La pandemia incrementa en un 40% los ingresos por trastornos alimenticios en Gipuzkoa

En el Hospital Universitario Donostia, la única estructura de la red de Osakidetza en Gipuzkoa que atiende este tipo de trastornos, ingresaron el pasado año un total de 74 pacientes con anorexia, bulimia y demás desórdenes nutricionales. 37 lo hicieron en la unidad de Psiquiatría del hospital y otros tantos en la infantojuvenil. Son casi una treintena más de ingresos de los que hubo en 2019, antes de que el patógeno comenzara a circular entre nosotros. Aquel año fueron 46 los pacientes que necesitaron de un ingreso, 26 en Psiquiatría y una veintena en Psiquiatría infantojuvenil. Si nos remontamos más de un lustro hacia atrás, al año 2016, en el territorio 40 pacientes necesitaron ser tratados en la OSI Donostialdea, casi la mitad de los registrados el último ejercicio en el Servicio Vasco de Salud, tal y como se desprende de una información enviada al Parlamento Vasco por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en respuesta a la parlamentaria del grupo EH Bildu, María Garde Ramirez.

Pero la fotografía en Gipuzkoa del trastorno de la conducta alimentaria deja en evidencia otro dato si cabe aún más alarmante. Al creciente número de hospitalizaciones en la red de Osakide-tza por TCA se le suma la detección de este tipo de problemas a una edad cada vez más temprana, lo que se tradujo en que el pasado año más de la mitad de las camas fueran ocupadas por jóvenes con una edad comprendida entre los 11 y los 17 años. En total fueron 38 los chavales que requirieron ser tratados en el Hospital Donostia, un 45% más que antes de la pandemia. Asimismo, 17 pacientes tenían entre 18 y 30 años, cinco entre 31 y 45, ocho entre 46 y 60 y seis tenían más de 60 años.

Sin ir más lejos, recientemente la Federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental (Fedeafes), a través del informe 'Infancia, adolescencia y juventud con problemas de salud mental en la CAV', alertaba de esta situación, asegurando que el perfil de la población infantil y juvenil del País Vasco que presenta algún problema de salud mental cada vez es más joven y que estos presentan trastornos que revisten una mayor gravedad.

El coronavirus, sin embargo, también ha tenido un impacto en el número de personas que han requerido de un segundo ingreso urgente en un centro sanitario antes de cumplirse el mes de haber recibido el alta hospitalaria. Los reingresos por estos trastornos en Gipuzkoa se elevaron el año pasado un 60%, hasta tal punto de que dos de cada diez pacientes que fueron encamados en el Hospital Donostia volvieron a ser ingresados en menos de 30 días. 10 del total de 15 que lo hicieron, además, eran menores de edad.

Los pacientes, que en su mayoría son chicas, llegan al sistema de salud a través de la Atención Primaria, donde se hacen las primeras evaluaciones de los casos y se decide la estrategia más adecuada para su tratamiento, tras la cual se determina si se derivan o no a los especialistas de salud mental. Precisamente, son estos especialistas los que deciden si los pacientes van al programa específico de tratamiento de los TCA que Osakide-tza puso en marcha en 1998 y cuyos resultados apuntan a que «entre el 80 y el 90 % de los tratados responde favorablemente de forma rápida o en el plazo de dos años y al menos la mitad se recupera totalmente», tal y como reconoce Salud.

Osakidetza, sin embargo, no cuenta con unidades de hospitalización destinadas específicamente a estos pacientes, que aunque pueden requerir ser internados en planta por complicaciones de su enfermedad, son ingresados habitualmente en los servicios de Psiquiatría, con 6 plazas en el caso de la OSI Donostialdea, en los que según el Servicio Vasco de Salud no hay actualmente listas de espera. Aparte de ello, en el marco de la relación de los recursos existentes, el territorio cuenta con un comedor terapéutico con capacidad para 6-10 personas mantenido por un profesional de enfermería con apoyos puntuales de psiquiatría y psicología clínica del servicio, además de las consultas ambulatorias de la Red de Salud Mental de Gipuzkoa en Donostia, Eibar y Errenteria.

Esta falta de recursos provoca que, según el caso concreto, Euskadi tenga que derivar a otras estructuras ajenas al ente público vasco a ciertos pacientes, ya sea por petición propia del afectado o de su familia o por indicación del profesional sanitario. En el último año, tres pacientes guipuzcoanas, todas chicas, han sido derivadas a otros centros fuera de la Comunidad Autónoma Vasca alegando una «mala evolución» de los casos y la «falta de recursos intensivos» en la propia Osakidetza. Dos de ellas, de 17 y 21 años, han sido conducidas al complejo Hospitalario de Ciudad Real, mientras que la más joven, de apenas 16 años y cuyo caso sacó a la luz el pasado mes de enero este periódico, ha tenido que continuar su tratamiento en el complejo Hospitalario Universitario de Albacete, donde continúa ingresada.

José Julián y Marijo, padres de Nagore, diagnosticada con una anorexia nerviosa que empeoró con la pandemia, relataban en estas mismas páginas la decisión de trasladarse hasta el municipio castellanomanchego, a 700 kilómetros de su residencia, ante la falta de una unidad específica para el tratamiento de trastornos alimentarios en Osakidetza.

A raíz de la petición que varias familias llevan tiempo reclamando, el pasado 2 de junio el Parlamento Vasco instaba al Ejecutivo autonómico a «reforzar y adecuar» los recursos destinados a los trastornos alimenticios, en una iniciativa que la Cámara aprobaba por unanimidad. Así las cosas, los parlamentarios pedían al Departamento de Salud que en la nueva estrategia de salud mental se incluyan «aquellos servicios, prestaciones y recursos que se consideren necesarios» para la atención de las personas con TCA y que «se creen, adecuen y refuercen los recursos específicos de los programas y servicios de atención» de Osakidetza para este tipo de trastornos, además de que se establezcan «protocolos de derivación específicos para las personas con TCA de gravedad y complejidad elevadas, siempre que el equipo médico especializado en TCA así lo considere, a recursos de otras comunidades autónomas».

La enmienda transaccional, que lleva la firma de todos los grupos parlamentarios, partía de una iniciativa de la coalición PP+Cs, en la que se solicitaba al Gobierno Vasco a la creación de una unidad específica para estas enfermedades mentales graves. Una petición que, finalmente, quedaba fuera del pacto alcanzado por el Parlamento Vasco.