De Miguel ingresa en prisión tras agotar todos los recursos legales a su alcance

Con esta entrada en la cárcel de Zaballa, ubicada a unos quince kilómetros de Vitoria, culmina un enrevesado proceso policial y judicial de casi catorce años conocido como 'caso De Miguel'. Aparte de una complejísima investigación, han hecho falta dos sentencias –de la Audiencia Provincial de Álava y del Tribunal Supremo– con cientos de recursos de por medio.

Aparte del ex número 2 del PNV alavés hay otros trece condenados de los que sólo tres también acabarán entre rejas. La práctica totalidad está vinculado al PNV. En este sentido, la Audiencia Provincial de Álava, que les condenó en diciembre de 2019, consideró probado que De Miguel se «aprovechó de su posición en la Diputación de Álava y en el PNV» para enriquecerse de manera ilícita.

De Miguel ha agotado todos los recursos legales posibles para demorar su encarcelamiento. Tiene pendiente una solicitud de indulto, cursada al Gobierno central. Pero lo cierto es que, desde que el Supremo ratificó su condición de corrupto en enero, siempre se ha topado con la negativa de la magistrada de la Audiencia Provincial de Álava Elena Cabero, la firmante del primer fallo contra este grupo dominado por la codicia.

Se une de esta manera a su compañero Xabier Sánchez Robles. El exdirector de Juventud del Gobierno vasco fue el único que aceptó su resolución penal sin rechistar. Lleva entre rejas desde mayo para un global de 7 años y un mes. El excontable del Parque Tecnológico de Miñano Koldo Ochandiano –condena global de 7 años y medio– entró ayer, miércoles, por la tarde en prisión. Queda pendiente el exburukide Aitor Tellería –5 años y un mes– el siguiente en completar este proceso iniciado hace casi catorce años por la denuncia de la abogada vizcaína Ainhoa Alberdi, tras ser conminada a abonar una comisión ilegal.

Esta fotografía se produce siete meses después de que el Tribunal Supremo confirmara las principales condenas impuestas por la Audiencia de Álava. Desde entonces, De Miguel –castigado con un global de 12 años y 4 meses, aunque la pena real es de 9 años–, Ochandiano y Tellería han tratado de sortear su encarcelamiento. En este tiempo, el principal cabecilla de este entramado y Ochandiano acapararon portadas por permanecer en sus puestos de trabajo, ambos en empresas públicas vascas; la fundación Hazi y el Parque Tecnológico de Álava. La demora en sus despidos le costó numerosas críticas al PNV.

La resolución del Supremo supuso la cuenta atrás definitiva. Porque el alto Tribunal avaló el grueso del fallo emitido en diciembre de 2019 por los jueces Jaime Tapia (ahora asesor del Gobierno vasco en materia penitenciaria), Elena Cabero (autora de la sentencia ) y Raúl Aztiria tras la instrucción del magistrado Roberto Ramos y el trabajo de los fiscales Josu Izaguirre y Manu Pedreira.

Una vez analizados los recursos de las defensas, la Sala de lo Penal del Supremo corroboró que los tres principales acusados se prevalieron de «su posición política» en la ejecutiva del Araba buru batzar (ABB) para organizar una red en la que se adjudicaban contratos en organismos públicos -entre ellos, el Parque Tecnológico de Miñano, el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y varios ayuntamientos alaveses- a cambio de comisiones ilegales. Para encubrir esos cobros, constituyeron, a través de testaferros como sus propias esposas, varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. El ponente de este dictamen de 344 páginas fue el mediático juez Pablo Llarena.

El único espaldarazo a las defensas fue que el tribunal sí asume que se produjo una «inasumible paralización» de un año en la fase intermedia, pero alegó que no fue un tiempo «radicalmente descomedido» si se tiene en cuenta la complejidad del caso, máxime por «el esfuerzo de ocultación de la responsabilidad» que desplegaron los acusados.