Las defensas se alinean para pedir la nulidad del 'caso de Miguel'

Los abogados de los tres principales implicados en el caso De Miguel dejaron ayer claro que su objetivo es evitar la apertura del juicio oral. La defensa de Alfredo de Miguel, antiguo 'número dos' del PNV en Álava y del Gobierno foral de Xabier Agirre hasta su detención en marzo de 2010 por un escándalo de corrupción, reclamó la nulidad de toda la instrucción e investigación por considerar que la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza se «extralimitó» con la incautación «indiscriminada» e «ilegal» de pruebas durante los registros que se realizaron antes de su detención. Un argumento que secundaron los representantes legales de Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exmiembros del Araba Buru Batzar (ABB) que dirigía Iñaki Gerenabarrena, así como de sus mujeres (Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu y Araceli Bajo).

En total, frente al tribunal que preside el juez Jaime Tapia se sentaron 26 encausados que en su mayoría fueron cargos, militantes y 'fontaneros' de la formación jeltzale. La Fiscalía solicita para todos ellos más de 450 años de cárcel por formar parte de una supuesta red creada para conseguir contratos públicos de manera irregular y recibir a cambio comisiones. De Miguel, a quien todos llaman 'Txitxo', se enfrenta a una petición de cárcel de 54 años por liderar esta trama desde el departamento foral de Administración Local. Ayer, sin embargo, se mostró visiblemente tranquilo y no dudó en fundirse en largos abrazos con algunos de los encausados a las puertas de la sala de enjuiciamiento.

Gonzalo Susaeta, abogado del antiguo diputado foral, alegó que durante la fase de instrucción -que dirigió el juez Roberto Ramos- se vulneraron «derechos fundamentales» como la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas. Quejas que el letrado ya adujo en una fase previa y sobre las que vuelve a insistir. Y es que la Ertzain-tza se hizo con equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento (discos duros portátiles, CD, DVD y memorias extraíbles) de los acusados sin que -según Susaeta- esto se incluyese de manera explícita en las respectivas órdenes de registro, así que se hizo sin «mandamiento, ni habilitación expresa del juzgado». «Los agentes realizaron una ocupación generalizada», subrayó.

Pero la defensa de 'Txitxo' también puso en cuestión uno de los elementos clave de todo el proceso: la grabadora aportada por Ainhoa Alberdi cuatro meses antes de la actuación policial y donde supuestamente acumuló conversaciones con diferentes cargos que en cierta medida evidenciaban el pago de mordidas a Kataia Consulting, sociedad 'fantasma' administrada por la hermana de De Miguel, Aintzane. Este fue el primer hilo del que tiró la Policía autonómica para descubrir este complejo entramado y que se ha traducido en los 21.000 folios de sumario. «De un sitio u otro tenemos que sacar lo que nos corresponde. Es así. Si no lo tenemos jodido», se le oye en una de las pistas a Aitor Tellería, el exconcejal de Vitoria que ayer llegó al Palacio de Justicia apoyándose en un bastón.

El objetivo es que las 24 grabaciones no se puedan utilizar en este proceso por un problema en la cadena de custodia y en su registro como prueba en el centenar de sesiones que se celebrarán en los próximos meses. El abogado Julián Sánchez Alegría, expresidente de los parques tecnológicos de Euskadi, se sumó a esta hipótesis y llegó a asegurar que las pistas de audio fueron «manipuladas». «Es una prueba claramente contaminada», aseguró Susaeta.

Consciente de las dudas que genera la grabadora, el fiscal jefe de Álava Josu Izaguirre -a quien Ainhoa Alberdi remitió su denuncia- previamente solicitó que en el juicio testifique un ertzaina que dé explicaciones sobre la cadena de custodia.

Dejarlo para el final

El tribunal compuesto por Jaime Tapia, Elena Cabero -ponente- y Raúl Aztiria tendrá que decidir en las próximas jornadas sobre la reiterada petición de que De Miguel y los otros 25 enjuiciados declaren al final del proceso. El objetivo argumentado para alterar el orden habitual de los juicios es que las 150 personas llamadas a declarar -entre testigos y peritos- no se vean influenciados por el testimonio de los acusados, una fórmula que se ha empleado en una de las fórmulas del caso Gürtel y en el juicio a la denominada 'Manada' por una violación en los Sanfermines de 2016.

Lo cierto es que en la práctica esto supondría demorar a «junio o incluso septiembre» -según medios judiciales- la declaración de los principales implicados en esta trama de corrupción, cuando el foco de atención mediática sobre el caso haya menguado.