6.300 familias se han apuntado a las 514 viviendas de Donostia que Stop Desahucios ha llevado a los tribunales

No hay forma de comprar o alquilar un piso en San Sebastián. La capital guipuzcoana tiene los precios más caros de España (5.378 euros/m2) porque hay poca oferta y mucha demanda. Un total de 9.409 donostiarras están apuntados a las listas de Etxebide para acceder a un piso de protección en la ciudad, una necesidad extensible a Gipuzkoa donde se deberían crear 21.818 nuevos pisos para que las 24.109 personas de entre 18 y 44 años con renta propia puedan emanciparse. Pero las nuevas promociones salen con cuentagotas y encuentran multitud de obstáculos en el camino para hacerse realidad. Esta misma semana se ha conocido que un recurso de Stop Desahucios interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) puede condicionar el futuro de dos proyectos residenciales con 514 nuevas viviendas -Illarra e Igara- a las que aspiran 6.300 familias apuntadas. No es un caso aislado. El mercado del aquiler está igual de tensionado. La renta media de los pisos en la capital guipuzcoana es de 1.065 euros. Si una vivienda se pone en el mercado por menos de 1.000 euros las inmobiliarias reciben cientos de correos interesándosee.

Esta cara de la moneda contrasta con los palos en las ruedas con los que se encuentran las administraciones a la hora de impulsar nuevos proyectos residenciales. En los últimos años no ha habido prácticamente promoción de viviendas que no haya estado envuelta en la polémica en Donostia. Bien sea por recursos ante la justicia, por falta de apoyo político o por la presión vecinal, casi una decena de operaciones han terminado bloqueadas, ralentizadas o sembradas de incertidumbre.

El rechazo vecinal en Altza a la apuesta por construir 3.000 pisos en el ensanche de Auditz Akular ha tenido su continuidad en el tiempo en otros proyectos y podría reactivarse con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tiene previsto rescatar esta idea en el Avance que se anunciará en breve. La transformación del antiguo polígono industrial de Jolastokieta, en Herrera, también mantiene a colectivos vecinales en pie de guerra, pese a que la operación acabaría con la inseguridad que hoy acarrea la ocupación de estos viejos pabellones en desuso y daría lugar a un ámbito totalmente reurbanizado.

La oposición vecinal en Ulia impidió que en los antiguos viveros municipales se lograsen edificar 70 apartamentos para jóvenes.

Las comunidades de vecinos de Riberas de Loiola tienen hoy en el punto de mira los apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores que Ayuntamiento y Gobierno Vasco quieren construir junto a la rotonda que regula el tráfico con Loiola. Los residentes en Añorga Txiki se han enfrentado durante años a la pretensión municipal de construir 248 pisos en la antigua zona industrial proxima a la estación del Topo, y algunos colectivos vecinales de Amara han iniciado ya una batalla contra la pretensión de Ayuntamiento y Gobierno Vasco de construir 400 viviendas protegidas en la actual playa de vías de Easo una vez se soterre la línea de Euskotren.

Ha sido la noticia de la semana en la casa consistorial donostiarra. Dos promociones de 514 viviendas, con una proporción de pisos protegidos entre el 40 y el 50%, están en el aire por un recurso que ha presentado Stop Desahucios ante el TSJPV. Las 262 nuevas viviendas de Illarra y las 252 que está previsto se construyan en la antigua sede de El Diario Vasco (Igara) son operaciones que el Ayuntamiento pensaba poner en marcha este mismo año.

La asociación basa su recurso en que la situación de «emergencia habitacional» que vive la capital guipuzcoana exige una proporción de vivienda protegida superior, del «60-80%».

El alcalde, Eneko Goia, no daba crédito el martes a que se pusieran en riesgo unas operaciones que pretenden poner en el mercado viviendas necesarias para todo tipo de familias. El Ayuntamiento tiene presupuestados 18,7 millones de euros para invertir en estas promociones en los próximos 3 años. Los promotores han expresado al gobierno municipal su intranquilidad ante la eventualidad de que se bloqueen estos expedientes.

En las 2,2 hectáreas de terreno de la antigua fábrica de Zardoya Otis, en Herrera, está previsto una operación urbanística que permitirá la construcción de 380 nuevas viviendas (20% de VPO y 20% tasadas) distribuidas en cinco edificios. La propuesta conlleva asimismo la construcción de dos ascensores públicos y dos grandes plazas, una de ellas de 1.570 metros cuadrados. Se proponen asimismo 4.997 metros cuadrados de locales de equipamiento comunitario para uso de los altzatarras y otros 750 metros cuadrados se destinarán a alojamientos dotacionales para jóvenes y mayores. La operación permitirá poner fin a una situación de inseguridad que el barrio padece de un tiempo a esta parte por la ocupación irregular de los viejos pabellones industriales.

Altza XXI Herri Ekimena, colectivo vecinal surgido hace un cuarto de siglo como oposición a la operación de Auditz Akular, rechaza este desarrollo porque no aporta zonas verdes al barrio, se lleva los espacios libres a Erregenea (Antiguo), y levanta «edificios de 8 plantas como los hoteles de la costa mediterránea».

La actual playa de vías de Euskotren al llegar a la estación de Easo va a desaparecer una vez se soterre la línea del Topo por el centro de San Sebastián. Estos 28.000 m2 de superficie en pleno centro de la ciudad son un reto urbanístico de primer orden. El Ayuntamiento y el Gobierno Vasco llevan años de conversaciones para debatir qué hacer en este ámbito sensible, clave para la movilidad de Donostia. El primer boceto presentado hace dos años apostó por una reordenación que permitiera 'coser' este ámbito a Morlans mediante la construcción de medio millar de viviendas -el Departamento vasco de Vivienda defendió que el 100% de los pisos sean protegidos-, planteó generar un gran espacio verde que uniese el parque de Araba y los jardines Menchu Gal, y esbozó una nueva gran rotonda para la regulación de los tráficos. La propuesta no gustó nada a las asociaciones de vecinos que demandan más equipamientos y menos viviendas.

En concreto, reclaman un centro cívico y una casa de cultura «y no tanto hormigón». Las negociaciones continúan y parece que la apuesta se reducirá a 400 viviendas.

El Pleno del Ayuntamiento del pasado mes tenía previsto aprobar definitivamente el plan especial de Añorga Txiki que permitirá la reurbanización de la antigua zona industrial próxima a la estación del Topo, donde se prevé la construcción de 248 viviendas (92 con algún tipo de protección). El expediente finalmente se tuvo que retirar porque el informe ambiental estratégico había caducado y se deberá tramitar de nuevo ante el Gobierno Vasco, algo que podría retrasar varios meses el inicio de las obras.

La operación residencial ha suscitado desde hace años una fuerte oposición vecinal, que ha mantenido al barrio lleno de pancartas en los balcones contra el desarrollo.

La asociación Añorgatxikitarrak, partidaria de redimensionar a la baja el proyecto, confía en que el actual impás sirva para «recoger las necesidades» del barrio y buscar «soluciones reales a los graves problemas de masificación y movilidad que generará el número tan alto de viviendas a construir», así como para encontrar espacio para los equipamientos sanitarios o culturales que reclaman.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para promover 300 apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores en la ciudad encalló a las primeras de cambio. En este convenio, la administración municipal pone los terrenos y el órgano autonómico se encarga de proyectar, financiar y construir estos edificios de alquiler protegido.

El primer solar que el Ayuntamiento puso a disposición para este objetivo fue una parcela ajardinada de 1.618 m2 en la calle Beroiz de Riberas de Loiola, un terreno adyacente a la rotonda que regula los tráficos entre Riberas y Loiola. El concurso de arquitectura dio como ganador a un proyecto de dos torres bioclimáticas, de 8 y 17 plantas, que puso en pie de guerra al vecindario. La plataforma vecinal surgida para enfrentarse al proyecto pidió que se habilitase antes un ambulatorio que nuevos pisos.

No logró el objetivo de parar la operación, pero sí retrasarla y redimensionarla. Los 120 apartamentos iniciales se quedarán en unos 90 y su altura no rebasará las de los edificios del barrio.

La polémica en torno a la transformación de la parcela de los antiguos viveros municipales de Ulia fue larga y resultó fructífera para el movimiento vecinal que se opuso a los planes consistoriales. El objetivo de aprovechar una parte de este parque de 14.000 m2 para dar lugar a 70 apartamentos para jóvenes movilizó a los vecinos. No lograron que el Ayuntamiento hiciera una consulta popular sobre el proyecto, pero lo pararon en los tribunales al conseguir que el TSJPV tumbara la recalificación por carecer de evaluación de impacto ambiental. No solo eso, también abortaron después la posibilidad de que Sociedad de Ciencias Aranzadi emplazara allí su sede, con el objetivo de que los terrenos se mantuvieran como parque y zona de huertas urbanas.

Auditz Akular es una de las grandes operaciones de vivienda frustradas en San Sebastián. Las 3.000 viviendas previstas en el ensanche de Altza fueron la apuesta de Odón Elorza para reducir las listas de demandantes, pero la crisis económica e inmobiliaria de 2008, la pérdida de la Alcaldía en 2011 y la falta de consenso político posterior orilló este proyecto que siempre encontró una fuerte resistencia en el barrio de Altza.

Paradójicamente, hoy, una década y media después, Auditz Akular sale del ostracismo y vuelve al planeamiento urbanístico municipal. Según ha podido saber DV, el Avance de la Revisión del PGOU incluirá esta operación como una de las posibles opciones que tiene Donostia para dotarse de un importante parque de viviendas protegidas.

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