La Justicia europea abre la puerta a la llegada de los VTC para competir con el taxi en Gipuzkoa

El pronunciamiento, referido al caso de Barcelona tras una denuncia de una empresa filial de Cabify, tendrá repercusiones futuras en toda España, donde esta cuota viene establecida desde 2018 por la normativa estatal. En concreto, por un real decreto-ley conocido como el 'decreto Ábalos' por el entonces ministro de Fomento. Es de esperar que, aunque por ahora el fallo se circunscribe al caso particular de la ciudad condal, como ataca un aspecto clave de la legislación básica estatal, con el tiempo el Gobierno central se verá obligado a suprimir o modificar esta limitación con su consiguiente efecto en cadena en el conjunto de comunidades autónomas, provincias y ciudades. Entre ellas Gipuzkoa, donde la concesión de licencias VTC recae en la Diputación, aunque la normativa aplicable sea autonómica y estatal.

En todo caso, no será pronto. Lo que ahora ha hecho el tribunal europeo es responder a una cuestión prejudicial emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el encargado de juzgar la demanda de Prestige and Limousine (la filial de Cabify) contra la normativa barcelonesa. Ahora queda que los magistrados catalanes dicten sentencia en ese proceso, donde lo previsible es que sigan los dictados del Tribunal de Luxemburgo y declaren ilegal la relación 1x30 aunque, como es el caso, la norma de Barcelona cumpla con los criterios de la legislación estatal, que ahora queda en entredicho.

A partir de esa sentencia –de hecho es probable que ya desde ayer mismo al darse a conocer el pronunciamiento comunitario– se sucederán los recursos y demandas contra las regulaciones que aplican ese porcentaje. Entre ellas la vigente en Euskadi.

Se abre así cada vez más la puerta a la llegada en el futuro de los vehículos de transporte con conductor a Gipuzkoa para competir directamente con el taxi.

No obstante, tampoco está todo dicho. En su resolución, el Tribunal de Luxemburgo deja igualmente abierta otra puerta a que las instituciones puedan seguir restringiendo la concesión de licencias VTC, aunque no de forma tan estricta. Aclaran los jueces comunitarios que las administraciones competentes «podrán exigir una licencia adicional a la prevista a nivel nacional» –como sucede en Barcelona– si se considera «necesaria para la buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y la protección del medio ambiente». Ahora bien, también subrayan que esta licencia adicional «debe basarse en criterios objetivos» para evitar arbitrariedades.

A este punto se aferró ayer el sector del taxi de Barcelona para asegurar que «en el Área Metropolitana no va a entrar ni una VTC más». Otra cosa bien distinta es en los lugares donde no hay saturación de vehículos o donde los VTC no compiten con los taxis, como en Gipuzkoa. «El fallo del tribunal comunitario abre la puerta a la invasión de VTCs fuera del área metropolitana de Barcelona», advirtieron representantes del sector en una rueda de prensa convocada en la capital catalana tras conocerse la decisión del Tribunal de Justicia europeo.

Ante esta posibilidad, la asociación profesional del taxi de Barcelona, Élite Taxi, llamó ayer a todos los taxistas de Catalunya a secundar mañana una «gran movilización» para exigir que se limite la concesión de licencias VTC fuera del área metropolitana de Barcelona.

Bien distinta fue la reacción de las patronales Feneval VTC y Unauto-VTC, que celebraron la decisión del Tribunal de Luxemburgo. Anticiparon que el pronunciamiento «pondrá en cuestión» las restricciones impuestas al sector en otras regiones.

Ambas asociaciones juzgaron que estas limitaciones provocan una «gran escasez de alternativas de transporte» en las ciudades, frente a otros países europeos donde no existen restricciones y donde la oferta de movilidad por cada 1.000 habitantes es superior, como por ejemplo en Londres, donde hay 10,1 taxis y VTC por cada 1.000 ciudadanos; en Amsterdam de 8,5; en Lisboa de 5,7; o París de 5,5; en contraste con los 3,5 de Barcelona.

Feneval señaló que el fallo judicial «demuestra que la regulación de algunas regiones españolas es contraria al Derecho Español y Europeo, y nos coloca a la cola de muchos países en materia de movilidad y sostenibilidad». Por su parte, Unauto anticipó que tras este pronunciamiento «el regulador español deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, y no en base a los intereses de la minoría más radical del taxi».