Los denunciantes de la villa de Alonso afirman que es «ilegalizable» y tendrá que ser demolida

Lo tres colectivos señalaron que pese a las interpretaciones realizadas por el Ayuntamiento tras la notificación de la sentencia «queremos recalcar que ese chalet es ilegal». El juez no ha valorado esta cuestión en la sentencia pero ha su juico está claro que «un caserío expropiado en Martutene no se puede 'reconstruir' especulativamente en la mejor zona del litoral, en Igeldo» porque la ley no permite este tipo de operaciones. En su opinión la cuestión de fondo »no es la estética ni el diseño, el impacto paisajístico, la forma de la cubierta, ni la mimetización del entorno« de la villa que ha construido Xabi Alonso sino que »cualquier expropiación pueda ser utilizada para especular y construir un edificio en un lugar a la carta de quien mercadee con dicho título expropiatorio; la Ley del Suelo no se creó con ese fin y se debe cumplir con los criterios de equivalencia y proximidad».

Criticaron que no solo no se ha reconstruido una edificación de tipología rural sino que se construido «una residencia de diseño contemporáneo de alto standing, con su piscina», algo que a su juicio también es ilegal en suelo rural. «El chalet es ilegal e ilegalizable, por lo tanto, solo cabe su derribo de acorde a la legalidad urbanística». Olaberri señaló que la casa se tendrá que derribar, «la cuestión es quién pagará el pato».

Las asociaciones señalaron que el caso incurre en «una lista inacabable de irregularidades: vulneraciones de plazos legales, ubicaciones no reflejadas en la tramitación, informes condicionales inexistentes, no tener acceso propio (preceptivo para construir una edificación residencial), construir ampliamente más de lo que permite la ley, hacer sótano, construir una piscina, autorizaciones municipales 'ad hoc' para sortear los impedimentos sobrevenidos con nuestras denuncias…».

«Lo acontecido es muy grave. En este expediente se han encontrado 'soluciones' para avanzar contra todas las limitaciones encontradas», afirmaron. «No aceptamos tergiversaciones deliberadas para confundir al ciudadano. Esta malograda hazaña no se debe a la autorización de un técnico municipal (sin competencia para ello) para evitar un mayor o menor impacto paisajístico, como se quiere hacer creer ¿Tiene algo que ver con el impacto paisajístico los más de 1000 m2 de residencia construidos en lugar del los cuatrocientos del caserío de origen o autorizar una piscina en suelo rural?», se preguntaron

En su opinión, el caso demuestra que «unos privilegiados promotores han gozado desde el principio de un cheque en blanco, saltándose la ley o retorciéndola a la carta y teniendo más ventajas que cualquier ciudadano que fuere a construir una vivienda por la vía ordinaria. Es vergonzoso e intolerable».

En noviembre de 2022 «denunciamos ante el Ayuntamiento que la ejecución final del chalet no se ajusta a la ubicación de la licencia otorgada. Este aspecto concreto es de vital importancia, porque de ello (de la respuesta municipal que lo compruebe y declare fuera de licencia) depende de que sean los promotores los que íntegramente se hagan cargo de su derribo y restitución o lo tenga que hacer el Ayuntamiento y por extensión todos los ciudadanos».

Exigieron que se «investigue y esclarezca lo ocurrido y se diriman las responsabilidades técnicas y políticas», que se conteste a su denuncia de que el edificio se ha girado «respecto a la licencia emitida» y que se hagan los cambios normativos necesarios para que un caso como este no se vuelva a repetir.