El RACVN llevará ante la Justicia las zonas de bajas emisiones de Donostia, Irun y Bilbao

El RACVN entiende que la parcelación del tráfico según el tipo de vehículo representa una «discriminación» entre ciudadanos, ya que «no todo el mundo puede permitirse disponer de un vehículo nuevo, híbrido o eléctrico», los que más facilidades de circulación tendrán.

Al mismo tiempo considera que, en el caso de las dos ciudades guipuzcoanas obligadas a implantarla, la creación de una ZBE permanente y extensa es «innecesaria», dado que los niveles de polución en los centros de ambas localidades no son elevados, según las mediciones de calidad del aire que se realizan de forma constante.

Ante las propuestas conocidas hasta ahora en Donostia e Irun, que siguen la tendencia general de considerar ZBE los centros de las ciudades en sentido amplio, el director general y vicepresidente del club, Eduardo Martínez, aboga por seguir ejemplos que, a su entender, son «más lógicos» y «menos agresivos para con los conductores».

Cita en este sentido el caso de Pamplona, donde desde el 1 de enero de 2023 la ZBE se limita a su Casco Antiguo, coincidiendo con lo que hasta entonces era ya una zona de acceso controlado. «En San Sebastián se podría seguir el ejemplo y establecer como ZBE la Parte Vieja, que ya hoy es un área con circulación restringida. Con eso ya se cumpliría con la normativa, sin necesidad de llevar las restricciones hasta la plaza Centenario», alega.

Otra opción que Martínez ve «razonable» es la de Valencia, donde las restricciones entrarán en vigor solo en los momentos en que las mediciones de calidad del aire sobrepasen unos baremos determinados. Para ello el Ayuntamiento de la ciudad levantina desplegará medidores fijos y móviles. Estos últimos podrán instalarse en los autobuses públicos, por ejemplo, para saber en qué momentos y puntos exactos se superan los valores establecidos. La capital del Turia, además, no circunscribe la ZBE al centro, sino que la extiende a casi toda la ciudad, de modo que todos los barrios tendrán alguna ZBE. De este modo, las restricciones se aplicarán 'a la carta', solo cuando y donde los niveles de polución lo aconsejen.

Respecto a Gipuzkoa, el responsable del RACVN recuerda que mientras no se aprueben las ordenanzas que regularán estas áreas «no se puede anticipar nada», pero admite que con el proyecto definitivo ya aprobado en el caso de San Sebastián –donde la ZBE entrará en vigor el 1 de enero–, y con lo que se ha anunciado en Irun, donde el proceso va con más retraso y la ZBE está aún en fase de diagnóstico, «todo apunta a que seguirán una línea similar a la de Bilbao», cuya zona de restricción al tráfico lleva dos meses activa.

En este caso, el RACVN ya ha iniciado los trámites para impugnar la ordenanza bilbaína. Sus servicios jurídicos están en estos momentos a la espera de recibir «el expediente completo del Ayuntamiento» y, una vez recibido y analizado, la intención es formalizar el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) «en septiembre».

Martínez explica que el recurso se basará en los argumentos ya indicados: la «discriminación hacia las familias que tienen rentas más bajas y no se pueden comprar coches nuevos o electrificados», y la «desproporcionalidad de la norma», al entender que «se está adoptando una restricción de naturaleza medioambiental en una zona en la que no existe ese problema, según los datos de calidad del aire. Estamos poniendo la venda antes de que se produzca la herida, y en ese camino hay personas que salen perjudicadas y discriminadas», insiste.

El dirigente del RACVN recuerda que «si la Justicia ya declaró inconstitucional el estado de alarma durante la pandemia de Covid, no es descabellado pensar que puede decretar la ilegalidad de estas ordenanzas, que limitan el derecho a la movilidad de determinadas personas donde no hay problemas medioambientales».

Sea cual fuere la literalidad de las ordenanzas de Donostia e Irun, o los argumentos jurídicos a los que se acabe apelando, Martínez remarca que el RACVN «impugnará todo aquello que veamos injusto y tenga viabilidad jurídica», dentro de su misión de «defender los derechos de los conductores». A este respecto, recalca que lo hará «siempre desde el espíritu dialogante, constructivo y tendente a buscar soluciones beneficiosas para el conjunto», aunque con la «firmeza necesaria cuando, como en estos casos, entendamos que son medidas injustas, discriminatorias y desproporcionadas».

El portavoz del colectivo automovilista recalca que, además de estos aspectos, las ZBE «perjudican al comercio de proximidad que las instituciones dicen defender tanto, ya que si una persona no puede acceder al centro en coche, irá a comprar a las grandes superficies». Y apunta que «parece injusto que se siga cobrando el mismo Impuesto de Circulación a un vehículo que solo puede circular por una parte de la localidad».

Como alternativa a las ZBE y las restricciones a la movilidad que representan, Martínez aboga por «motivar e incentivar» la renovación del parque de vehículos.