La jueza imputa un delito de homicidio imprudente a los 3 responsables del vertedero de Zaldibar

Según las fuentes consultadas por este diario, el motivo de que se les impute un delito de homicidio imprudente responde, en términos generales, a que los tres formaban parte de la cúpula de la empresa. Y los tres tuvieron «capacidad» para decretar la paralización de la actividad del vertedero. Según los mismos medios, la clave del asunto se centra en las grietas que aparecieron en la escombrera del barrio de Eitzaga días antes de registrarse el colapso, que sepultó el 6 de febrero a dos trabajadores y provocó el mayor desastre medioambiental ocurrido en Euskadi.

En base a los testimonios y a las pruebas recogidas durante estos meses de investigación, la Ertzaintza sostiene que los imputados tenían supuestamente conocimiento de la gravedad de lo que estaba pasando en el vertedero y pudieron hacer algo más por evitar el desastre. De hecho, tal y como desveló este diario poco después del accidente, el propio Joaquín Beltrán, uno de los trabajadores que siguen desaparecidos, había alertado de la aparición de grandes fisuras en las bancadas construidas para acumular los residuos días antes del colapso. Estaba muy preocupado por lo que pudiera ocurrir y sabía que algo no iba bien en la instalación. Los operarios también confesaron que se podían «escuchar ruidos» procedentes del suelo. La empresa trató de tranquilizarles y encargó un estudio topográfico externo. Los técnicos acudieron el mismo miércoles, un día antes del derrumbe, a analizar las brechas, y colocaron sensores. Pero los residuos siguieron entrando hasta que el vertedero colapsó y enterró al propio Joaquín y a Alberto Sololuze.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, encargado de controlar el funcionamiento de estas instalaciones, también puso en conocimiento de la Fiscalía este hecho semanas después del colapso, cuando la empresa le remitió un informe sobre lo ocurrido. Para el Ejecutivo autonómico, fue especialmente grave que la propietaria fuera conocedora de la existencia de grietas días antes del derrumbe y que, pese a ello, no paralizara la actividad. Siguió recepcionando camiones de desechos y no alertó de las anomalías, cuando el permiso que le permitía funcionar le obligaba expresamente a comunicar cualquier incidencia.

En este contexto, los tres detenidos llegaron al juzgado sobre las 10 de la mañana de ayer, directamente desde la comisaría de la Ertzaintza de Eibar. Ninguno de ellos quiso prestar declaración en dependencias policiales mientras estuvieron custodiados. Y ayer, asistidos por sus abogados, también se acogieron a su derecho a no declarar en sede judicial.

A pesar de ello, la sesión se prolongó hasta bien entrada la tarde. Una de las principales incógnitas que planeaba sobre la vista era saber si alguna de las acusaciones iba a pedir el ingreso en prisión preventiva de los detenidos. Pero no lo hicieron ni el fiscal ni las otras dos acusaciones, representadas por los letrados de las familias de Joaquín Beltrán y de Alberto Sololuze, los dos trabajadores que quedaron sepultados por toneladas de escombros en el derrumbe del vertedero hace casi seis meses. Y, en principio, un juez no puede dictaminar el ingreso en prisión preventiva de una persona si no existe una petición expresa de alguna de las partes. La Fiscalía consideró que, en este caso, era suficiente con dejar a los investigados en libertad provisional.

Ni los imputados ni los abogados personados en la causa quisieron hacer declaraciones al término de la sesión, marcada por una gran expectación mediática. Sobre todo, después de que la jueza y la Ertzaintza se viesen envueltos en una polémica en relación a quién tenía la responsabilidad de haber ordenado las detenciones de los altos cargos de Verter Recycling. De hecho, algunos de los arrestados salieron corriendo del juzgado. Las penalistas Estefanía Rojo y Uxue Pilar, del despacho Rojo Abogados, fueron las únicas que se detuvieron unos segundos ante los periodistas que esperaban en la puerta del juzgado, a los que comunicaron que los detenidos habían sido puestos en libertad.