De las llamadas a la ministra a las peticiones de Costas

El Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento donostiarra pactaron traspasar esas parcelas por 73,3 millones de euros, pero el convenio tuvo que dejarse en suspenso el año pasado porque Costas movió ficha cuando esos terrenos fueron desafectados de la Defensa Nacional. Esos suelos fueron clasificados como «reserva urbana» en el Plan General de 1962 y Costas juzgó que su equivalencia hoy era la de suelo urbanizable, una caracterización que lleva aparejada una servidumbre de protección urbanística de 100 metros respecto del río. Esta decisión suponía un jarro de agua fría para la intención de edificar ese volumen de viviendas porque impedía construir nada a menos de 100 metros del Urumea.

Ante esta decisión, Ayuntamiento y Ministerio de Defensa metieron su convenio en el congelador y se pusieron a trabajar para presentar alegaciones que cambiaran el criterio ante Costas. La clave del desbloqueo ha sido demostrar, con documentación de todo tipo, que esos terrenos son suelos urbanos a todos los efectos desde hace casi un siglo, cuando los militares se instalaron allí en 1926.

El alcalde, Eneko Goia, y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, han pedido en varias ocasiones explicaciones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al ver cómo un acuerdo político de esta enjundia se tambaleaba y demoraba de esta forma por una decisión administrativa de un organismo del Gobierno español.

Fuentes municipales indicaron que aunque la presión política no ha cesado en estos meses, la clave de la resolución del caso ha estado en las abundantes pruebas aportadas por los técnicos del Departamento de Urbanismo para demostrar que esos suelos eran urbanos antes de entrar en vigor la Ley 28/1988, de 28 de julio, de Costas y, por tanto, lo que procedía era mantener una servidumbre de protección de 20 metros, como la tuvieron esos suelos mientras estuvieron afectos a la Defensa Nacional. En esta labor, el director de Urbanismo, Jon Chávarri, ha jugado un papel fundamental. «Ha tenido que sudar la camiseta hasta el final», señalan las mismas fuentes.

Además del Ayuntamiento y Defensa, han realizado informes en favor de los intereses municipales la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Agencia Vasca del Agua (URA).

En diciembre Costas redactó ya una resolución provisional que venía a dar la razón al Ayuntamiento, pero esta no ha sido firme hasta esta semana. El colectivo ecologista Eguzki, junto con Mutriku Natur Taldea, alegaron en contra de modificar la decisión inicial de Costas porque «no siendo los terrenos de los cuarteles suelo urbano corresponde fijar la servidumbre correspondiente al suelo urbanizable».

Otro motivo de su alegación es de seguridad, ya que «el ámbito está afectado por inundaciones en periodos de retorno de 500 años». Costas ha desestimado estas alegaciones porque la caracterización de terrenos inundables «es una consideración independiente para la fijación de la anchura de la servidumbre de protección, por lo que una vez se fije esta anchura será la administración competente la que deberá desarrollar esos terrenos teniendo en cuenta las condiciones de inundabilidad y las medidas correctoras que sean exigibles».

En concreto, el desarrollo del proyecto residencial tiene previsto elevar la cota del suelo tres metros mediante rellenos para evitar esta inundabilidad (los costes de urbanización rondarán los 55 millones). El Ayuntamiento ahora anulará mediante un acuerdo de Junta de Gobierno la suspensión del convenio con Defensa, preparará la firma de las escrituras para adquirir formalmente esos suelos, y ya trabaja en los pliegos del concurso de ideas para ordenar el nuevo barrio donostiarra.