El fiscal pide penas que llevarían a prisión a una decena de excargos vinculados al PNV

El magistrado Jaime Tapia, presidente del tribunal del caso De Miguel ya lo dejó caer a mediados de septiembre: «Desde hace quince años quienes nos movemos en el mundo de la Justicia sabemos que los escritos de las acusaciones normalmente, y para que la gente lo entienda, están inflados». Esta afirmación le granjeó numerosas críticas al juez, pero ayer se confirmó que no le faltaba razón. Los fiscales del caso De Miguel, Iosu Izaguirre y Manuel Pedreira, hicieron público su escrito de conclusiones definitivas, en el que realizan un detallado relato de los hechos que, a su entender, han quedado probados durante la vista, y establece las penas que solicita para todos los procesados en esta macrocausa, el mayor sumario por corrupción abierto en el País Vasco.

Para todos los procesados, un total de 26, reclaman penas sustancialmente inferiores en comparación con su escrito de calificación provisional, que presentaron en marzo de 2016. En la mayoría, la reducción es superior a la mitad de la condena inicial, incluida la petición de absolución para seis de los encausados.

El Ministerio Público mantiene, no obstante, para el grueso de los procesados penas que implicarían su ingreso en prisión. En su mayoría, son excargos vinculados al PNV de Álava, que según el relato de los fiscales, a partir de 2005 participaron -con diferente grado de implicación- en una presunta trama corrupta de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Y señala directamente a los tres principales acusados: Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Tras más de 10 meses de vista oral y casi 9 años después del inicio de las investigaciones, los fiscales dan por probado que entre los tres idearon a partir de 2005 la «creación de un entramado societario y personal» para, «aprovechándose de las relaciones políticas y administrativas» que mantenían debido a su condición de altos cargos del PNV, obtener un «ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

Por todo ellos, para el presunto cabecilla, el exburukide del PNV Alfredo de Miguel, reclama 29 años y 9 meses de prisión -su primera petición fue de 54 años- como presunto autor de una veintena de delitos -ya sea como autor o inductor-, como blanqueo de capitales, coacciones, prevaricación y cohecho pasivo. Además, reclama para el ex diputado foral de Administración Local el pago de una multa cercana a 1,2 millones de euros. Si finalmente el tribunal le declara culpable, debería cumplir 12 años de reclusión efectiva, puesto que sólo se puede permanecer en la cárcel el triple de años de la pena individual máxima solicitada. En este caso, 4 años por cohecho pasivo.

Para los otros dos supuestos líderes de la trama, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, el Ministerio público reclama la misma pena de cárcel, 13 años, así como el pago de una sanción de 600.000 euros por haber cometido una decena de delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo de capitales, coacciones, cohecho pasivo y prevaricación. Para ambos, al final de la fase de instrucción y antes de la vista oral, el fiscal pedía 32 años de reclusión.

Otros de los procesados con vínculos con el partido jeltzale que podrían acabar en la cárcel son Xabier Sánchez Robles, el exdirector de Juventud durante el Gobierno del lehendakari Ibarretxe, que gestionó varios contratos irregulares firmados entre el Ejecutivo autónomo y las empresas con las que operaba De Miguel. Para él piden 8 años. El administrador de una de esas firmas, Errexal, era el exconcejal de Leioa del PNV Iñaki San Juan, que se enfrenta a 7 años de cárcel. Mientras Josu Montes, responsable de Ortzi Muga -otra de las firmas del entramado- y que fue consejero del teatro Arriaga a propuesta de los jeltzales podría ser condenado a 6 años de cárcel.

Seis años también podría cumplir además, si el tribunal hace suyas las tesis del fiscal, el titular del grupo Loizate, el constructor Jon Iñaki Echaburu, habitual contratista de instituciones dirigidas por el PNV. Asimismo, Alfonso Arriola, gerente del parque tecnológico de Miñano (5 años y 9 meses) y la exdirectora de este complejo Miren Bilbao (4 años) durante la etapa del lehendakari Ibarretxe en Ajuria Enea también cumplirían condena.

El Ministerio Público también mantiene petición de cárcel para las parejas de los tres principales acusados -Ainhoa Bilbao Lasa, Araceli Bajo López e Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez-. En concreto, solicita penas que suman 5 años de prisión y multas por 350.000 euros para cada una por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Según los fiscales, las tres «colaboraron consciente y activamente» en la constitución de las sociedades mercantiles y en la gestión del dinero logrado gracias a comisiones ilegales.