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Eneko Goia, alcalde de San Sebastián, ha mostrado esta mañana su «sorpresa» por la decisión del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) de recurrir las zonas de bajas emisiones (ZBE) de la capital guipuzcoana y también de Irun ... si las ordenanzas anunciadas por ambos ayuntamientos son finalmente aprobadas al considerarlas «discriminatorias».
El máximo mandatario de la ciudad donostiarra ha precisado que «todavía no tenemos ninguna ordenanza en marcha, está en proceso» y ha expresado que «si a la RACVN le parece discriminatoria la ley debería ir en contra de la ley y no en contra del Ayuntamiento», explicando que «nosotros no tramitamos y aceptamos una ordenanza porque se nos haya ocurrido. Lo hacemos porque hay una ley que nos obliga a poner en marcha esa ordenanza».
Por eso mismo, Eneko Goia ha pedido al Real Automóvil Club Vasco Navarro que si la zona de bajas emisiones les parece discriminatoria «vayan contra la ley y no contra los ayuntamientos que tratan de hacerla cumplir».
El RACVN considera que en el caso de Irun y San Sebastián es «innecesaria» la aplicación de la ordenanza de la zona de bajas emisiones debido a que los niveles de polución en el centro de ambas localidades son elevados, según las mediciones de calidad del aire que se realizan de forma constante. Además, entiende que la parcelación del tráfico según el tipo de vehículo representa una «discriminación» entre ciudadanos, ya que «no todo el mundo puede permitirse disponer de un vehículo nuevo, híbrido o eléctrico», vehículos que sí van a tener una mayor facilidad de acceso al centro.
Eneko Goia ha transmitido que «entiendo la actitud del RACVN y siempre la he entendido, pero no podemos perder la perspectiva: el Real Club Vasco Navarro tiene intereses en este tema, vende seguros de coches, y evidentemente cuanto más coches mejor para ellos, pero ese no es el camino que llevamos las ciudades en la actualidad», ha apuntado.
Sin embargo, sí ha encontrado un punto de encuentro en una de las protestas del RACVN, la que considera «discriminatoria» la zona de bajas emisiones porque «no todo el mundo puede permitirse disponer de un vehículo nuevo, híbrido o eléctrico». Eneko Goia ha considerado que «la ordenanza está en tramitación, no se ha aceptado todavía de forma definitiva, y en la propuesta que hicimos entendimos que hay que hacerla por fases y que hay que tener en cuenta una de las realidades que también menciona el RACVN, que es que unas personas tienen dificultades para cambiar de vehiculo».
Para ello, ha indicado que en la segunda fase de la ZBE, la que entra en vigor a partir del 2028 y la que refleja que los vehículos con la etiqueta ambiental 'B' tampoco podrán acceder a la zona de bajas emisiones y solo lo harán los que tengan las etiquetas 'C', 'ECO' y '0', «se respetará la evolución de la renovación del parque de vehículos». Al final de 2023 la flota de vehículos con la etiqueta 'B' representaba el 30,28% de todo el parque.
El responsable del RACVN. Eduardo Martínez, ha recordado que mientras no se aprueben las ordenanzas que regularán estas áreas de la zona de bajas emisiones «no se puede anticipar nada», pero admite que con el proyecto definitivo ya aprobado en el caso de San Sebastián, donde la ZBE entrará en vigor el próximo 1 de enero, en cuatro meses y medio, y con lo que se ha anunciado en Irun, «todo apunta a que seguirán una línea similar a la de Bilbao», donde la zona de restricción al tráfico lleva dos meses activa.
En la capital vizcaína el RACVN ya ha iniciado los trámites para impugnar la ordenanza bilbaína. Sus servicios jurídicos están en estos momentos a la espera de recibir «el expediente completo del Ayuntamiento» y, una vez recibido y analizado, la intención es formalizar el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) «en septiembre».
Martínez ha explicado que el recurso se basará en los argumentos ya indicados: la «discriminación hacia las familias que tienen rentas más bajas y no se pueden comprar coches nuevos o electrificados», y la «desproporcionalidad de la norma», al entender que «se está adoptando una restricción de naturaleza medioambiental en una zona en la que no existe ese problema, según los datos de calidad del aire. Estamos poniendo la venda antes de que se produzca la herida, y en ese camino hay personas que salen perjudicadas y discriminadas».
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