Ratifican el castigo de 430.000 euros a los padres de los menores de Gipuzkoa que quemaron un chalet en Huesca

Los hechos tuvieron lugar la noche del 17 de abril de 2022, cuando los cuatro chicos accedieron a la vivienda por una puerta trasera, aprovechando que el propietario, un notario de Zaragoza, no se encontraba en el interior. Los cuatro menores, junto a otros nueve mayores de edad, estarían implicados en el allanamiento de al menos otras tres casas de la localidad, en las que se colaban para hacer botellón: beber «bebidas alcohólicas y fumar sustancias estupefacientes», según concluyó la investigación de la Guardia Civil.

En esta ocasión, se valieron de una piedra para romper la puerta de la bodega. Una vez en el interior, abrieron varias botellas de vino. Bebieron, brindaron y fumaron, según inmortalizaron en un vídeo que se grabaron. Luego pasaron al salón, donde se les ocurrió echar alcohol en un vaso de cristal y darle fuego a ver qué pasaba. La «violenta llamarada» les sobresaltó, e intentaron sofocarla con agua del grifo. En la operación, derramaron el combustible por la mesa. Trataron entonces de sofocar el fuego con un edredón, y el remedio empeoró aún más la situación. El fuego cogió tal virulencia, que los chavales optaron por salir corriendo mientras las llamas arrasaron la vivienda, que se vino abajo.

Los cuatro menores fueron condenados por un delito de allanamiento de morada y otro de daños por imprudencia grave. Según la responsabilidad atribuida a cada uno en los hechos, el juez impuso a J. G. N. y J. R. M. doce meses de libertad vigilada; a X. E. I., doce meses de asistencia a un centro de día supervisado; y a J. L. G., seis meses de tareas socioeducativas. Y a sus padres hizo cargo de la responsabilidad civil, cifrada en los 555.563 euros en que se presupuestó la reconstrucción del chalet, a los que descontó los 126.795 euros con los que la aseguradora RGA indemnizó a su dueño. Las familias recurrieron la cuantía.

En su recurso, los padres trataron de rebajar su responsabilidad civil. Y los magistrados, según recoge 'Heraldo de Aragón', recuerdan en su resolución que, de acuerdo a la ley, corresponde a los padres acreditar que «obraron con la debida diligencia en su deber de vigilancia, educación y formación integral» de sus respectivos hijos. Y para valorar si las familias fueron diligentes, la Audiencia de Huesca analiza los informes emitidos por los técnicos que examinaron a cada uno de los menores encausados. En el caso de J. G. N., le fueron detectadas conductas disruptivas «respecto de las cuales no ha existido una previa actuación». En cuanto a J. R. M., se aprecia absentismo escolar y una conducta «sobreprotectora, sin marcarle límites» por parte de la madre. Sobre X. E. I., recuerda que aparte de esta causa judicial se vio implicado en otra por robo con fuerza y una tercera por violencia doméstica. Por estos motivos, el tribunal concluye que no cabe revisar la responsabilidad civil.

De J. L. G., en cambio, el tribunal habla de una «familia estructurada», con «estilo educativo asertivo, trayectoria educativa adecuada, con ocio bien estructurado y buenos referentes en el ámbito de sus relaciones». Por ello, limita al 50% la responsabilidad civil a afrontar por los padres.

De este modo, los tutores de los cuatro jóvenes deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria con 428.767 euros al propietario del chalet, aunque el fallo -contra el que no cabe recurso ordinario- matiza que a la familia del cuarto 'solo' se le podría exigir un máximo de 214.383 euros.

El fallo, además, considera justo el importe a indemnizar, al actualizar el valor de mercado de un chalet comprado en 320.000 euros, y descartar también un posible enriquecimiento ilícito por parte del dueño. Así, entiende que «el valor que mejor recoge el principio de restitución integral es el de reconstrucción», aun en el caso de que «en la reparación del daño se mejore el estado del bien dañado, por cuanto el perjudicado no hubiese procedido a reparar si no hubiese tenido lugar el siniestro» causado por los incendiarios.