José Antonio Martín Pallín: «Con la libertad de los presos catalanes se habría distendido la situación»

-¿Cómo valora la figura del relator?

-Si tiene la función de ser testigo de conversaciones entre partidos políticos tampoco hay que darle mayor importancia. Lo que ocurre es que se ha transmitido de una forma totalmente distinta y parece que algunos han querido decir que había un observador internacional entre España y Cataluña, lo cual tiene una dimensión diferentes.

-¿Es necesaria?

-Personalmente no sé qué podría aportar al margen de la conversación, que siempre es necesaria.

-¿Se trata más de una figura de carácter político que legal?

-Efectivamente, no tiene ningún reconocimiento legal. En el lenguaje de Naciones Unidas es la persona que se encarga de visitar un país y al cabo de unos meses de estancia hace un informe sobre la situación. En España ha habido un relator acerca de la aplicación de la ley de la Memoria Histórica.

-¿Le han convencido las explicaciones del Gobierno?

-No era el momento de lanzar esa idea y como era lógico se ha tergiversado. No nos lleva a ningún lado, pero la derecha en España es incapaz de comprender el problema catalán. La medida no tiene más alcance que pretender que una persona dé fe de alguna manera del contenido de las conversaciones.

-Desde el PP se ha hablado de «alta traición» por parte del presidente Sánchez, una cuestión que se recoge en el artículo 102 de la Constitución. En este caso, ¿se ajustan los hechos?

-Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan. El lenguaje que está utilizando la derecha de «alta traición», «cobardía», «humillación a España», me parece un lenguaje trasnochado e impropio de unos políticos serios. En ningún país de Europa se le ocurriría tachar de nada a De Gaulle por su política en Argelia o a Inglaterra respecto al IRA.

-¿Como juez, cómo ve el inminente juicio al procés catalán?

-El proceso de la independencia fue anunciado pública y parlamentariamente. El propio Tribunal Constitucional hablaba de una hoja de ruta cuando anuló la 'ley de referéndum' y la 'ley de transitoriedad hacia la república'. Estamos ante una actividad netamente política que choca con la Constitución. El derecho de autodeterminación hoy día adaptado a las pautas de los entes supranacionales no autoriza referéndums unilaterales, pero sí los consensuados, como en Escocia y Canadá.

-¿Cree que hay delito de rebelión o de sedición?

-En absoluto. Es un proceso político que fue anulado sucesivamente. Las votaciones del 9 de noviembre de 2015 y la del 1 de octubre de 2017 lo único para lo que valían fue para saber que hay dos millones de catalanes partidarios de la independencia. Cualquier jurista sabe que las leyes solo entran en vigor cuando se publican en el Boletín Oficial del Estado y la declaración de independencia (DUI) nunca se publicó en el Boletín Oficial de la Generalitat.

-Su colega Joaquín Giménez apuntaba posibles salidas intermedias, por ejemplo un delito de conspiración para la rebelión, con penas menos graves.

-Discrepo de él porque las conspiraciones para las rebeliones es algo que se lleva en secreto. Nadie anuncia que se va a rebelar y, en este caso, como reconoce el Tribunal Constitucional, hay una hoja de ruta.

-Dirigentes como el president Torra han afirmado que solo aceptarán una sentencia absolutoria.

-De momento, ya ha aceptado dos sentencias condenatorias, las de Artur Mas y Francesc Homs por desobediencia.

-El tribunal del procés ha dejado fuera a observadores internacionales. ¿Cómo lo valora?

-El tema del observador internacional tiene cierta justificación en casos de regímenes autoritarios o dictaduras, por ejemplo. Aquí no lo tendría y más teniendo en cuenta que se va a televisar.

-¿En qué plazo se podría conocer la sentencia?

-Por mi experiencia, en un juicio de esta naturaleza, esos cálculos que se hacen para finales de abril me parecen optimistas. Hay que contar con aspectos como la traducción, el número de testigos o el volumen de documentos. Además, va a haber una carga política que puede estallar de forma no deseable como la acusación popular de Vox.

-Hay personas en la cárcel por un delito y otras en el exilio con libertad de movimientos. ¿Cómo se puede justificar jurídicamente?

-Creo que hay unanimidad entre los juristas sobre que, con la ley española sobre la mano, la prisión no cabe. En cuanto al riesgo de fuga, a un acusado no se le puede endosar el comportamiento de sus cómplices o las personas que han participado con él. Es una traslación inadmisible cuando está en juego el valor superior de la libertad. Sobre la reiteración se aduce que si salen van a seguir predicando el independentismo. Faltaría más. Si una democracia no es capaz de tolerar eso, es una democracia muy débil

-¿Qué futuro le augura al expresidente Puigdemont?

-Es evidente que está descolocado. En Cataluña están pasando cosas, se está dando un pugilato entre Esquerra y la antigua Convergencia para ver quién se queda con la hegemonía y ha surgido la CUP que va a condicionar la política catalana.

-Durante este tiempo, el PP y Ciudadanos han insistido en volver a aplicar el artículo 155.

-Se aplicó por el Gobierno de Mariano Rajoy para convocar elecciones y ya sabemos el resultado. Pretender sustituir con el 155 la administración de la sanidad, de la educación, etcétera... es vaciar de contenido a la autonomía y, a mí modo de ver, inconstitucional.

-Una vez que termine el proceso, ¿se podrá recomponer la sociedad catalana?

-Me temo que no. Sea cual sea el resultado del procés, el mal ya está hecho. Se habría distendido mucho la situación si se hubiera acordado la libertad de los presos. Después va a haber un espectáculo nada deseable y muy poco favorecedor de la imagen de la democracia española que va a ser la conducción de los presos de la cárcel al tribunal, no se sabe si irán esposados o no. Esto va a dificultar la comunicación con los abogados. Se han metido en un terreno peligrosísimo que lleva aparejado que el Tribunal de Estrasburgo diga que se ha incumplido el Convenio.