Los chagosianos reclaman su isla

El archipiélago había sido descubierto por los portugueses, que lo bautizaron como Bassas de Chagas, piadoso homenaje a las heridas o llagas de Jesucristo, pero el imperio colonial francés, que ya se había hecho con las relativamente cercanas islas de Mauricio y Reunión, también asumió la soberanía de aquel diminuto lugar. Sus habitantes, que ya habían recibido sangre india y malaya, apenas percibieron mejoras sustanciales con el traspaso del poder a los ingleses tras el Tratado de París en 1814. Mantuvieron sus costumbres, el trabajo en el campo y su lengua, un criollo de origen galo con múltiples mestizajes. La abolición de la esclavitud, tras dos décadas de mandato británico, tampoco cambió su condición de braceros en latifundios de propietarios absentistas.

La rutina en aquel remoto paraje parecía ajena a un mundo lejano hasta que, en los años sesenta del pasado siglo, los poderes del planeta repararon en su potencial militar. La Guerra Fría y la globalización trastocaron la placidez ancestral y el cuidado de las palmeras. El Pentágono había reparado en la ubicación estratégica de las islas. Chagos constituía un observatorio privilegiado de las grandes rutas de navegación. Desde sus costas se podía controlar el tráfico de petróleo a través del estrecho de Ormuz y de los buques de potencias emergentes como India y China.

No fueron la primera opción. La primera sugerencia para instalar una base estadounidense entre África y Asia, con el apoyo de la metrópoli británica, fue el atolón de Aldabra, en las Seychelles, pero resultó descartada porque su condición de paraíso para varias especies de tortugas podía incentivar las protestas ecologistas. Diego García, la mayor y más meridional de las islas de Chagos, ofrecía también gran potencial como estación aérea y marítima. Su emplazamiento, asimismo, permitía una discreta actividad. Tan sólo había que deshacerse de sus aproximadamente 2.000 pobladores.

El Gobierno londinense desarrolló una sibilina hoja de ruta para deshacerse de ellos. En 1968 concedió la independencia a Mauricio, del que dependía administrativamente el archipiélago, pero, curiosamente, tres años antes lo desgajó e insertó en el BIOT (Territorios Británicos del Océano Índico) una nueva colonia creada ex profeso. En 1966 lo cedió a Estados Unidos en un acuerdo que no fue ratificado por el Parlamento.

Subrepticiamente, comenzó la expulsión de todos los residentes. Primero, impidiendo el retorno a los chagosianos que viajaban al exterior. Después, restringiendo la llegada de alimentos y medicinas. Por último, según testimonios de las víctimas, varios militares extranjeros llegaron a sus poblaciones y amenazaron con bombardear a aquellos que se negaran a hacer el equipaje. Tras la salida de los últimos habitantes en 1973, los animales domésticos fueron sacrificados.

La mayoría de los deportados buscó alojamiento en Mauricio y Reino Unido. Mientras tanto, Diego García se convertía en una de las bases estadounidenses más importantes fuera de su territorio. Rebautizada como Camp Justice y, desde 2006, Thunder Cove, posee una pista de aviación de más de 3,6 kilómetros de longitud y su puerto puede albergar 30 buques. Las instalaciones militares han servido de punta de lanza para las operaciones estadounidenses en Oriente Medio y Afganistán, acoge una estación de satélites espía y, probablemente, ha servido de prisión irregular para presuntos terroristas islámicos.

David no se ha rendido ante Goliat, aunque su empeño no ha conseguido la reversión del proceso. El mayor triunfo de los expulsados fue la concesión de 4 millones de libras que los tribunales adjudicaron al colectivo en 1975 como magra compensación. El electricista Louis Olivier Bancoult tan sólo contaba 4 años cuando su familia hubo de abandonar su hogar en el archipiélago y es el cofundador del Grupo de Refugiados Chagosianos, entidad que ha llevado sus reclamaciones colectivas a varias instancias judiciales. El Tribunal Supremo británico dictaminó a su favor admitiendo la ilegalidad de la evacuación en 2000, pero ocho años después, la Cámara de los Lores falló a favor del Ejecutivo. En los últimos años, el Gobierno de Mauricio ha creado un fondo de asistencia para los desplazados a su territorio, dirigido por Bancoult, y ha tomado la iniciativa en el plano político.

El mundo ha reconocido, siquiera sobre el papel, la violación colectiva de los derechos humanos. El fallo favorable del Tribunal Internacional de La Haya, que urgió el pasado mes de febrero al Reino Unido a finalizar su gobierno sobre los atolones de la discordia, ha constituido la última victoria legal de los nativos. Dos meses después, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la devolución del archipiélago a Mauricio. Tan sólo Australia, Hungría, Israel y Maldivas apoyaron las pretensiones estadounidenses y británicas de mantener el actual 'statu quo'. Hace un par de semanas, el Papa Francisco se sumó a esta demanda popular en un discurso que pronunció durante su estancia en Port Louis, la capital del Estado insular.

Pero el drama prosigue. La política de Washington y la selva tropical siguen actuando al margen de estas victorias pírricas que no cambian la situación de este pueblo desafortunado. Sus iglesias, viviendas y escuelas se desploman tras medio siglo de abandono y tan sólo algunos marinos recalan en el territorio desierto para aprovisionarse de agua dulce. Algunos abogados de los demandantes han sugerido la fórmula del regreso a todas las islas excepto a Diego García y, en cicatera respuesta, la ex 'premier' Theresa May propuso expender permisos de visita a grupos reducidos. Siempre utilizados, explotados y saqueados, los chagosianos envidian la suerte de las frágiles pero protegidas tortugas de Seychelles.