Espionaje con escenario vasco

El caso de espionaje que casi hace saltar por los aires la legislatura ha puesto de actualidad una práctica habitual en los gobiernos, los ejércitos, las policías o las empresas. En Euskadi contamos con antecedentes conocidos. Baste recordar las escuchas telefónicas realizadas por la Ertzaintza al exlehendakari Carlos Garaikoetxea en 1986, una especie de 'Watergate' vasco que al contrario del estadounidense no acabó con la carrera política de ningún alto cargo del Gobierno autónomo.

El espionaje fue realizado en el verano de aquel año, en plena escisión del PNV, cuando Garaikotxea estaba a punto de fundar Eusko Alkartasuna. En ese momento el consejero de Interior era Luis María Retolaza, cuya trayectoria al frente de este departamento se inició en el primer Ejecutivo autónomo con Garaikoetxea y continuó luego en el Gobierno de Ardanza. En la crisis del PNV estuvo al lado de la dirección jeltzale, dada su afinidad con Xabier Arzalluz, frente al exlehendakari Garaikoetxea.

Retolaza resultó absuelto de las acusaciones de haber dirigido la vigilancia. Sí fueron condenados dos agentes, al tiempo que se inhabilitó a un funcionario de Interior. Aquellos hechos provocaron una enorme trifulca política. Retolaza, una vez libre de cargos, reaccionó con un durísimo ataque a Carlos Garaikoetxea a quien acusó, sin citarle, de «satisfacer su ego» sin reparar en «el daño que pueda producir sea a un pueblo, a una causa o a unas honorables y sencillas personas».

Otro caso sonado de espionaje en Euskadi fue el que estalló el 31 de marzo de 1998 en la sede de HB situada en la calle Ramiro de Maeztu, en Vitoria. Ese día técnicos de Telefónica que trabajaban en el cambio de la centralita descubrieron que unos cables derivaban hacia el piso de arriba, una vivienda que había sido comprada por el Cesid.

Los dirigentes de HB acudieron al juzgado y denunciaron la intervención de sus comunicaciones. El resultado fue que el exdirector del Cesid, Emilio Alonso Manglano, tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Vitoria. El teniente general ya no estaba al frente de los servicios de inteligencia, pero las escuchas se realizaron en la época en la que ocupaba el cargo. Manglano había dimitido en 1995 tras conocerse que el Cesid había espiado a políticos, periodistas y empresarios, un escándalo que provocó también la renuncia del ministro de Defensa, Julián García Vargas y del vicepresidente, Narcís Serra.

En abril de 2003, el tribunal condenó a Manglano y a su sucesor, Javier Calderón, a tres años de prisión y a otros ocho de inhabilitación por interceptación ilegal de comunicaciones. También fueron condenados dos agentes del Cesid. La Audiencia Provincial de Álava estableció como hechos probados que el Cesid alquiló una vivienda situada encima de la sede de HB en Vitoria y luego la compró. Desde ella, según el fallo judicial, «se realizaban escuchas telefónicas de conversaciones que efectuaban personas que habitualmente estaban» en esa sede, al menos durante tres años. También afirmaba que el Centro Superior de Informaciones de la Defensa tenía otro piso alquilado frente a la sede de HB, desde el que se filmaba y fotografiaba a quienes entraban en ella.

La sentencia fue recurrida, con el resultado de que el Supremo anuló las condenas de Manglano, Calderón y la de un agente del Cesid, manteniendo la de un guardia civil adscrito al servicio de inteligencia. La Audiencia de Alava consideró que al ser el Cesid una organización militar, muy jerarquizada, los máximos responsables debían estar al corriente de la labor de sus subordinados. Por contra, el Supremo estableció que esta conclusión era una conjetura no demostrada en el juicio.

Si bien el espionaje se encuentra a la orden del día en el mundo de la política, su presencia en el escenario industrial no es menor. Como ejemplo autóctono, el caso más mediático hasta ahora ha sido el que protagonizó el ingeniero vizcaíno José Ignacio López de Arriortúa, a quien se le llegó a denominar 'Superlópez' por su éxito en el sector de la automoción. Gracias a su pericia en la implantación de mejoras en la cadena de proveedores logró que General Motors (GM) pasara de perder dinero a ganarlo.

Esa fase de su curriculum fue brillante, pero se truncó en 1993 cuando tras una serie de desencuentros decidió abandonar GM y fichar por Volkswagen, llevándose con él a siete ejecutivos. No fue un traslado pacífico. La marca estadounidense acusó a López de Arriortúa de espionaje por haberse llevado documentación de GM, entre ella los planos para montar una fábrica de coches en Amorebieta, su localidad natal, el gran sueño de su vida.

GM llevó a VW a los tribunales por espionaje industrial, aunque finalmente el conflicto se resolvió mediante un pacto extrajudicial entre ambas compañías. El acuerdo contemplaba que GM retiraba las demandas a cambio de que VW se comprometiera a comprar al grupo norteamericano piezas por valor de 1.000 millones de dólares durante siete años. Además, VW pagó 100 millones a GM.

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