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Veinticuatro horas después de la inauguración de la exposición de arte del preso etarra Jon Bienzobas, los gobiernos central y vasco se sumaron este martes a la reclamación de las víctimas de ETA y del PP y pidieron al Ayuntamiento de Galdakao ... su clausura. El Ejecutivo vasco, primero, reclamó al consistorio, gobernado desde el pasado mes de mayo por EH Bildu, Podemos e independientes, que sea «sensible» y atienda la petición de las víctimas de cancelar la muestra. Josu Erkoreka criticó la actitud de los responsables municipales por ceder el uso de un recinto público para exhibir los trabajos del recluso. El portavoz del Ejecutivo vasco se refirió a la «cobertura pública» que se está dando a un terrorista condenado a 266 años por asesinar al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomas y Valiente, en febrero de 1996, y a un hombre en Getxo en 1999.
Erkoreka matizó que la exposición 'Desde la ventana de mi celda' que se abrió el lunes en la Casa de Cultura de Galdakao para exponer pinturas y esculturas del preso de ETA, no es una actividad que esté prohibida por la ley, pero subrayó que su cancelación es «un imperativo ético y humano vinculado con la sensibilidad que demandan las víctimas».
Adujo que no se trata de poner en cuestión el derecho a la expresión artística de una persona condenada por ese motivo, sino de cuestionar «la cobertura pública a una actividad de esta naturaleza en un momento en el que desde las instituciones públicas estamos propugnando una lectura crítica del pasado». A su juicio, dicha lectura es incompatible con la «trivialización, banalización y relativización del daño injusto causado en el pasado por la actividad terrorista».
Josu Erkoreka. Portavoz del Gobierno Vasco
Jesús Loz. Delegado del Gobierno en Euskadi
Josu Erkoreka. Portavoz del Gobierno Vasco
Gorka Urtaran. Presidente de Eudel
El alcalde de Vitoria y presidente de Eudel defendió que la muestra es «totalmente legal», «no va contra nadie» y que, por tanto, «no se puede prohibir». El jeltzale Gorka Urtaran matizó que se debería recordar, por respeto a las víctimas, que el autor «ha sido un terrorista, ha vulnerado derechos humanos y ha matado».
El delegado del Gobierno en Euskadi se sumó a la reclamación de clausura «por respeto a la memoria de las víctimas». A través de Twitter, Jesús Loza pidió la suspensión de la exposición «por el compromiso que hemos adquirido en profundizar en la deslegitimación ética, social y política del terrorismo». La también socialista Idoia Mendia consideró «una vergüenza» la muestra y afirmó que «no debería permitirse que a un terrorista se le faciliten medios para hacer exposiciones».
Este martes, también, se conoció que la Audiencia Nacional había desestimado la petición del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, de cancelar la muestra. En el auto, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 deniega la solicitud de Covite y esgrime que ni de la información aportada por el colectivo de víctimas ni del informe encargado a la Ertzaintza se desprende que el acto haya sido promovido por una organización ilegal ni que la misma exposición «vaya a constituir un acto de humillación y desprecio a las víctimas».
Tras conocer la decisión, Covite presentó un recurso de reforma para que se revoque la desestimación y se prohíba la exposición que tiene prevista su apertura hasta el próximo día 18. El colectivo que preside Consuelo Ordóñez expone que la única finalidad del Ayuntamiento de Galdakao es «burlarse del Estado de derecho y de las víctimas del terrorismo, jactarse del pasado criminal de Bienzobas y de su impunidad».
El PP vasco fue el primero en pedir el cierre, ante la «indignidad» de esta muestra «aberrante». Lo hizo el lunes a las puertas del centro cultural con una exposición alternativa sobre «la verdadera obra de Bienzobas». Denunció que se intente «blanquear a asesinos en serie que jamás tuvieron piedad con sus víctimas».
En su defensa, el consistorio de Galdakao declinó hacer nuevas valoraciones sobre la exposición y se reafirmó en una declaración difundida hace varios días en la que aseguró que «en ningún caso tiene que ver con su contenido» y que su cometido se limita a la disposición del espacio y la custodia de la exposición, «para cualquiera que lo solicite».
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