Venta de los cuarteles de Loiola: cronología de un acuerdo histórico

El PNV consigue arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez el compromiso para la venta de los cuarteles de Loiola cuando el grupo jeltzale cedió sus seis escaños para salvar los Presupuestos Generales del Estado. Sabedor de la debilidad parlamentaria de Sánchez, el PNV incluyó los cuarteles de Loiola en la batería de 85 enmiendas parciales que presentó a las Cuentas de 2021. Y el Gobierno lo asumió: «El Ejecutivo culminará, durante el ejercicio 2021, la enajenación al Ayuntamiento de Donostia de los terrenos que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de Loiola», rezaba el pacto, que se cerró en una negociación relámpago –en siete horas– tras una llamada de Aitor Esteban a la ministra Margarita Robles. Los jeltzales dieron así un golpe de efecto sobre una iniciativa que había acariciado durante años el socialista Odón Elorza, cuando era alcalde de la ciudad, pero que siempre tropezó con la resistencia simbólica y operativa del Ministerio de Defensa. Juan Karlos Izagirre (EH Bildu) y Eneko Goia (PNV) siguieron la misma estela.

Empiezan a surgir las primeras suspicacias. Áncora pide blindar en el Peppuc dos de los edificios de los cuarteles de Loiola «por su valor arquitectónico». Mientras, el Ayuntamiento se reservaba 15 millones de euros para la compra de los cuarteles.

Vox trata de blindar los edificios de los cuarteles militares de Loiola mediante su catalogación como bien cultural. El Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc), aprobado definitivamente en marzo, no contempla protección alguna para estos inmuebles. Vox intenta utilizar la vía de la catalogación de estos edificios como bien cultural, algo que no impediría la salida de los militares del ámbito, pero sí la demolición de los edificios, construidos hace casi un siglo.

Vox recurre el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc) ante el TSJPV. El partido de Santiago Abascal solicita protección para los cuarteles, una maniobra con la que pretende impedir la salida del Ejército de la capital guipuzcoana y que, como efecto secundario, castiga las esperanzas de crecimiento y expansión de la ciudad.

Ajenos a las críticas, Gobierno y Ayuntamiento amplian los plazos para mantener abierta la negociación ante la imposibilidad de cerrar el acuerdo en 2021. Se dan tres meses más para alcanzar un acuerdo.

A punto de agotarse el plazo extra de tres meses, Goia avanza que el acuerdo por los cuarteles de Loiola está a falta de «una última reunión».

Tras meses de negociaciones, la compraventa de los cuarteles de Loiola por parte del Ayuntamiento parece que por fin está cercana. El alcalde donostiarra anuncia que «la perspectiva no es mala y esperamos hacerlo este verano». «Muchas veces el demonio está en los detalles y es lo que ocurre en este caso. Estamos trabajando en ello», precisó entonces el edil para justificar que no se hubiera cerrado el asunto en primavera. La principal razón por la que ambas partes todavía no habían sellado el acuerdo estaba en la letra pequeña. Concretamente en «implicaciones económicas de la operación, sobre los impuestos, y también algunos asuntos jurídicos. No es por el precio. Hay que tener todo bien analizado porque es una cuestión de envergadura y hay que trabajarla bien», añadió entonces.

Varapalo judicial tras casi dos años de negociaciones. La Justicia ordena proteger los cuarteles y tumba la mayor operación urbanística de Donostia. El TSJPV estima parcialmente el recurso presentado en 2021 por Vox a la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc) y ordena incluir los cuarteles de Loiola en el catálogo municipal de patrimonio, decisión que provoca de facto la interrupción de las negociaciones de compraventa del terreno entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Sebastián. La mayor operación urbanística de Donostia, con 1.700 viviendas, queda paralizadas. Se da la circunstancia de que el fallo del tribunal se basa en un informe de 2009 de la Diputación de Gipuzkoa y otro del Gobierno Vasco –gobernados por el PNV–. La sentencia argumenta que los cuarteles «cumplen los criterios sentados en el Peppuc para ser protegidos» y se apoya en sendos informes de Diputación y Gobierno Vasco «a favor de la protección».

Ayuntamiento de Donostia y Ministerio de Defensa presentan sendos recursos de casación ante el Supremo contra el fallo del TSJPV que obliga a incluir los edificios en el Peppuc. Ambas instituciones acuerdan rematas la negociación para la venta de los terrenos al margen del pronunciamiento de los tribunales.

San Sebastián y Defensa alcanzan un acuerdo sobre los cuarteles de Loiola para construir hasta 1.700 viviendas -finalmente serán 1.500-. El Ayuntamiento comprará los terrenos por un precio de 73 millones y el Ministerio tendrá cuatro años para abandonarlos.

El alcalde Eneko Goia anuncia en el debate sobre el Estado de la Ciudad que el Consejo de Ministros dará luz verde el próximo martes 7 de novimebre a la operación, que permitirá crear 1.500 viviendas.

El Consejo de Ministros aprueba la venta de los cuarteles de Loiola al Ayuntamiento de Donostia

El Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa rubrican la compra de los cuarteles de Loiola.