12 años de un mandato controvertido

José Ignacio Munilla Aguirre (San Sebastián, 13 de noviembre de 1961) llegó al obispado como responsable del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal y obispo de Palencia, labor que desempeñó desde septiembre de 2006, con 44 años, lo que le convirtió en el obispo más joven del Estado. Su consagración episcopal en la catedral palentina llegó el 10 de septiembre de 2006. Aquel nombramiento por parte del Papa Benedicto XVI tras 16 años al frente de la parroquia de El Salvador en Zumarraga –donde residía desde los 24 años–, generó sorpresa en la diócesis vasca, ya que hasta entonces había actuado de modo independiente al plan pastoral diocesano.

Tampoco se esperaba que se postulara como candidato a obispo de San Sebastián, pese a su condición de donostiarra y euskaldun. Se crió en el barrio de Intxaurrondo, aunque veraneaba con sus dos hermanos en el caserío familiar en Aizarna (Zestoa). Estudió desde párvulos a COU en el colegio del Sagrado Corazón Mundaiz, inició los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Toledo y los acabó durante dos años en el Seminario Diocesano de San Sebastián. Se licenció en Teología y Espiritualidad, en la Facultad de Teología del Norte de España, en Burgos. Fue ordenado sacerdote por monseñor Setién en el Buen Pastor el 29 de junio de 1986. Desde este año fue coadjutor en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Zumarraga, hasta que en 1990 fue nombrado párroco de El Salvador en el municipio urolatarra. Como titular de esta parroquia, tuvo conocimiento de los abusos sexuales sufridos por una persona con discapacidad mental, y denunció los hechos a la madre del chico y, a instancias de ésta, a la Ertzaintza. En el posterior juicio contra los cuatro acusados del delito, se negó a declarar. La Audiencia de Gipuzkoa abrió diligencias por ello, pero el juez las terminó archivando.

Zumarraga, Palencia y Donostia han sido las tres estaciones de una trayectoria meteórica y un tanto atípica. Nunca rehuyó su presencia en la calle ni en los medios de comunicación –es activo en redes sociales y en el canal de la diócesis donostiarra en Youtube–. Ha sido prolífico en artículos en prensa escrita, entrevistas, comparecencias, su programa diario diario en Radio María, emisora que dirigía su hermano mayor Esteban, o incluso su blog –enticonfio.org–. Dejó su impronta conservadora en temas sociales que afectan a la fe católica como el sida –anteponía la «castidad» y la «fidelidad» al uso de un preservativo que a su juicio fomentaba «la promiscuidad»–, el aborto –una madre lo es «desde el embarazo» y solo optará «a un hijo vivo o muerto», y acusó a quienes votaron en favor de ser «cómplices» de asesinato–, la eutanasia –el «suicidio asistido es el fracaso de una sociedad incapaz de acompañar el sufrimiento»–, la homosexualidad – «no puede recibir aprobación alguna»–, el divorcio –«es imposible» que los divorciados comulguen–, la paz –abogó por la «disolución definitiva» de ETA y su «arrepentimiento por la violencia y el daño causado»– o incluso el nacionalismo. «No hay nada más a la derecha que él», llegó a decir el líder del PNV en Gipuzkoa, Joseba Egibar.

Sin embargo, Munilla siempre se distinguió por su cercanía a los jóvenes y sus problemáticas, como el mundo de la drogadicción, y destacó su labor en la puesta en marcha del Foro Loyola.

Su escasa identificación con el clero guipuzcoano y su funcionamiento hasta entonces al margen del obispado, motivaron una fría acogida en Gipuzkoa tras su paso por Palencia. El propio Uriarte –que se jubilaba a sus 76 años–, el día que anunció la identidad de su sucesor, el 21 de noviembre de 2009, lo hizo a través de un vídeo para evitar una comparecencia pública, en el que instó a la Iglesia guipuzcoana a aceptar a Munilla como «legítimo pastor» y a mantenerse unida con fe «aún en medio de las dificultades».

La comunidad eclesiástica guipuzcoana sintonizaba más con la candidatura del obispo de Vitoria, Miguel Asurmendi y, de hecho, 131 religiosos –incluidos el 85 de los 110 párrocos guipuzcoanos, el 77% de ellos– firmaron un escrito en el que manifestaban su «dolor y profunda inquietud» por la llegada de Munilla, que entendían como «una clara desautorización a la vida eclesial» que mantenía la diócesis guipuzcoana.

En una entrevista en este periódico, aseguró que se tomaba todas estas críticas «con un punto de humor», consciente de que «nunca una hormiga había levantado tanta polvareda». Entendía que su nombramiento ni era «una imposición» ni obedecía a «motivos políticos».

Su declaración de intenciones y su nulo temor al cuerpo a cuerpo quedaron patentes al mes de su nombramiento, en febrero, cuando la editorial PPC debió pedir la retirada del mercado de la novena y renovada edición del libro 'Jesús. Aproximación histórica', del teólogo guipuzcoano José Antonio Pagola, exvicario de José María Setién. Contaba con el aval de Juan María Uriarte, pero llevaba casi tres años perseguida por los sectores más conservadores de la Iglesia.

Aquella decisión se entendió como un varapalo más al obispo emérito de San Sebastián y un aviso a navegantes en la teología progresista, lo que provocó la reacción de 252 sacerdotes vascos, que a trevés de una carta abierta reclamaron explicaciones por la retirada de la obra, de la que en dos años se habían vendido más de 60.000 ejemplares. Tres semanas después del confiscación del 'bestseller' religioso –que luego superó los 100.000 ejemplares–, Munilla evitó dar una opinión cuando fue preguntado públicamente, y reconoció que no lo había leído.

Munilla no eludió el cuerpo a cuerpo desde sus primeros días. Son varios los ejemplos, como el del teólogo franciscano Joxe Arregi, que terminó colgando los hábitos «para no acatar» órdenes del obispo, al que había acusado de querer desterrarlo a América. La entonces consejera vasca de Educación y luego ministra, Isabel Celaá, también le pidió explicaciones tras escuchar al prelado, desde la primera fila de la basílica de Loyola en la homilía del día de San Ignacio, sus críticas «al fracaso educativo». Siempre abogó por «normalizar» la asignatura de religión en la enseñanza, y llegó a denunciar «coacciones» en los colegios para no elegir esta materia.

Sus desencuentros con buena parte de la iglesia guipuzcoana se mantuvieron en el tiempo. En su tercer año como prelado, el colectivo de sacerdotes, religiosos y laicos Eutsi Berrituz, se reafirmaba en que «no es el obispo que necesita la diócesis de Donostia». Un año después, casi un centenar de clérigos lo acusaron de gobernar la diócesis «como su feudo». Uno de los momentos más delicados lo vivió cuando uno de sus vicarios de confianza, Juan Cruz Mendizabal, 'Kakux' –al que Munilla nombró por sorpresa pese a que había sido uno de los 131 religiosos que firmaron en contra de su candidatura al obispado–, fue acusado de tocamientos sexuales a dos menores ocurridos entre 2001 y 2005. Los hechos trascendieron en enero de 2017, nueve meses después de la renuncia de Kakux a su cargo como vicario general «por motivos personales». Luego al menos hubo dos denuncias más. El religioso admitió su culpa ante el tribunal canónico, y se convirtió en el primer caso de abusos reconocido en la Iglesia vasca. La Diócesis de San Sebastián pidió «perdón» desde «el dolor y la vergüenza» causados por un hecho que hirió «profundamente la comunión». Meses después, y cuestionado por otros casos de pederastia en la Iglesia católica y el Vaticano, Munilla aseguró que «los procesos puestos en marcha por la Santa Sede y la reforma para llevarlos a cabo están siendo efectivos».

En los últimos años, la diócesis de Munilla ha emprendido un proyecto de reestructuración patrimonial con la venta y alquiler de distintos bienes –varios de ellos destinados a establecimientos hosteleros y apartamentos– que «persigue rentar una parte de nuestro patrimonio inmueble, para obtener los ingresos suficientes que permitan el mantenimiento del patrimonio religioso», que no convence al sector crítico con su gestión.

En marzo de 2020, durante el confinamiento por la pandemia, protagonizó un hecho curioso, cuando la Guardia Municipal de Donostia le multó con 600 euros por circular en su vehículo con otra persona sentada en el asiento del copiloto. Munilla defendió que se había saltado el estado de alarma para acompañar al dentista a un inmigrante que padecía una infección bucal.