De Miguel sólo admite que un constructor le pagó la obra de su casa en Górliz

«Ni me ofrecieron, ni yo he solicitado ningún tipo de comisión», ha repetido 'Txitxo', como todos conocen a quien fuese 'número dos' del PNV alavés y diputado foral de Administración Local hasta su detención en marzo de 2010. Para él, todo aquello que se está juzgando en el Palacio de Justicia de Vitoria en el denominado 'caso De Miguel' es «totalmente plano».

Sólo ha admitido que el constructor Prudencio Hierro le pagó la reforma de su casa en Górliz. «Coincido con él, me pregunta quién me está haciendo la reforma y afirma que le vendría bien registrar una factura para un proyecto que tenía en Júndiz (un polígono de Vitoria). Visto todo esto -en referencia al 'macroproceso'- me doy cuenta que no lo tenía que haber hecho y me lié, que nos ha llevado al sinsentido de ahora. Yo le iba pagando la parte correspondiente a la obra, incluso que me anticipaba a que él lo pagara», ha afirmado Alfredo de Miguel, quien no ha sido capaz si, de esta manera, consiguió ahorrarse el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Como sucedió en la sesión del lunes, el antiguo burukide sólo está respondiendo a las preguntas de su abogado, Gonzalo Susaeta. Ni contestará al fiscal ni al resto de las defensas, por lo que la sesión se está ciñendo a unas respuestas que incluso parecen ensayadas sin que nadie pueda rebatirlas o interrumpir. Su objetivo es echar por tierra la denuncia (grabaciones incluidas) de la abogada urbanista Ainhoa Alberdi, la investigación de la Ertzaintza, los cerca de cuatro años de instrucción judicial realizada por el magistrado Roberto Ramos, el texto de acusación del fiscal Josu Izaguirre y el testimonio de los 170 testigos que han participado en este 'macroproceso'. «Una cosa son las sospechas y las elucubraciones y otra muy diferente, los hechos», ha lanzado el letrado de 'Txitxo'.

En todo momento, se presenta a De Miguel como un emprendedor que buscó suerte en el sector de la auditoría energética y las renovables, que fracasó por los impagos y se lió con operaciones financieras (préstamos e hipotecas) entre las diversas sociedades que fundó, además de un político sin ninguna clase de poder de influencia ni siquiera sobre los directores de la cartera foral que él dirigía. Es más, Susaeta ha asegurado que para su cliente «el mundo terminó en marzo de 2010», cuando la Ertzaintza procedió a su detención.

Su declaración claramente ha intentado respaldar al resto de imputados. Ninguna mala palabra en un «interrogatorio amable», como lo ha descrito el propio juez Jaime Tapia. Una estrategia que en el Palacio de Justicia ya se interpreta como una clara invitación para que den marcha atrás aquellos que sí han alcanzado a un acuerdo con la Fiscalía para acreditar que formaron parte de una «trama organizada y criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas», como afirmó Izaguirre.