Washington niega haber desafiado a la Justicia con las deportaciones de venezolanos

«Uy, demasiado tarde», publicó en X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un emoticono llorando de la risa, que fue retuiteado por el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio. Los abogados del Gobierno argumentan que la orden emitida por el juez en respuesta a la demanda de American Civil Liberty Union (ACLU) no afectaba a esos vuelos.

El director de los servicios migratorios, Tom Homan, aseguró que los aviones, «llenos de terroristas», se encontraban ya sobrevolando aguas internacionales cuando llegó la orden y hacerlos regresar «hubiera constituido una amenaza significativa para la seguridad pública». Según una investigación del diario 'The Washington Post', uno de ellos todavía no había despegado de Harlingen (Texas), aunque el Ejecutivo discuta los tiempos de la notificación. El juez consideró que quienes estaban en peligro de sufrir un daño irrevocable eran los inmigrantes a bordo, por lo que dio órdenes de que fueran devueltos a territorio estadounidense.

«No me importa lo que piensen los jueces», dijo Homan a 'Fox & Friends'. El Gobierno sostiene que entre los 261 inmigrantes deportados había 137 miembros de bandas callejeras denominadas por Trump «grupos terroristas», como el infame Tren de Aragua. Sin embargo, entre los expulsados el mes pasado directamente a Venezuela con escala en Honduras no había ninguno con antecedentes de pertenecer a esas pandillas, y solo uno tenía una orden de detención internacional por un delito cometido en Perú, contó entonces el ministro de Interior y Justicia del país caribeño, Diosdado Cabello.

El Gobierno de Bukele no hace preguntas. El vídeo que ha distribuido sobre la llegada de los presos muestra cómo se les obliga a arrodillarse mientras les rapan la cabeza y los visten a todos por igual en una prisión de máxima seguridad sobre la que pesan numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, el Centro de Confinamiento Terrorista (CECOT).

El presidente salvadoreño se ha mostrado dispuesto a aceptar incluso a ciudadanos estadounidenses a cambio de «una cantidad pequeña para EE UU», que ayudará a mantener su costoso sistema de prisiones, cuyo presupuesto se estima en 200 millones de dólares al año. Con ello, El Salvador se convierte en el nuevo Guantánamo estadounidense, una laguna legal a la que no llega la Justicia norteamericana. Durante el mandato de Bukele el país se ha convertido en el de mayor tasa de encarcelamiento del mundo, lo que sobrepasa con mucho la capacidad de sus cárceles, que tienen un nivel de ocupación del 162,8%.