Urkullu informó a Rajoy de la inminente desaparición de ETA

El contacto entre Urkullu y Rajoy se produjo antes de que el miércoles por la tarde se conociese que el anuncio de ETA sobre su desaparición se hará público en la primera semana de mayo y que será avalado por mediadores internacionales en un acto que tendrá lugar esos mismos días en Baiona. Precisamente, el Grupo Internacional de Contacto de Brian Currin, el Foro Social Permanente y Bake Bidea convocaron ayer una rueda de prensa para este lunes a las cuatro de la tarde en la capital labortana en la que anuncian que se darán «detalles relevantes sobre el proceso de desmovilización de ETA».

En principio, Urkullu no tiene previsto en los próximos días mover nuevamente ficha con Rajoy sobre este asunto. La situación no es la misma que hace un año con el desarme. En aquel entonces, el Gobierno de Urkullu ofreció «cobertura institucional» a ese proceso para que el Ejecutivo de Madrid no obstaculizara policialmente la entrega de armas, que precisaba de un operativo logístico en Francia para reunir los zulos y arsenales antes de ponerlos a disposición de la Policía gala. Finalmente, aunque el Gobierno del PP descalificó la escenificación del desarme, lo dio tácitamente por bueno al pasar página, sobre todo una vez que las autoridades de Francia certificaron su validez.

En el caso de la desaparición de ETA de los próximos días, ahora se trata de una decisión unilateral de la organización ya desarmada, de la que el Gobierno Vasco no participa. Ello no es óbice para que ETA quiera que sea lo suficientemente nítida y rotunda para que reciba el visto bueno de todas las instituciones vascas, como representantes de la sociedad, incluido el Ejecutivo autonómico de Vitoria.

El lehendakari fue preguntado ayer al respecto a la entrada en el pleno del Parlamento Vasco pero declinó hacer declaraciones. «No voy a hacer comentarios. Que digan lo que tengan que decir», zanjó rápidamente. Poco más tarde, el secretario de Memoria y Convivencia del Gobierno Vasco sí compareció en los pasillos de la Cámara. Jonan Fernández pidió a ETA que «deje claro» que desaparece «completamente» para poner fin a una «historia negra y terrible». «Vamos a estar atentos a valorar principalmente la claridad de los términos en los que establece su desaparición, disolución o se le llame como se le quiera llamar», enfatizó.

El representante del Gobierno Vasco remarcó que la disolución de ETA es un hecho «relevante e importante si se confirma» y una «noticia muy positiva que va a tener trascendencia en el presente y en el futuro». No quiso entrar a hacer «especulaciones» sobre «calendarios y escenografías», y apeló a «esperar a que ETA diga lo que tenga que decir». Sin embargo sí subrayó que lo «fundamental» es la «claridad» de los términos tanto con respecto al futuro, pero también indicó que «sería deseable claridad respecto al pasado y el presente» de la banda. Y es que si se confirma esta disolución se pondría fin a 50 años de una «historia negra y terrible», zanjó. La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, siguió una línea parecida a la de sus homólogos de Vitoria y resaltó que la disolución de ETA deberá ser «definitiva, real y unilateral», una «demanda unívoca de la sociedad navarra de hace demasiado tiempo ya».

Bastante más críticos se mostraron desde el Gobierno español. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, insistió en que ETA seguirá sin lograr ningún beneficio. «ETA no consiguió nada por dejar de matar y nada va a conseguir por su declaración de desaparición», puntualizó en el Senado.

El titular del Interior, responsable de la política penitenciaria que se aplica a los presos, marcada por la dispersión, aseguró que «el Gobierno estará siempre al lado de las víctimas y, sobre todo, trabajará por el esclarecimiento de los casos que aún quedan por resolver». «El Gobierno va a defender el relato que realmente ha ocurrido, perseverando la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo», defendió. Zoido recordó que ETA ha sido «derrotada operativa y policialmente» y que no ha conseguido ninguno de sus objetivos por los que «mataron y sembraron el terror en España durante tantos años».

En la misma línea, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que si efectivamente se concreta el anuncio de disolución de ETA será «la mejor demostración de cómo se vence al terrorismo, desde la firmeza del Estado de Derecho, con las armas de la ley y solo con las armas de la ley». Según la vicepresidenta, hace tiempo que la banda armada «fracasó en su proyecto» porque no tiene ningún futuro y «no ha conseguido nada en su tiempo de violencia», ni tampoco lo va a conseguir «después».

Sus palabras no lograron aplacar los recelos de Covite, una de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo. Su presidenta, Consuelo Ordóñez, hermana del asesinado edil del PP donostiarra Gregorio Ordóñez, pidió a Zoido que impida «el teatro» y «la propaganda en la disolución de la banda terrorista ETA y que no ceda las competencias penitenciarias a cambio». Ordóñez hizo esta reclamación al ministro en la reunión que ambos mantuvieron ayer el día después de conocerse las intenciones de la organización. Covite volvió a pedir a Zoido que «disuelva a ETA para impedir el teatro y dar a la sociedad la foto de su derrota».