referidos a dos materias que ocupan y preocupan en otras comunidades: la creación de modelos eficaces de recogida selectiva de residuos orgánicos, y la efectividad o no de implementar políticas sancionadoras o de incentivos en función del compromiso de cada hogar o empresa con la separación de su basura.

Para el primer caso, el ejemplo de «éxito» presentado fue el de la Mancomunidad de Sasieta (Goierri y Alto Urola), que desde 2018 presenta de forma sistemática una tasa de recogida separada bruta de entre el 76%y el 77%. Su gerente, Iñaki Erauskin, explicó que junto a las campañas de concienciación y la información permanente sobre qué va en cada contenedor, la clave ha sido una apuesta por los contenedores cerrados de orgánico y de fracción resto, de apertura con tarjeta identificativa del usuario. En ellos los ciudadanos depositan sus bolsas, que obligatoriamente deben ser compostables y que son gratuitas. Solo para bolsas la Mancomunidad destina 120.000 euros anuales.

Respecto a las sanciones, el gerente de la Mancomunidad de Urola Medio, Orkatz Goenaga, explicó cómo a raíz de una situación «grave» en 2018, con un municipio en el que el 25%de la basura inorgánica no era tal, y en otro el 18%, «decidimos reforzar los controles e implantar sanciones», lo que de inmediato repercutió en una mejora de las tasas de recogida separada. Araíz de la pandemia esa vigilancia se ha relajado y la consecuencia es que «la tasa ha bajado los dos últimos años».

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