Declaran nula una OPE de la Diputación por exigir euskera en el 94% de las plazas

Según recoge el fallo, al que ha tenido acceso este periódico, el llamado índice de obligado cumplimiento que establece que un 65% de las plazas públicas deben ser para personas con nivel de euskera «no puede trasladarse a las bases de la convocatoria de acceso al punto de sacrificar» el derecho a acceder al empleo público «a quienes no acrediten el conocimiento lingüístico requerido». Señala el tribunal que «lo que no puede hacer la Administración Pública es trasladar el mencionado objetivo a una convocatoria asignando al 94% de las plazas convocadas un determinado perfil lingüístico en euskera para así alcanzar o aproximarse al índice».

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Insiste el TSJPV en que la Diputación tiene «la facultad y el deber» de organizar su personal «para propiciar el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos de relacionarse» con la Administración en euskera, si bien esa obligación «no puede trasladarse a todos los aspirantes al empleo público, con la consecuencia de limitar el derecho de aquellos a acceder en condiciones de igualdad a las plazas convocadas». Por ello declara la nulidad de la convocatoria.

La sentencia puede ser recurrida y la Diputación de Gipuzkoa ya anunciado que lo hará. En un comunicado, la directora de Igualdad Lingüística, Garbiñe Mendizabal, se ha comprometido a defender «con absoluta firmeza» que el servicio que recibe tanto la ciudadanía como las personas usuarias de Uliazpi se realice respetando «su propia opción lingüística». Mendizabal afirma que exigir a una persona empleada pública «el conocimiento de las dos lenguas oficiales» de la Comunidad no es, «en absoluto, discriminatorio». «Las y los euskaldunes tenemos todo el derecho a poder relacionarnos en euskera con todos y todas las servidoras públicas», concluye.

El sindicato LAB también ha criticado esta decisión del Alto tribunal vasco, la cual califica como «una nueva agresión grave que pretende obstaculizar la normalización del uso del euskera en la administración pública». «De nuevo, los derechos fundamentales de los vascos serán pisoteados. Es decir, los euskaldunes seremos aún más discriminados», denuncia. A su juicio, en este caso concreto «la naturaleza de los puestos de trabajo que se pretenden cubrir con estas oposiciones agrava la magnitud de la agresión. El perfil de euskera es imprescindible para respetar los derechos lingüísticos de las personas atendidas y familiares».