Uno de cada cuatro inquilinos de VPO tiene dificultades para pagar la renta

La concesión de una vivienda protegida no es siempre sinónimo de una nueva etapa de bolsillos más holgados y menos apreturas económicas en el seno familiar. Para uno de cada cuatro adjudicatarios de un piso de alquiler, los problemas para hacer frente a la renta, aunque sea considerablemente menor a la del mercado libre, siguen suponiendo un quebradero de cabeza. Y en Gipuzkoa, con los niveles de renta más altos de Euskadi, esa dificultad para abonar de forma puntual el alquiler es ligeramente superior al resto de territorios.

El cambio en el perfil de los solicitantes de vivienda en Etxebide -65.027 a fin del primer trimestre-, «marcadamente social» y con un nivel de ingresos un 37% menor a los que presentaban hace una década, ha elevado la demanda de VPO en este régimen y ha incrementado los casos de esta preocupante realidad: la de quienes ni siquiera pueden evitar llegar ahogados a fin de mes pese a ser beneficiarios de un alquiler protegido, donde las rentas se sitúan entre los 150 euros y los 525 según tipo de VPO, ingresos y dimensión del piso. Entre 2014 y 2017, casi el 22% de los residentes de un piso público manifestaron problemas para abonar mensualmente la renta, casi nueve puntos más que en los años precedentes. Y de ese porcentaje, la mayoría se referían a viviendas de alquiler, no de compra, modalidad a la que ese colectivo afectado por el desempleo, la inestabilidad o la precariedad laboral ni siquiera se plantea optar.

La radiografía de las personas adjudicatarias de vivienda protegida realizada por el Observatorio Vasco de la Vivienda, y plasmada en su última evaluación sobre el nivel de satisfacción de los beneficiarios, deja patente la existencia de ese núcleo cada vez mayor de ciudadanos acorralados en una situación económica tan precaria que precisan no de uno, sino de varios salvavidas públicos.

El informe asume que para la gran mayoría, para el 80% de los adjudicatarios, obtener un piso de VPO supone un respiro que resuelve sus necesidades a una década vista, especialmente si es de compra y si, como ha ocurrido en casi el 40% de los casos, los residentes ya son propietarios plenos del inmueble al hacerse con el derecho de superficie del mismo. Una posibilidad ofertada hasta ahora por el Gobierno Vasco en algunas promociones y que es anhelada por una cuarta parte de los adjudicatarios de vivienda protegida, y por casi la mitad de los inquilinos de alquileres públicos, sobre todo por los que residen en ellas desde antes de 2013. Ese grupo consideraría «interesante o muy interesante» que se les brindara la opción de poder comprar su vivienda.

Pero las condiciones económicas que tienen los nuevos inquilinos no les permiten, en muchos casos, contemplar esa posibilidad. El estudio constata que detrás de esa dificultad para afrontar el pago de la vivienda, un 29,2% de los residentes de alquiler precisa además para hacerlo de algún tipo de subvención económica para abonar las rentas mensuales. Esa proporción de ciudadanos que requiere de un apoyo extra para cubrir esta necesidad básica, la de habitar una vivienda digna, es más elevada en Bizkaia que en Gipuzkoa y, en línea con la tendencia constatada entre los nuevos beneficiarios del alquiler protegido, también ese volumen de personas se ha incrementado en los últimos años.

En 2017, de hecho, el número de adjudicatarios que cobraban ayudas «asociadas al pago de la vivienda», como las AES, era cuatro veces mayor que entre 2008 y 2010. Y aunque el alquiler es, en este momento, el régimen en el que se concentran las situaciones más precarias y que requieren más ayuda de las Administraciones públicas, si se abre la panoramica a toda la vivienda protegida, la fotografía revela que en un 15% de los casos los adjudicatarios de pisos públicos -sean del tipo que sean- precisan de un aporte económico suplementario para cumplir con los pagos correspondientes, vinculados a sus ingresos y muy inferiores a los que se manejan en el mercado libre. En Gipuzkoa, ese porcentaje se sitúa en el 11,2%.

«En el último período», el que abarca los últimos cuatro años, las personas adjudicatarias «soportan una situación laboral y económica más precaria», que inevitablemente se asocia al régimen de alquiler, constata el informe. Y es que, recuerda el Observatorio de la Vivienda, el cambio del sistema de adjudicación en dicho régimen, donde prima la baremación, otorga mayor puntuación cuanta más dificultad económica presente un solicitante, siempre que se parta de unos ingresos mínimos ponderados de 3.000 euros al año.

Esta modificación, sumada a la imposibilidad tras la crisis de que muchas familias accedieran a una hipoteca y a los precios de una vivienda pública en régimen de compra, ha engrosado las peticiones, y la lista de espera en Etxebide para un piso de alquiler. Y también ha conllevado que cada vez más inquilinos se encuadren en un perfil con más dificultades económicas y menos ingresos con los que hacer frente a las rentas.

Para la mayoría de inquilinos, no obstante, la obtención de un piso supone «mayor independencia económica». A cerca del 70% de guipuzcoanos le permite destinar parte de sus ingresos a otros ámbitos familiares y les da «mayor independencia económica y tranquilidad ante el futuro», y para un tercio mejora además la conciliación de su vida familiar y laboral.

Pese a las dificultades u objeciones que se plantean al sistema público, el grueso de los beneficiarios está conforme con los procesos de adjudicación, los considera transparentes y valora de manera positiva el proceso de tramitación desde que reciben la buena noticia de que podrán acceder a una vivienda hasta que tienen las llaves en la mano.

La encuesta sobre «la satisfacción» de los adjudicatarios pregunta también sobre la dirección que debería llevar la política de vivienda en el futuro ejercida por el Gobierno Vasco y los ayuntamientos. La nota a las instituciones ha mejorado en los últimos años, y entre el 32% y el 36% de consultados aprueba su gestión como «bastante buena». Una de las razones puede deberse a que la mayoría de adjudicatarios comparte la actual política de vivienda destinada a la promoción e impulso del alquiler, y respalda el reconocimiento por ley del derecho subjetivo. El 70% está «bastante o totalmente de acuerdo» en que la construcción de vivienda protegida debe ser en régimen de alquiler. Y en sintonía con la evolución desde 2014, ese porcentaje aumenta en los últimos años en paralelo al incremento de la demanda, y lo hace especialmente en Gipuzkoa.

Los adjudicatarios también se muestran conformes con el aumento de las «revisiones periódicas de las condiciones del alquiler» para asegurar la función social de la vivienda. Aceptan la progresión entre el precio de las rentas y los ingresos de los inquilinos. Y aplauden casi de forma unánime las «inspecciones» destinadas a detectar irregularidades en el uso de las VPO.